‘Le président malgré lui’, Rafael Jorba, La Vanguardia, 23.06.17

‘Le président malgré lui’

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 23.06.17

Carles Puigdemont es un verso libre. Sus frases disonantes –desde la comparación entre la democracia española y la turca hasta la simetría entre la persistencia en la lucha contra ETA y los ideales soberanistas– se las dicta su conciencia. En el pasado escribió discursos para otros políticos; ahora es él quien los lee como president. Entró en el Palau de la Generalitat por la puerta de ­servicio –a Artur Mas y al proceso– y quiere salir por la puerta grande con el encargo cumplido. Interpreta el papel de Le président malgré lui, parafraseando la célebre obra de Molière. Ya ha dicho que no se presentará a la reelección. Y está dispuesto incluso, según ha comentado a algunos de sus interlocutores, a pasar por la cárcel.

El tiempo apremia. El 12 de julio se cumplirán los 18 meses de su toma de posesión, el plazo fijado en las elecciones plebiscitarias del 27-S del 2015 para llevar a buen puerto el proceso. Puigdemont ya ha anunciado la fecha y la pregunta del referéndum. Es la única concesión que ha hecho: retroceder a la pantalla anterior, es decir, a la del 9-N del 2014. El mandato era otro: la elaboración de un proyecto de Constitución catalana con la participación de la sociedad civil y la puesta en marcha de las estructuras de Estado con las leyes de desconexión. Al ­final de los 18 meses, una vez culminados estos dos procesos, el Parlament debía convocar elecciones constituyentes, aprobar la nueva Constitución y someterla a referéndum. La Asamblea Constituyente, según estableció el propio Parlament, dispondría de plenos poderes: “Ninguna de sus decisiones será susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal”. Una asamblea popular, en suma, no sujeta a la división de poderes.

Ahora, en el mejor de los casos, nos encaminamos hacia un 9-N bis: otra consulta unilateral de independencia que no sólo chocaría con la propia legalidad catalana –la reforma del Estatut y el régimen electoral precisan del voto de los dos tercios del Parlament–, ­sino que carecería de consenso interior, es decir, de su aceptación por parte de las fuerzas políticas catalanas contrarias a la secesión. El consentimiento interno es una de las condiciones sine qua non que ha venido reiterando la Comisión de Venecia en todos los procesos de referéndum en los que ha mediado. La pregunta es la siguiente: ¿vale la pena persistir en una vía que ya produjo notables daños políticos colaterales y que ahora podría dañar el núcleo mismo del autogobierno catalán?

Los políticos, es decir, aquellos que quieren seguir haciendo política tras el 1-O, saben que no. Es el caso de Oriol Junqueras, que en el último año se ha venido presentando ante sus interlocutores políticos, económicos y financieros como el líder capaz de reconducir el proceso. Es el caso también de Marta Pascal y la dirección del PDECat, que pugnan por levantar cabeza frente a la hegemonía de ERC y el núcleo de poder paralelo de Artur Mas. Repito: Puigdemont es un verso libre. Su estrategia tiene el aval de la CUP y de las entidades soberanistas. Es decir, de los sectores situados extramuros de la democracia representativa.

El relato del proceso, Rafael Jorba, La Vanguardia, 9.06.17

El relato del proceso

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 9.06.17

De la anécdota a la categoría. Carles Francino sacó tarjeta roja a TV3 por un spot promocional de la final de la Champions, con la imagen de Sergio Ramos levantando una copa y unos planos de jugadores de la Juve, que ­decía: “Sólo hay once hombres capaces de evitar lo inevitable; once hombres preparados para cambiar el destino y hacer vivir una noche negra al todopoderoso conjunto blanco”. El periodista apuntaba: “Si esto lo hace un diario, una radio, un canal de televisión privados, me parecería igual de nefasto, y de ridículo (…) Sin embargo, TV3 es un medio público, sufragado con los impuestos de los aficionados del Barça, del Madrid, del Espanyol –que son, por este orden, los tres equipos con más seguidores en Catalunya–. Una televisión sufragada con los impuestos de los que votan independencia o no independencia; de mar o de montaña; de ciudad o de pueblo”. ( El Periódico, 2/VI/2017).

