El pegamento socialista, Gabriel Magalhaes, La Vanguardia, 16.07.18

El pegamento socialista

GABRIEL MAGALHAES
LA VANGUARDIA, 16.07.18

En este momento, en la península Ibérica, hay dos gobiernos so­cialistas. Ambos monocolores y ambos minoritarios. Era una posibilidad casi imposible, teniendo en cuenta el modesto número de diputados del PSOE. Pero ha pasado lo que, antes, era pura teoría. Surge así, de nuevo, el paralelismo entre España y Portugal que, a veces, marca el compás de nuestra historia: los dos países tuvieron dictaduras en la segunda mitad del siglo XX, los dos se democratizaron en la década de los setenta, los dos ingresaron en la Unión Europea en 1986.

¿Este paralelismo de gobiernos socialistas es una casualidad? Creo que no. Los partidos socialistas, desde 1974 en Portugal y desde 1975 en España, han tenido un papel pacificador. En el marco ibérico, esa es su identidad: están destinados a recomponer fracturas, a lograr acuerdos y equilibrios aparentemente imposibles. Mário Soares decía que los socialistas lusos eran el partido “charnela”, una palabra que signi­fica “gozne”, “bisagra”. Ante la amenaza de que Portugal se transformase en una Cuba europea, algo que pudo ocurrir después de la revolución de 1974, el Par­tido Socialista luso fue la ­bisagra que permitió arti­cular los impulsos marxistas, los anhelos de transformación social con el contexto democrático europeo y occidental.

Del mismo modo, paralelamente, el PSOE representó la plataforma suave que permitió el regreso de la izquierda al poder en España después de la gran tragedia de la Guerra Civil. Con la palabra cambio, tan usada en la campaña electoral de 1982, se anulaban otros vocablos como revolución, revancha y tantas otras voces explosivas. Era un término mullido. Una garantía lexical. El socialismo encontró la palabra inefable que definiría los recorridos moderados de los gabinetes de Felipe González.

Esta tendencia a moderar los conflictos sociales está presente en el actual Gabinete de António Costa, el primer ministro portugués. Después de las tensiones enormes de la aplicación de la austeridad durante el rescate financiero, que empezó en el 2011, tensiones que generaron una célebre manifestación multitudinaria en el 2012, eco de las inmensas muchedumbres de 1974 y 1975, Costa se presentó como alguien que permitía que la gente volviera a estar tranquila. Esas fueron las palabras clave: consenso y tranquilidad. Y, de hecho, Portugal se ha relajado, se ha distendido mucho en estos últimos dos años y medio.

Sánchez es presidente del Gobierno por varios motivos: porque, como político, tiene siete vidas, porque el novelón de Dumas de la corrupción del PP dio un repentino coletazo con la sentencia del caso Gürtel, pero también porque una parte muy considerable de la sociedad española no quiere la tensión de estos últimos años. España, en su conjunto, no es una plaza de toros en la que el respetable espera con fruición el próximo astado que se deberá matar. Mucha gente desea paz. La situación de Catalunya, la resaca de la crisis y los espectaculares casos de corrupción han dejado a la ciudadanía exhausta. De forma que, en este momento, el pegamento socialista, el analgésico de una izquierda suave parece ser una buena solución para el dolor y la geografía de rupturas de la actual vida española. Tal como lo ha sido para la portuguesa, magullada por la crisis. Los gobiernos socialistas ibéricos son el modo que nuestras sociedades han encontrado de lamerse sus heridas. La gran carta de Sánchez, la única que realmente le puede valer, no es el feminismo de su Gobierno o su izquierdismo (“somos la izquierda”): es la capacidad de construir concordia sin juegos de corrupción.

En esta historia también entra, last but not least, el PSC, cuyo destino ibérico parece ser, igualmente, recomponer equilibrios, encontrar acuerdos. Algo que esta formación ya intentó en las últimas elecciones autonómicas catalanas cuando lo que tocaba era exhibir agravios, corear indignaciones. Hay, pues, una coherencia clara en el recorrido reciente del PSC. Y se siente una fuerte y funcional complicidad entre Sánchez e Iceta.

