El derecho a discrepar, Rafael Jorba, La Vanguardia, 21.04.17

El derecho a discrepar

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 21.04.17

Los promotores del proceso independentista catalán se presentan como un ejemplo para Europa. “Esto va de democracia”, aseguran, en una afirmación que resta calidad democrática a los que discrepan de sus postulados. El hecho de que el Gobierno central se haya parapetado en la ley para afrontar las demandas soberanistas contribuye a abonar esta crítica: los que no aceptan el llamado ­derecho a decidir adolecen de graves carencias democráticas. No entraré a valorar la calidad democrática del proceso, sobre todo en el ámbito parlamentario, ni los saltos de pantalla hacia delante y hacia atrás… Aceptaré incluso la premisa mayor: sus promotores están innovando y son todo un referente. Sólo ­reclamo el beneficio de la duda para los discrepantes.

Si el Pacte Nacional pel Referèndum entiende que “el referéndum es un instrumento inclusivo”, los que dudamos lo hacemos desde una concepción de la democracia que entiende que la secesión no es el ideal democrático, sino el último recurso cuando la quiebra de la convivencia es irreversible. Si unos entienden el referéndum como “un instrumento privilegiado para profundizar la democracia, que permite el debate político plural y la búsqueda de consensos”, otros pensamos, como reflejan todos los sondeos, que su resultado nos abocaría a un país empatado consigo mismo. Frente a la democracia ritual reivindicamos la democracia consensual para forjar una propuesta política que tenga, al menos, el respaldo de los dos tercios del Parlament (la misma mayoría cualificada que prevé el Estatut para su reforma).

Si el proceso catalán es un modelo para Europa, desde Europa se escuchan también voces que proponen otras vías para afrontar el síndrome de fatiga democrática que nos aqueja. ­Este es el caso, por ejemplo, del pensador flamenco David van Reybrouck, que en su libro Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia (Taurus, 2017), propone “un modelo birrepresentativo (dos cámaras), es decir, una representación popular obtenida tanto por elección como por sorteo”. “Ambos sis­temas –argumenta– tienen sus cualidades: la experiencia práctica de los políticos profesionales y la libertad de los ciudadanos que no dependen de la reelección”.

No defiendo la idea de Van Reybrouck. La pongo sólo sobre la mesa para evidenciar que también otros están innovando. Este experto se pregunta si los referéndums son la vía adecuada para alcanzar acuerdos sobre temas complejos y constata que desde los casos de la Constitución europea, el Brexit (y ahora el de Turquía, añado), “el aprecio por este tipo de consulta ha disminuido mucho”. “Los referéndums y la democracia deliberativa –explica– sólo están relacionados entre sí porque ambos interrogan de manera directa a los ciudadanos. Por lo demás, se oponen diametralmente: en un referéndum se pide que todos voten acerca de una cuestión sobre la que, por lo general, apenas unos pocos saben algo; en un proyecto deliberativo, se plantea una cuestión a una muestra representativa de ciudadanos para que la debatan y de la cual reciben la mayor información posible”. Su conclusión: “En los referéndums acostumbra a votar el instinto (o las vísceras); en una deliberación se expresa una opinión pública formada”.

Un parte amistoso, Rafael Jorba, La Vanguardia, 7.04.17

Un parte amistoso

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 7.04.17

El choque de trenes se acerca. No hay operación diálogo que lo remedie. El president Puigdemont y sus socios de JxSí y la CUP han puesto en marcha la desconexión exprés. Paralelamente, desde el Gobierno central, se responde a cada paso adelante del bloque procesista con un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. No hay margen de maniobra para el acuerdo. Se han perdido incluso las formas: la conferencia de Puigdemont en la Universidad de Harvard marca un punto de no retorno. El presidente de la Generalitat –el representante ordinario del Estado en Catalunya– no sólo presentó a España como un país atrasado y autoritario, sino que equiparó la democracia española con la turca de Erdogan: “Tiene una Constitución que autoriza al ejército a actuar contra sus propios ciudadanos, algo que sólo aparece en otra Constitución en Europa: la de Turquía”.

El president está en su derecho de hacer esta analogía y de ­presentar la apuesta independentista como una lucha de Catalunya “por sus derechos civiles”. Pero más allá de la cuestión de fondo, en la que cada ciudadano tendrá su propio criterio, el ­problema está en que Puig­demont ha roto el deber de reserva que todo ­representante de un Estado ­democrático debe mantener de puertas afuera: no sólo utilizó la tribuna de Harvard para explicar su hoja de ruta, sino que la aprovechó también para dañar la imagen exterior de España. Es difícil, por no decir imposible, que en este contexto exista margen para el diálogo.

Sin embargo, más temprano que tarde el diálogo se abrirá ­camino, pero antes deberemos asistir al anunciado choque de trenes para poder calibrar el alcance de la colisión. (Un choque de trenes, dicho sea entre paréntesis, en el que cada parte debe evaluar si está al frente de un convoy de mercancías o de un tren de cercanías.) Mientras tanto, ­sería deseable que los fontaneros de la Moncloa y el Palau de la Generalitat mantuvieran una línea de encuentro para pactar al menos la magnitud de la colisión, es decir, para acordar una especie de parte amistoso previo del siniestro. Una declaración que intentase rebajar al mínimo el margen de siniestralidad política, que acotase el alcance de las sanciones penales y, sobre todo, que intentara evitar los daños colaterales o daños a terceros.