El también periodista Toni Soler le replicó con un tuit: “En base a una anécdota estás haciendo la campaña a PP y C’s. Lo siento, pero hoy no estoy contigo. Y te recomiendo que hagas zapping para comparar”. ¿Anécdota o categoría? La pregunta se responde con otras preguntas que Francino dejó en el aire: “¿Es esta la función de un medio público? ¿Es este el clima que necesita el momento actual, el deporte, o lo que no sea deporte?”. Mi respuesta, a partir de la legislación –la ley de la Comunicación Audiovisual de Catalunya– que fija las misiones del servicio público. Transcribo una de ellas: “La promoción activa de la convivencia cívica, el desarrollo plural y democrático de la sociedad, el conocimiento y el respeto a las diferentes opciones y manifestaciones políticas, sociales, lingüísticas, culturales y religiosas presentes en el territorio de Catalunya (…) Es necesario el uso de todos los lenguajes, formatos y discursos que permitan (…) el diálogo, la comprensión y la cohesión entre las diversas opciones, y entre las diversas áreas del territorio”.

Es evidente que el spot en cuestión vulnera la misión de servicio público que fija ­esta ley del Parlament, pero refleja también una cuestión de fondo: el relato responde más al modelo de una televisión nacionalista que al de una televisión nacional, es decir, que refleje la pluralidad de la sociedad catalana. Lo escribí antes de que se pusiera en marcha el proceso ( La mirada del otro. RBA, 2011), y lo reproduzco ahora al pie de la letra para no utilizar un argumentario ad hoc: “No me he cansado de expresar, en público y en privado, mi desacuerdo con una cosmovisión y un universo simbólico, del que es paradigma Televisió de Catalunya, que colonizan transversalmente su programación, desde los informativos hasta la ficción pasando por los deportes, y que impregna también su lenguaje (…) Una televisión pública –y esa reflexión vale también para TVE– debe utilizar un gran angular para proyectar la pluralidad social, cultural, lingüística, territorial, religiosa… de la ciudadanía a la que sirve”.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Si hemos llegado hasta aquí, ha sido gracias al concurso, por activa o por pasiva, de notables sectores de la intelectualidad y de la academia de Catalunya. También de los medios.

De la ley al vacío, Xavier Arbós, La Vanguardia, 4.06.17

De la ley al vacío

XAVIER ARBÓS
LA VANGUARDIA, 4.06.17

De la ley a la ley”: oímos a veces esta expresión en boca de líderes independentistas. Tratan sin duda de inspirar confianza, para convencer a los escépticos de que en el tránsito de la Catalunya autonómica a la Catalunya independiente la seguridad jurídica será preservada. Sin dudar por un instante de su sinceridad, me parece que sugieren algo imposible. La ley de transitoriedad jurídica, o comoquiera que se llame en el momento en que la saquen de su escondite, equivale a un salto al vacío.

La seguridad jurídica es un elemento indispensable para la vida civilizada. Es un valor fundamental que asegura la posibilidad de conocer lo que está permitido y lo que está prohibido, así como el margen de discrecionalidad de que disponen los particulares y las instituciones. De este modo, unos y otras pueden orientar sus comportamientos. En otras palabras, no hay seguridad jurídica si no es posible conocer el derecho aplicable. Tampoco existe si se ignoran los procedimientos que regulan la reforma del derecho vigente en un momento dado. En el primer caso, no sabemos si seremos sancionados por infringir una norma cuya existencia desconocemos o es negada por otra. En el segundo, el futuro resulta imprevisible porque cualquiera, competente o no para hacerlo, puede regular cualquier cosa de cualquier manera.

En la transición unilateral hacia la independencia aparecen, a mi juicio, ambos problemas. Está claro el segundo: la Constitución impide la secesión, pactada o no, por el carácter indivisible de la unidad de España que impone su artículo 2. Si lo que se pretende es llevar a cabo la secesión de modo legal, antes ese precepto debería ser reformado previamente siguiendo los procedimientos previstos en el artículo 168. El Parlament no puede otorgarse a sí mismo un derecho de secesión del que carece, ni hacerlo al margen de cualquier procedimiento establecido con anterioridad y acorde con la Constitución. En cuanto a la incertidumbre que constituye el primero de los problemas, se manifestaría por el conflicto entre normas emanadas de autoridades distintas y enfrentadas tras la declaración unilateral de independencia.