Por supuesto: Sánchez se encuentra entre la espada de la Constitución y la ­pared del soberanismo catalán. No es nada fácil su ­tarea. ¿Creerá Sánchez a fondo en este ideal de concordia y tendrá la lucidez y la persistencia, la ductilidad y la firmeza nece­sarias para lograr este cometido? En caso afirmativo, entrará en la ilustre galería de los políticos que fueron salvando al panorama ibé­rico de sus viejos demonios.

De hecho, en Portugal y España, el gran enemigo de la democracia es la historia. Porque contamos, en el armario de nuestro pasado, con muchos fantasmas, que a veces hechizan el presente. Y ahí están, encaramados en las cumbres de sus convicciones, los viejos halcones nacionalistas, esperando que se cumpla el teorema de siempre, la vieja ecuación: que el eterno conflicto se desborde, como siempre ha ocurrido. Tienen la razón de los siglos, cierto, pero existe igualmente el horizonte, la posibilidad de un futuro distinto.

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Catalunya necesita política, editorial de La Vanguardia, 18.05.18

Catalunya necesita política

EDITORIAL
LA VANGUARDIA, 18.05.18

Con la misma fórmula que usó el expresident Carles Puigdemont en el 2016, en una ceremonia íntima, casi clandestina, no solamente sobria o austera, no solamente breve, sino decididamente lúgubre, triste, el flamante president Quim Torra i Pla ha tomado posesión de su cargo. Nunca una nueva etapa de gobernación democrática se había iniciado con tal rigidez de posturas, con una liturgia pensada para evidenciar la tensión de un conflicto que no remite. Las cartas están sobre la mesa con meridiana claridad. Tal como dijo ya en Berlín, en su visita a Carles Puigdemont, Torra no asume el cargo en la plenitud que legalmente le corresponde. No asume el voto de la mayoría absoluta que los partidos que le apoyan tienen en el Parlament. Tan sólo se considera un “custodio” de la supuesta legitimidad del expresidente Puigdemont, cesado en virtud del artículo 155 de la Carta Magna. Las espadas siguen en alto.

El enroque nunca es buena noticia. La economía catalana no va mal, sigue siendo el motor exportador de España y lidera los datos turísticos, pero es como un cuerpo sin cabeza: necesita dirección económica, coordinación con la sociedad civil y con el Estado, necesita un horizonte positivo. De otro modo, la economía catalana irá perdiendo gas de manera abrupta (empresas que seguirán huyendo) o constante e invisible, hasta que ya no estemos a tiempo de corregirlo. Catalunya necesita políticas sociales claras, para corregir la rampante desigualdad que la crisis ha dejado. Necesita fortalecer el vínculo entre empresas, ciencia universitaria e innovación. Catalunya necesita, por encima de todo, una nueva relación fiscal con el Estado, y sólo un Govern decidido a obtener el apoyo de toda la sociedad puede conseguirla.

Catalunya necesita una política cultural y simbólica que sepa favorecer el reencuentro de sensibilidades identitarias ahora tensionadas y a flor de piel. Necesitamos un Govern que, sin abandonar sus legítimas aspiraciones políticas, sepa reconstruir el mínimo común denominador en la sociedad a fin de que, entre otras cosas, pueda defender, con el respaldo de todos los partidos catalanes, la búsqueda de una solución política para los dirigentes independentistas afectados por causas judiciales.

Por supuesto, no sólo el Govern debería estar en esta línea positiva, también la oposición de Inés Arrimadas, no menos enrocada en sus postulados que los partidos independentistas, debería contribuir a ello, ofreciendo colaboración y rebajando el tono de confrontación. Y por descontado, el Gobierno español debería hacer gestos claros de cordialidad y concordia, en lugar de persistir en el legalismo, la regañina y el aviso. Pero la responsabilidad de desbloquear la situación depende, en primer lugar, de la mayoría que ha ganado las elecciones. No tiene el independentismo por qué renunciar a sus ideales, pero debe reconocer de una vez por todas que las condiciones no han cambiado sustancialmente desde que teatralmente proclamó una república en la que ni tan siquiera confiaban aquellos que la habían proclamado.