Tenemos apuntes de ello con frecuencia. Así, hay líderes independentistas que recuerdan que, proclamada la República catalana, será obligatorio obedecer sus leyes. Al tiempo, prometen amparo a los funcionarios, diciéndoles que les protegerán frente a quienes quieran obligarles a cumplir con las leyes catalanas y españolas incompatibles con las del nuevo Estado. El dilema para los funcionarios sería evidente: dos autoridades distintas reclaman su obediencia, y no pueden cumplir las órdenes de una sin infringir las disposiciones de la otra. Naturalmente, a ninguna de ellas le importará un comino el criterio de legitimidad del funcionario al que se dirijan. Pretenderán que sea efectiva “su” legalidad, y querrán imponer la sanción correspondiente a los incumplimientos. Y el ejemplo de los funcionarios puede extenderse a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que podría ser que se reclamara el pago de ­impuestos desde dos agencias ­tributarias.

Más allá de los ejemplos, importa recordar un aspecto del derecho al que nos conducen. La garantía última de cualquier sistema jurídico es la capacidad de coerción del Estado del que emanan las normas. Consideremos, de paso y por un momento, el desequilibrio que en este punto existiría entre el Reino de España y la recién nacida República catalana. Pero antes de llegar a este nivel de conflicto, angustioso y de resultado previsible, habría otras situaciones menos dramáticas en las que la falta de seguridad jurídica aparecería como efecto inevitable de la desconexión unilateral. El Parlament pretendería poder legislar al margen y en contra de la Constitución de 1978, al considerarse desvinculado de ella. ¿Qué jueces la aplicarían? La pregunta es pertinente, porque es obvio que no todos los jueces y magistrados que hoy ejercen en Catalunya aplicarían leyes contrarias al orden constitucional del Reino de España. Se produciría entonces una diferenciación entre los jueces que rechazaran la secesión unilateral, por un lado, y, por otro, los jueces dispuestos a aplicar las leyes de la nueva República. La seguridad jurídica en estas condiciones brillaría por su ausencia.

Si se plantea la secesión unilateral, no se puede ir “de la ley a la ley”. El independentismo lleva de la ley española al vacío; un vacío que pretenderá llenar con sus propias leyes, sin que por ello el Estado retire las suyas. Un panorama inquietante.

Desde Sitges, con humor…, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 3.06.17

Desde Sitges, con humor…

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 3.06.17

Hace años que asisto a las jornadas que el Cercle d’Economia organiza en Sitges. Suelo sentarme en la última silla de la cuarta fila, a la izquierda –según se entra– del local donde se celebran las sesiones. Un lugar que sólo se llena en los momentos álgidos, que permite mirar sin apenas ser visto, cuyos otros ocupantes varían, y que hace posible escapar sin que casi nadie lo advierta. Sólo hay otro asiduo: Jordi Alberich, director general del Cercle, con el que suelo “platicar cuando nos da la regalada gana”, por usar una expresión del excanciller mexicano Jorge Castañeda, ponente este año. Dejo al margen, en este relato, lo sustancial del encuentro –las ponencias económicas–, para incidir en las intervenciones de mayor calado político (presidente y vicepresidente de la Generalitat y presidente del Gobierno central), precedidas por sendas presentaciones a cargo del presidente del Cercle, Juan José Brugera. Este centró sin ambages el “problema catalán” apelando a la necesidad de un diálogo transaccional (con recíprocas y sustanciales concesiones), que impida el anunciado “choque de trenes” en que nos hallamos “embarcados”, y nunca mejor dicho. Una tercera vía objeto de descalificación, como todas, por aquellos que, desde ambos bandos, están en orgullosa y vehemente posesión de su respectiva verdad.

El president Puigdemont se muestra como hombre despierto, con coraje, de buen talante y cordial. Independentista desde siempre. Llegó de rebote a la presidencia y se siente de paso. Esto le da una infrecuente libertad. Tiene claro lo que cree que debe hacer y lo hará, caiga quien caiga. Al fin y al cabo, piensa que esta es la misión histórica que le ha tocado en suerte antes de regresar a Girona. En esta línea, vino a Sitges –para él, territorio comanche–, soltó su discurso y se fue, todo en un tono cortés pero sin concesión alguna ni intentar establecer ningún puente con el auditorio. Sólo se le hizo una pregunta. Aplausos tibios y silencio.

El vicepresidente Junqueras es un caso bien distinto. Está en política para quedarse. Quiere ser presidente de la Generalitat y es posible que lo logre. Es listo y la sap llarga. Hizo un correcto discurso de contenido económico y se mantuvo, en lo político, dentro de la más rígida ­ortodoxia inde­pendentista. Pero, pese a ello, resulta evidente su intento de conectar con el auditorio, de establecer alguna complicidad. Puede lograrlo. Tiene algo de eclesiástico, de cura de Valle-Inclán. Es un personaje complejo.