Las elecciones no han condenado, ciertamente, a la mayoría independentista, pero tampoco la han reforzado. Ha llegado, pues, el momento de la política. Y la política se hace no regresando al círculo vicioso de una confrontación que no puede traer más que nuevas tensiones, nuevos sufrimientos y nuevos problemas legales, sino abriendo el círculo virtuoso del diálogo interno para reconquistar la unidad catalana. Históricamente sabemos que sin unidad Catalunya tiende al dolor y al caos, mientras que con unidad progresa y supera todas las adversidades.

¡A las cosas!, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 17.03.18

¡A las cosas!

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 17.03.18

Llevo semanas dándole vueltas a dos ideas que no son mías, sino que derivan de dos lecturas distintas. La primera –sugerida por las recientes memorias de Josep Maria Bricall– es que el problema catalán y lo que ha de ser Catalunya en el futuro son dos cuestiones que sólo se pueden resolver y decidir dentro de Catalunya y por los propios catalanes, por todos los catalanes sin excepción. Porque es cierto –como dice Bricall– que la causa última de este problema es el fracaso de España como Estado, pero también hay que reconocer que la situación actual no surge sólo por esta causa. Aunque es cierto que lo habitual en Catalunya es hoy culpar sólo a España, también es verdad que desde 1980 la política catalana se ha desviado de la fecunda idea del president Tarradellas de que Catalunya ya es una nación y que, por tanto, todos sus ciudadanos (“¡Ciutadans de Catalunya…!”) merecen la misma consideración, abstracción hecha de lo que piensen sobre la misma Catalunya. De lo que se deduce que hay que descartar cualquier distinción entre los ciudadanos catalanes, así como también se ha de prescindir de todo planteamiento de tipo esencialista sobre la política y la sociedad derivado de concepciones idealizadas condensadas en un dogma. En consecuencia, Catalunya es una realidad nacional a la que sólo le falta un gobierno que gobierne. La acción de gobierno –concluye Bricall– no ha de ser una herramienta de reconstrucción nacional, porque desde el siglo XVI Catalunya ya se mueve como una nación moderna, autónomamente del resto de la Península, sin proponérselo y de forma espontánea, siguiendo el mandato de la supervivencia. No se trata de reconstruir, sino de gobernar.

Esta visión doctrinal es trascendente, porque si se opta por la otra visión posible –la de fer país– se corre el riesgo de caer en la tentación de un dualismo peligroso, ya que habrá un país fet, que se rechaza, y un país per fer, que se idealiza. Y, entonces, la vida social, política y cultural prescinde del país ­real e impulsa y financia el país ideal que unos –no todos– quieren construir. En las raíces de la actual situación política catalana se halla esta visión dualista de la sociedad. Pero, paradójicamente, esta misma visión dualista imperante puede contrarrestarse y corregirse gracias al procés. Este, pese a ser un error descomunal, también ha provocado, precisamente por su desmesura, un efecto positivo irreversible y de un calado sensacional: liberar a la mitad de la sociedad catalana de su respeto reverencial por el canon nacionalista que impone la visión dualista de Catalu-nya. Las últimas elecciones dan fe de ello: la sociedad catalana se ha dividido en dos mitades de forma que una no puede ya prescindir de la otra, ni la otra de la una. Están condenadas a entenderse. ¿Dónde? En el Parlament de Catalunya, donde tendrán que negociar, transigir y pactar sobre esta base: nadie está en posesión de una verdad revelada y absoluta, nadie es más que nadie, nadie tiene un derecho de propiedad sobre nada y nadie puede hablar en nombre del pueblo catalán. A votar y a decidir. Sobre todo. Por eso he defendido desde el principio que las competencias de la Generalitat han de ser amplias y claras, de forma que pueda desarrollar políticas completas sobre ámbitos unitarios. Un ejemplo: la Generalitat debería tener competencias plenas sobre lengua y enseñanza y, en ejercicio de estas competencias, el modelo educativo debería ser aprobado en el Parlament previo un pacto transaccional entre las dos mitades que, hoy por hoy, conforman el pueblo catalán y tienen posturas no coincidentes sobre el tema.

La segunda idea, ligada a la anterior, es que la política catalana debe retornar con urgencia a las “cosas concretas”. En 1939, José Ortega y Gasset decía en una conferencia pronunciada en La Plata: “¡Argentinos, a las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que daría este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas”. Algo parecido podría decirse hoy en Catalunya.

Hace años que ha pasado a segundo término el objetivo de dotar a Catalunya de una administración pública eficiente y moderna, al servicio de unas prioridades definidas a partir de los resultados electorales. Se ha optado por una política de refacción de la ­sociedad catalana, intentando construir una Catalunya ideal según una concepción previa. Se ha dejado de gobernar la Catalunya real que ya existe, y que necesita ser gobernada con urgencia para enmendar el déficit legado por los sucesivos gobiernos españoles. En esta falta de atención a la política “de cosas” radica el origen de muchas elucubraciones –como la actual sobre el derecho a decidir– que cada vez se han alejado más de la realidad catalana postergando el objetivo prioritario de todo gobierno, que es gobernar y administrar.

Catalunya siempre ha carecido de la presencia de un Estado moderno. La Generalitat debería llenar este vacío.

Habilitación política, Kepa Aulestia, La Vanguardia, 6.03.18

Habilitación política

KEPA AULESTIA
LA VANGUARDIA, 6.03.18

La obtención de una mayoría parlamentaria sumando los electos de tres candidaturas no significa que dicha alianza esté habilitada políticamente para gobernar el país. La inhabilitación judicial –de facto o potencial– de una serie de diputados tampoco concede a la causa que representan el derecho a no verse cuestionada políticamente en cuanto a sus fines y en cuanto a los medios empleados. Las desavenencias entre los independentistas producen hartazgo; entre otras causas, por la naturalidad con la que combinan falta de transparencia y sobreexposición. Pero junto a ello la discordia interna está induciendo un ­fenómeno que acomoda a los secesionistas, porque su universo simbólico ocupa permanentemente el escenario, y la opinión pública no puede más que contemplarlo como algo inevitable.

Desterrado todo espíritu crítico que fuese más allá de intereses de grupo o quiebros tacticistas, la noche del 21 de diciembre se dio por supuesto que la mayoría parlamentaria independentista volvería a gobernar la Generalitat. Pero todavía no lo ha conseguido. Ni siquiera ha logrado ponerse de acuerdo para investir a alguien como president. Y es lógico pensar que cualquier candidato se vería autorizado para destejer todo lo que hayan podido avanzar las negociaciones. De ahí que parezca obligado preguntarse ¿existe de verdad un independentismo político? O, formulado en otros términos, ¿está el independentismo políticamente habilitado para hacerse cargo de la Generalitat? No se trata de poner en duda la existencia de una mayoría de parlamentarias y parlamentarios catalanes favorables al establecimiento de un Estado propio en forma de república cuanto antes. Lo que resulta aún más claro frente a la práctica imposibilidad de que el resto de los grupos de la Cámara se pongan de acuerdo en algo sustantivo sobre gobernabilidad. Lo dudoso es que el independentismo esté en condiciones de hacerse con las riendas de la Generalitat. Y lo todavía más dudoso es que pueda reunir esas condiciones mediante el desdoblamiento y dispersión de núcleos de poder, de iniciativa y de influencia para acomodar a Junts per Catalunya, PDECat, ERC y la CUP en un magma predispuesto al sobresalto continuo, a la periódica convocatoria de movilizaciones, al marcaje al hombre y a la mujer que desempeñen funciones institucionales, a la sublimación legitimista haciendo de menos la administración cotidiana del bien público.