Y, last but not least, llegó el presidente del Gobierno de España. Mariano Rajoy subió al estrado con paso rápido y un fuerte y singular braceo –con los brazos arqueados y separados del cuerpo–, lo que, lejos de la pausada e impostada solemnidad del paseíllo taurino, confiere a sus andares un aire extraño. Inteligente y toreado en mil plazas. Se las sabe todas. Pero no se mueve ni un ápice de su discurso. Vino a hablar de economía, pero no dudó en responder a las consideraciones políticas del presidente del Cercle. Lo hizo, usando más énfasis del habitual, con razones que yo comparto por entero pero que considero absolu­tamente insuficientes. Porque estoy de acuerdo en que no se puede negociar la celebración de un referéndum que los independentistas ya han decidido celebrar “sí o sí”, limitando la negociación a la fecha, texto de la pregunta y demás requisitos; como también lo estoy en que la llamada ley de transitoriedad es, más aun que un golpe de Estado, un desatino. Por tanto, le entiendo bien cuando dice –lo repitió varias veces– que “ni quiero ni puedo”. Cierto, la actual oferta de los independentistas no es una invitación al diálogo sino un trágala. Pero tan cierto como todo ello es que no se puede afrontar una cuestión política del calado de esta –el mayor problema que tiene planteado España– sin presentar una al­ter­nativa mínimamente articulada, en la que se concreten los puntos que tratar y en los que se está dispuesto a negociar y, por tanto, a transigir: reconocimiento nacional, competencias iden­titarias, financiación, consulta… Pero no lo hizo. Y es él quien debe tomar la iniciativa, porque es él quien tiene, en este ámbito, el máximo poder y, por tanto, la máxima responsabili­dad. La cerrazón de Mariano Rajoy me evoca un texto de Claudio Magris: “La locura de Don Quijote es (…) realista y vidente; mucho más desde luego que la utopía de quien ve solo la fachada de las cosas y la toma por la única e inmutable realidad. Son los Don Quijotes quienes se percatan de que la realidad se cuartea y puede cambiar; los presuntos hombres prácticos (…) siempre creen, hasta el día anterior a su caída, que el muro de Berlín está destinado a durar”.

Así estamos. Unos por otros, y la casa sin barrer. Todo el pescado está vendido. Se aproxima, inexorable, un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles pero del que sólo puede anticiparse una consecuencia cierta: no habrá ni vencedores ni vencidos. Todos seremos perdedores. ¿Qué se puede hacer a estas alturas? Sólo una cosa: decirlo. Y añadir, quizá, que Déu hi faci més que nosaltres.

El parto de los montes, Rafael Jorba, La Vanguardia, 2.06.17

El parto de los montes

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 2.06.17

Las cumbres de la OTAN y del G-7 han puesto al descubierto la fosa abierta entre la UE y Estados Unidos con la elección de Trump. La canciller Merkel lo resumió así el domingo: “Los tiempos en los que podíamos contar completamente con otros quedan un poco lejos. Nosotros, los europeos, tenemos que tomar nuestro destino en nuestras propias manos”. Con los ecos de este llamamiento a la responsabilidad de Europa, me llegaba por TV3 otra noticia de alcance: Carles Puigdemont convocaba con urgencia una cimera (“cumbre” en catalán) el lunes por la tarde en Palau sobre la fecha y la pregunta del referéndum. El president recogía así el guante lanzado el sábado, en forma de ultimátum, por las entidades soberanistas.

Otra cimera (“Reunión de altos dignatarios”, según el DIEC), otra “jornada histórica” desde que en otoño del 2012 Artur Mas convocó elecciones anticipadas para lograr una “mayoría excepcional” (CDC pasó de 62 a 50 escaños). Sin embargo, el resultado de la reunión, como resumió mi admirado Iu Forn, fue este: “Una cumbre para decidir que ya decidirán ­decidir”. Es decir, en palabras de Neus Munté, la cimera sirvió ­para “intercambiar opiniones” antes de fijar la fecha y la pregunta en los próximos días/semanas. Más que una cumbre, fue el parto de los montes, aquella fábula de Esopo, que Horacio glosó así: “Parturient montes, nascetur ridiculus mus” (parirán los montes, nacerá un ridículo ratón). El hecho más relevante fue la ausencia de Catalunya en Comú.