Los injustos aunque legales autos de prisión, la discutible aunque legal imputación de delitos de rebelión y sedición, la propia huida de Carles Puigdemont y de algunos de sus consellers presentan al independentismo como una víctima propiciatoria que, en compensación, reclama que se le deje hacer las cosas a su modo, para volver de manera efectiva al gobierno de la Generalitat sin desdecirse de sus objetivos maximalistas. Y según transcurren los días se evidencia que hay una mayoría parlamentaria independentista, pero que está por demostrar que haya una mayoría de gobierno. Claro que la tardanza y el espectáculo ruborizan o incomodan, pero no alarman a la gente. No alarman ni a los propios ni a los otros en la esfera política. Pasa a formar parte del juego. Porque en el peor de los casos el aborrecido 155 actúa como salvaguarda también para los intereses ciudadanos de los independentistas. Paradójicamente, es la intervención de la Generalitat lo que propicia que el independentismo se deleite con sus cuitas internas. Es la seguridad de que el Estado en Catalunya, o la porción de Estado que es la Generalitat, impedirá males mayores. Lo que, de paso, permite sortear la discusión sobre qué fórmula sería la habilitante para que el independentismo madure políticamente. En primer lugar, no lo conseguirá mientras se resista a pensar y actuar en clave pluralista, renunciando a seguir representando en exclusiva la voluntad de los catalanes, hacia fuera y hacia dentro del país. No basta con reconocer la pluralidad si no se opta por el pluralismo. Claro que esto último desvencijaría la secesión. En segundo lugar, de nada sirve alentar la idea de un proceso constituyente cuando, de entrada, diluye el cuadro de prioridades que se requiere para gobernar, aunque sea en nombre de una quimera insondable. En tercer lugar, es imposible gobernar sin partidos; y Catalunya se está quedando sin partidos, que, por antipáticos que resulten, continúan siendo la mejor manera de ordenar políticamente la diversidad y ejercer con eficacia la representación ­democrática.

La habilitación política demanda pluralismo, prioridades realistas y partidos. Y que el Gobierno de la Generalitat se muestre por fin previsible.

Un presagio del futuro, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 3.03.18

Un presagio del futuro

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 3.03.18

Siempre había pensado que la independencia de Catalunya era improbable pero no imposible. Y siempre había creído que el paso de la improbabilidad a la posibilidad sólo se consumaría, no por la acción de los independentistas, sino por la abulia inicial y por los desatinos posteriores de los gobernantes españoles, respaldados por una parte de los medios de comunicación fieles a la peor tradición del país (al igual que lo son muchos de los medios catalanes), y azuzados por quienes llevan tiempo asentados sobre el Estado, al que considerar “propiedad privada” o “una sociedad de socorros mutuos”. Pero, desde hace algún tiempo, ha cambiado mi percepción: pienso que la independencia quizá sea posible, aunque me reafirmo en que el detonante habrá sido, si llega, la pésima gestión política del problema por parte del Gobierno de España.

En esta línea, el Gobierno español ha dado un paso arriesgado. Porque, aun cuando no se propone un cambio legal del marco educativo, sí se dispone a promover –en cumplimiento de un mandato hasta ahora desobedecido del Tribunal Constitucional– una actuación administrativa que implique, en la práctica, un cambio sustancial en materia lingüística. No hacer cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional sería –según la Moncloa– reincidir en el desacato; pero también es cierto que resulta políticamente erróneo aprovecharse a tal fin de la excepcionalidad del artículo 155, que no fue concebido para este tipo de acciones de gobierno. Para entenderlo así, hace falta insistir en que lo ­peor que puede hacerse en Catalunya es incendiar la cuestión lingüística: el nacionalismo catalán no tiene una base étnica, ni racial, ni religiosa, sino cultural y lingüística. Por consiguiente, hay que tratar ese tema con suma delicadeza, porque se incide en la fibra más sensible de millones de catalanes. Sería por ello gravísimo que el Gobierno obrase por espurios motivos electorales, en competencia con Ciudadanos.

Es por este carácter axial que la lengua tiene en la reivindicación catalana, por lo que defiendo desde hace años que una transacción que ponga fin al enfrentamiento actual debería incluir la atribución a la Generalitat de competencias exclusivas en lengua, enseñanza y cultura. Lo que es objeto de duras críticas por estimarse que constituye una manifestación de entreguismo, preludio de una independencia inevitable. En este sentido, un conocido artículo del sociólogo José Luis Álvarez –“ Els de casa frente als de fora”– dice que, para desactivar al independentismo es necesaria una reforma de la Constitución que cancele la inmersión lingüística educativa en una sola lengua, así como que el Estado se atreva a hacerlo ahora o Catalunya se separará de España en un plazo de cinco años.

Mi posición es radicalmente distinta. Sostengo desde hace años –dentro de la transacción que propongo como única salida al conflicto– que las competencias en lengua, enseñanza y cultura deberían atribuirse a la Generalitat con carácter exclusivo y dentro del actual marco constitucional. Lo que ubicaría el desarrollo normativo de esta competencia en su terreno natural, que es el de la política catalana. Y esto significaría, a su vez, que sería el Parlament de Catalunya el que debería legislar sobre el tema. Por lo que, habida cuenta de la composición plural de la sociedad catalana y de su correspondiente representación parlamentaria –dividida prácticamente en dos mitades tal y como se ha constatado–, resultaría imposible que una mitad impusiese a la otra media un modelo educativo no consensuado.

Debe tomarse muy en serio el hecho de que, al lado de sus enormes costes, el procés no es una excepción a la mayor parte de los fenómenos humanos, por lo que también ha traído algo positivo: ha liberado de respetos humanos y timideces a todos cuantos, incluidos los catalanistas no independentistas, han callado y consentido los excesos nacionalistas durante años, incumpliendo el mandato civil de decir en público lo mismo que se dice en privado. A partir de ahora, eso ya no sucederá así, y será en la dialéctica de la política catalana donde deberán tratarse éste y otros muchos temas sin tabúes y en régimen de igualdad para todas las opciones. Nadie es más que nadie. La casa es casa de todos. Y el mejor antídoto frente al canon no es la represión, sino la libertad.

España ha sufrido en los dos últimos siglos dos procesos de secesión: perdió en el primero su imperio continental y en el segundo las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La independencia era en ambos casos inevitable, pero la rigidez y falta de visión larga por parte de los gobiernos españoles convirtió en un desastre lo que era un trance natural, al cerrarse España cuando aún había tiempo para una negociación posible y ventajosa para ambas partes. La situación es hoy en Catalunya absolutamente distinta: la independencia es un error enorme, pero otra vez idénticas rigidez, falta de visión larga y cerrazón por parte del Gobierno de España pueden hacerla posible. La prudencia fundada en la historia ayuda a prever el futuro.

Mientras tanto, Jordi Amat, La Vanguardia, 25.02.18

Mientras tanto

JORDI AMAT
LA VANGUARDIA, 25.02.18

Y ahora, ¿qué?”. Nos los planteó la historiadora Paola Lo Cascio en el acto de presentación del penúltimo número de la revista Nous Horitzons. Mi respuesta era que, aparentemente, nada. Ahora mismo, con respecto a la dirección de la política catalana, parálisis. A las dificultades del bloque ganador para conformar gobierno se engancha el chicle jurídico que se estira para evitar que un hipotético nuevo ejecutivo empalme con el gobierno rupturista que fue cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En esta tesitura tan enrevesada me parece descorazonador constatar que la disyuntiva objetivamente planteada es esta: o bien intensificar el conflicto institucional con varios poderes del Estado, aprovechando la mayoría (decreciente) que el independentismo obtuvo el 21 de diciembre, o aceptar ya el precio de la derrota de la unilateralidad e iniciar una nueva etapa que se plantee la reconquista del autogobierno como objetivo de ensanchamiento democrático.

A la misma pregunta, con más sagacidad que yo, el hombre común Xavier Domènech –vestido con el mono de historiador– respondió que quizás sí que nada de nada, pero añadió una perspectiva complementaria: cuando parece que nada pasa es cuando probablemente se gesta el cambio. ¿Cuál?