Entre tanto, desde las filas independentistas, se descalificaba a los ausentes. Marta Rovira, de ERC, trazaba una línea divisoria: “Habrá el bloque de los demócratas y el de los inmovilistas, y con los comunes hemos de encontrarnos en el bloque de los demócratas”. “Al PP y Ciudadanos los puedo tildar de antidemócratas porque dan la espalda al 80% de la población”. Rovira tiene todo el derecho de defender el referéndum sí o sí, pero no el de descalificar a los que discrepan. Otra política de izquierdas, Rosa Luxemburg, dejó escrito: “La libertad sólo para los miembros del gobierno, sólo para los miembros del partido, por muy numerosos que sean, no es la libertad. La libertad es siempre la libertad del que piensa diferente”. Y está en su derecho Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, de decir, como hizo el ­sábado, que “este referéndum es el máximo ejercicio de ex­presión democrática”, pero debería atender también a las razones de los discrepantes, sin necesidad de que le tengan que recordar la historiografía sobre referéndums y plebiscitos.

No todos los que disienten son inmovilistas. Los hay que abogan por un referéndum pactado, al amparo del artículo 92 de la Constitución (era el caso de Rubio Llorente); quienes defienden la primera vía de la reforma constitucional, o aquellos que se inclinan por introducir una disposición adicional sobre Catalunya… Todos comparten, con Vicens Vives, una misma idea: “El juego de la catalanidad es inseparable de un intervencionismo hispánico”. Puede que anden equivocados, pero les asiste el mismo derecho a pregonarlo que la secesión exprés que pregonan los exégetas del proceso.

Un documento inquietante, editorial de La Vanguardia, 24.05.17

Un documento inquietante

Editorial
LA VANGUARDIA, 24.04.17

La divulgación de un borrador de la ley de transitoriedad jurídica, que regularía el paso hacia una Catalunya independiente, ha causado inquietud en la escena política catalana, así como en la española. No es para menos. Portavoces soberanistas se apresuraron a declarar anteayer, horas después de que el diario El País desvelara este texto, que se trataba de uno de los borradores barajados y que estaba desfasado. Pero no creyeron oportuno agregar una pincelada crítica sobre el espíritu que lo informa. En efecto, se trataría de un documento redactado hace un año, cuya provisionalidad se evidencia en su deficiente acabado y en el hecho de que no esté articulado como correspondería a una norma lista para entrar en vigor. Mejor así. Porque cuesta creer que tal texto haya emanado de los mismos círculos soberanistas que se ufanan de la calidad democrática de sus acciones. Una calidad ausente en el texto, que está repleto de afirmaciones preocupantes.

Prevé dicho borrador, pongamos por caso, la elección a dedo, por parte del presidente de la Generalitat, del presidente de un hipotético Tribunal Supremo catalán; también, el control de los miembros de la judicatura. No hace falta haber leído a Montesquieu para saber que dicha prerrogativa presidencial equivaldría a un grosero ataque a la división de poderes consustancial a la democracia. Y prevé además la norma aplicar un inaceptable control sobre medios de comunicación, públicos o privados.

Por si todo lo expuesto hasta aquí no fuera ya alarmante, esta ley, urdida en secreto, progresa sin el necesario debate, ajena a la transparencia que exige la tarea legislativa. So pretexto de que había que ocultarla al Estado, para evitar impugnaciones, se ha hurtado también a los ciudadanos, pese a ser de su plena incumbencia. Como si no fuera lo que en realidad es: una herramienta clave para la desconexión de España, que se impulsa mediante una mayoría parlamentaria, pero con menos de la mitad de votos en las urnas. Y que, si fuera aprobada, acabaría suponiendo la derogación de facto del Estatut del 2006, la norma superior del ordenamiento jurídico catalán, que entre otras cosas prevé que sólo con una mayoría reforzada de dos tercios se pueden acometer reformas legales fundamentales.

Desde que decidió acelerar su marcha hacia la independencia, el soberanismo está actuando con torpeza. Se entiende que el quietismo del Gobierno le irrite e impaciente. Pero ese acelerón, carente del respaldo popular suficiente y basado en el quebrantamiento de la ley, es irresponsable y no anuncia nada bueno.