Mientras no se opte por uno u otro camino –el primero nos enquista en el colapso (una especie de suicidio colectivo, decía el otro día la socióloga Marina Subirats, como un 1714 2.0), el segundo nos fuerza a revisar la agenda del catalanismo para los próximos años–, el interregno donde seguimos empantanados facilita la deriva que estamos sufriendo: una cierta dinámica reconstitucionalizadora legitimada más por el desnudamiento de la razón de Estado que por la necesidad de reforzar el Estado de derecho, piedra de toque de todo sistema. La coartada para implementar estos códigos y estas políticas, que no sabemos dónde acabarán, ha sido el catalizador de la emergencia nacional: como la integridad territorial española fue puesta verdaderamente en riesgo, de una manera visual durante el éxtasis procesista vivido del 1 al 3 de octubre, ahora sería llegada la hora de desbaratar de una vez por todas, más allá de la intervención económica que viene de antiguo, el marco nacional que ha regido la patria de los catalanes durante las últimas décadas.

Nada lo evidencia de una manera más desgarradora que el afán gubernamental de actuar para revertir el modelo de la inmersión. En plena de guerra de posiciones entre populares y ciudadanos, pugnando los dos por la mayoría del centroderecha español (la izquierda parece sonámbula), la lucha hoy no parece que sea para ampliar su espacio natural sino para ganar el liderazgo entre los suyos. Esta sí es una casilla nueva. Y atacar la inmersión, en tiempo de contrarreforma nacional, ha sido una tentación irrefrenable.

¿Cuál ha sido la clave de bóveda de este modelo madurado en el consenso? Durante lustros una mayoría cualificada ha decidido parlamentariamente que la enseñanza en catalán en las aulas goce de una discriminación positiva. Con los datos en la mano esta discriminación no ha perjudicado el conocimiento de la lengua castellana. De todos es sabido, de hecho, que obtienen resultados iguales o en ocasiones mejores que chicos de otras comunidades autónomas, como revelan los últimos datos de la selectividad. El argumento para impugnar este modelo de éxito, según silogismo de Íñigo Méndez de Vigo, sería la defensa de la libertad. “Para este Gobierno es muy importante la libertad y, dentro de la libertad, es muy importante también el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de la educación de sus hijos”. Pero no es eso. Ni aquí ni allí. Lo describimos o sólo como modelo cohesionador o adoctrinador cuando en realidad, además, también late la pugna para privilegiar una determinada identidad nacional. Digamos las cosas por su nombre. Como evolución de las medidas que se llamaron de normalización, la inmersión fue concebida también como un instrumento para restablecer la fantasía de una cultura nacional originaria o, en todo caso, como un proceso que establecía y legitimaba un campo cultural catalán autónomo (y aquí estoy plagiando a Josep-Anton Fernàndez).

Pero mientras el marco de discusión sea el nacional, después de tantos años dando vueltas en el mismo laberinto, me parece que seguiremos apuntando a la diana equivocada. Más útil, durante este periodo de interregno, sería pensar en el modelo de sociedad que querríamos construir y situar una escuela mejor como su fundamento cívico. El reto va más allá de la lengua y los problemas no se acaban. Para empezar las dificultades presupuestarias de la escuela pública para actuar efectivamente como lanzadera de la igualdad en contextos de pobreza o como ámbito óptimo para suturar la segregación. Y para acabar como factor nuclear para resolver el gran problema intergeneracional: a mejor educación, a todos los niveles, menor tasa de paro juvenil. Es así, pensando mientras tanto políticamente la sociedad, donde el catalanismo nos podrá reconciliar de nuevo.

La hora de Esquerra, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 24.02.18

La hora de Esquerra

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 24.02.18

Hace algún tiempo que procuro no escribir sobre el proceso. Llevo doce años diciendo las mismas cosas y estoy cansado. He reducido también mis lecturas –prensa incluida– sobre el tema. Pero, en cualquier caso, hoy me siento en la obligación de volver sobre él por creer que estamos aproximándonos a un punto de no retorno, a partir del cual todo se despeñará por la pendiente del enfrentamiento abierto y la represión. Estamos ante una situación de emergencia y como tal ha de ser afrontada. Huelgan, por tanto, las divagaciones sobre las causas y los remedios del conflicto. Ya no es tiempo de un diálogo informativo: todo está mil veces dicho. Tampoco procede un diálogo dialéctico: lo impide la polarización radical de las posiciones. Y, lamentablemente, tampoco es posible en este momento el diálogo transaccional: no hay actores dispuestos a asumir sus costes en ninguno de los dos bandos. Un político catalán especialmente prudente y callado me decía, hace unos días, que la situación en Catalunya es hoy mucho peor que hace seis meses. Pero –añado yo– es susceptible de empeorar gravemente en un plazo muy corto. Esta es la razón por la que hay que adoptar con urgencia la única medida que puede frenar la marcha hacia el desastre: formar gobierno dentro del marco legal y sin inventos extraños. Hay que detener la hemorragia. Ya se verán luego el diagnóstico y el tratamiento, que, por otra parte, son más que sabidos. Lo que ahora urge es devolver el pulso al enfermo.

Permítanme sólo –se lo ruego– fijar la posición personal desde la que hago esta propuesta desesperada. Entiendo, en primer lugar, que se ha llegado a esta situación por la confluencia de unos errores enormes cometidos por ambas partes. Los independentistas han confundido lo que ansiaban conseguir con lo que podían alcanzar en este momento, y, además, han despreciado tanto a su adversario –convertido en enemigo– que lo han considerado incapaz de reacción. Y el Gobierno central ha minimizado el problema primero, y lo ha eludido después mediante su judicialización sistemática, provocando que estemos allí donde nunca se debió llegar: los tribunales penales y las medidas preventivas. Y tengo por cierto, en segundo término, que este conflicto político sólo tiene una salida transaccional con recíprocas concesiones por ambas partes, cuyo detalle les ahorro por haberlo reiterado hasta la náusea. Todo lo cual debe ser entendido no como un ejercicio de equidistancia calculada y oportunista, sino como la aplicación al caso concreto contemplado de la tesis general según la cual la única alternativa existente al pacto, arreglo o apaño es la violencia en cualquiera de sus variantes: la ritualizada en forma de juicio o la que se manifiesta a campo abierto.

Y es desde esta perspectiva desde la que afirmo que la única manera de impedir que los acontecimientos se precipiten negativamente es que se forme gobierno, y el único partido que puede hacerlo es Esquerra. Si no lo logra, considero que la convocatoria de nuevas elecciones no será inmediata (prevalecerá el artículo 155), sino que se dilatará hasta junio del 2019, coincidiendo con las municipales, europeas y autonómicas, lo que supondría que Catalunya habría estado sin gobierno y regida por el artículo 155 de la Constitución durante más de año y medio. Se trata, por tanto, de una cuestión capital. Basta para comprobarlo la noticia de que el Gobierno central estudia rebajar la inmersión en catalán, una posibilidad que todos los partidos, salvo el PP y Cs, ­critican.

Catalunya no puede permitirse de nuevo el lujo de perder sus instituciones. Ya se dilapidó, el pasado 26 de octubre, la opción que tuvo el expresident Puidemont de convocar elecciones, errando así gravemente en la decisión sin duda más trascendente de toda su vida política. Esquerra no puede recaer en el mismo error y por idéntica ­causa: el temor a ser estigmatizada por ­traición. El destino ha puesto en manos de Esquerra la posibilidad, que no certeza, de recuperar el autogobierno. Debe aprovecharla pese a las dificultades. Ha de intentarlo presentando un candidato aun sin haber llegado a un acuerdo previo con el expresident y sus fieles. Me niego a pensar que, en este caso, no contaría con los votos de los socialistas catalanes y de un número suficiente de diputados de la coalición ganadora que antepongan el interés del país a un legitimismo desnortado y suicida. Si Esquerra tiene el coraje de dar este paso por el país, se consolidará como partido de gobierno cualquiera que sea el resultado de su decisión. Y, de no hacerlo, cerrará por mucho tiempo la puerta a la esperanza.

Un último apunte para remarcar la gravedad del envite, aún no suficientemente percibida por las élites dirigentes españolas. No se trata del problema catalán, sino del problema español de la estructura territorial del Estado, es decir, del reparto del poder. Y, además, si bien es cierto que Catalunya carece de fuerza y apoyos para forzar una independencia unilateral, le sobra dimensión para desestabilizar a toda España. ¡Dios ciega a los que quiere perder!