Representación y realidad, Llàtzer Moix, La Vanguardia, 14.05.17

Representación y realidad

LLÀTZER MOIX
LA VANGUARDIA, 14.05.17

La presidenta del Parlament y la secretaria primera de su Mesa, con la palabra democracia a sus pies, en mayúsculas, arropadas por los dirigentes institucionales catalanes y los funcionarios, sobre un fondo de estelades y camino del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para declarar como investigadas… El lunes vimos en la tele catalana esta imagen una y otra vez. Una imagen que pretende exhibir más fuerza y cohesión de las que hay en realidad. Una imagen que acredita, por enésima vez, la habilidad del soberanismo para montar actos de representación reivindicativa sintetizables en una foto o un vídeo. Nadie discute a los activistas tal destreza. Llevan cultivándola desde los tiempos de la Marxa de la Llibertat, y aún antes. La han so­fisticado en los últimos Onze de Setembre. Y la prodigan ahora con manifestaciones de dignidad ofendida y de defensa de los valores democráticos paradójicamente basada en el desacato a la ley. Lo comprobamos el lunes. Y el viernes de nuevo. Y ya se anuncia un acto convocado por el Pacte Nacional pel Referéndum para el viernes. Es una sesión continua.

Cuanto más se depura la escenografía de estas representaciones que tratan de tapar la diversidad tangible del país, menos público reúnen. Quizás ya no sea necesario, porque los medios de comunicación afines hacen el resto: participaron en los fastos del lunes unas dos mil personas, pero dichos medios los calificaron de “inicio de la movilización permanente” y, también, de “demostración de fuerza”. Diríase que el ministerio de la verdad que imaginó Orwell ya opera por aquí. En estas convocatorias se logran fotos con más pancartas y banderas que unanimidad social. Las pueblan políticos, funcionarios y activistas, en una coreografía cuya precisión es inversamente proporcional a la del incierto final del proceso. Hay más coreografía en la calle que progresos tangibles en los despachos. Y está por ver que la ley de desconexión, arma secreta y oculta del Govern, vaya a ser un efectivo trampolín hacia la república catalana. Ese tipo de relato puede valer para el militante, para el que sólo lee los medios correligionarios y asume cual creyente cuanto dicen sus publicistas doctrinarios y contumaces. Al resto les produce una incredulidad y una fatiga al alza. La tele catalana lleva cinco años emitiendo a diario declaraciones casi idénticas de los mismos líderes soberanistas, pronunciadas con acento pedagógico y admonitorio, como si su audiencia la integraran mitad adictos acríticos y mitad tibios o duros de mollera.

El país ha sido instalado por sus dirigentes en la ficción que supone presentar en la calle una sociedad volcada tras la independencia, cuando ni un 50% del censo la anhela. Entre tanto, prosigue el desvelamiento de la otra cara de la realidad, la escondida mientras el pujolismo armaba la estructura ideológica e institucional del soberanismo. La coincidencia temporal de esta representación tan épica como cansina con la revelación judicial de la trama del 3% es devastadora. Y determinados episodios que protagoniza la familia Pujol son de efecto disolvente. El martes oí a maduros votantes nacionalistas profundamente decepcionados y consternados por las astucias de esa madre superiora que traficaba con misales. Su desparpajo les parecía un insulto a los referentes sociales, económicos y religiosos que moldearon sus vidas. Sin embargo, este descubrimiento doloroso conlleva las ventajas de la verdad: guste o no, uno sabe a qué atenerse. Sabe que esa madre superiora que quería camuflar sus trampas era la misma que antaño nos presentaban como dechado de virtudes femeninas y nacionales; que luego mintió burdamente en el Parlament al decir que sus hijos, enriquecidos al calor del poder, vivían con “una mà al davant i l’altra al darrere”; y a la que más tarde desmentía su primogénito al desgranar ufano, de nuevo en el Parlament, su colección de coches deportivos y el ocasional método esca-nyapobres que usó para reunirla. No hay coreografía que maquille tanto de­satino.

Llevamos cinco años sumergidos en esta representación exagerada de la fuerza y la pujanza del soberanismo, que ha adquirido ribetes de infinita serie televisiva, servida en prime time, en los noticiarios de 24 horas, sin tregua. Una ficción cuyo mantenimiento parece prioritario a quienes nos gobiernan, y más urgente que resolver los grandes retos de la sociedad actual: la construcción de una Europa fortalecida sobre sus valores fundacionales, las nuevas políticas sociales para frenar los populismos, los esfuerzos medioambientales y científicos, la adecuación a la era del fin del trabajo y, en suma, al logro de una sociedad más inclusiva y centrada en lo que de veras exige y justifica nuestro paso por este mundo. O sea, los desafíos de la realidad, que poco se parecen a la murga de la representación.