Es difícil que Puigdemont, que llegó al cargo con el traje a medida que le diseñó Mas, pueda impulsar esta declaración amistosa. Ya ha dicho que no se presentará a la reelección y que su cometido no es otro que el del referéndum sí o sí. Es la manera que ha elegido de pasar a la historia. Sin embargo, son los políticos que quieren seguir haciendo historia, como es el caso de Oriol Junqueras, los que están llamados a acotar el alcance de la colisión. El problema está en que el freno de seguridad –disolver el Parlament y con­vocar elecciones– sólo lo puede activar el president Puigdemont. Entre tanto, unos y otros, así en Barcelona como en Madrid, deberían saber que cuando todo se derrumba quedan las buenas maneras. Ojalá que no se pierdan.

Agitación y propaganda, Rafael Jorba, La Vanguardia, 24.03.17

Agitación y propaganda

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 23.03.17

En el debate sobre el proceso se aprovecha todo, como en el cerdo. Más que a un diálogo asistimos a un monólogo: democracia formal frente a democracia ritual, y ausencia de democracia consensual. Dos relatos paralelos en espera del anunciado choque de trenes. Una batalla simbólica en la que la agitación y la propaganda desplazan la información. Incluso las decisiones de terceros son leídas de manera bien distinta. Pondré dos ejemplos: el supuesto varapalo de la Comisión de Venecia –un órgano consultivo del Consejo de Europa– a la reforma de ley orgánica del Tribunal Constitucional y la inédita apelación al diálogo que hizo Francisco Pérez de los Cobos en su despedida como presidente del TC.

Primer ejemplo. Efectivamente, la Comisión de Venecia, integrada por expertos en derecho constitucional, publicó el pasado 13 de marzo un informe sobre la reforma, impulsada por el Gobierno español, para que el TC pudiera dictar medidas para el cumplimiento de sus propias sentencias. Es verdad que en una de sus conclusiones la comisión “no recomienda que se atribuyan estos poderes” al TC, pero también lo es que acto seguido precisa: “De todas maneras, ante la ausencia de estándares comunes europeos en este campo, la introducción de estos poderes no contradice tales estándares”. Sin embargo, sentada la discrepancia procedimental, la primera conclusión (página 14) es taxativa: “La Comisión de Venecia recuerda que las decisiones de los tribunales constitucionales tienen carácter definitivo y obligatorio (…) y han de ser respetadas por todas las instituciones públicas y los individuos (…) Cuando un funcionario ­público rehúsa ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional, viola los principios de imperio de la ley, separación de poderes y cooperación leal entre los órganos estatales”.

Segundo ejemplo. El discurso de despedida de Pérez de los Cobos. El presidente del TC repitió en voz alta la doctrina que el Alto Tribunal sentó en la sentencia del 25 de marzo de 2014 sobre la Declaración de soberanía del Parlament (23/I/2013). Reproduzco el considerando b): “La Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas (…), en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal (…) Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. Considerando c): “La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’ (…) Este Tribunal ha reconocido que tienen cabida (…) cuantas ideas puedan defenderse y que ‘no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional’”.

He aquí el varapalo de la Comisión de Venecia; también la inédita posición del presidente del TC. Nada nuevo bajo el sol.

La conllevancia o la ruptura, Lluís Foix, la Vanguardia, 16.03.17

La conllevancia o la ruptura

LLUÍS FOIX
LA VANGUARDIA, 16.03.17

En tiempos de velocidad de vértigo es imprescindible disponer de un mapa de carreteras señalizado, una hoja de ruta, un plan de intendencia mínimamente realizable. La improvisación suele comportar altas cotas de siniestralidad.

En estos momentos no sabría vislumbrar cómo será la gobernabilidad de Catalunya a finales de año. El president Puigdemont nos cuenta que habrá un referéndum y que él no estará en la Generalitat en el 2018. No sabemos la fecha, ni cómo se va a organizar o bajo qué legalidad se llevará a cabo.

La consulta no será aceptada por el Estado y tampoco por la comunidad internacional. Los precedentes más próximos, Quebec y Escocia, se han celebrado hasta ahora después de un acuerdo previo entre las instituciones.

El Reino Unido no tiene Constitución escrita pero sí tiene jurisprudencia. David Cameron fue a Edimburgo y pactó con Alex Salmond el referéndum del 2014. Quizás porque pensó apresuradamente que los riesgos de la secesión escocesa eran mínimos. Finalmente, ganó por más de diez puntos. Theresa May no ha dicho si va a aceptar la iniciativa de Nicola Sturgeon para celebrar un nuevo referéndum en la primavera del 2019. No es probable que la consulta se celebre en un vacío jurídico y sin un pacto político previo.

¿Adónde vamos con el conflicto creado entre el Govern de Catalunya y el Estado? A una ruptura unilateral o a un pacto político. El independentismo no pondera la hipótesis de un acuerdo. Y Mariano Rajoy se aferra a la ley suprema a pesar de que el presidente saliente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, dijera ayer que el proceso soberanista catalán no puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

En todo caso, las prisas catalanas y la actitud quietista de Rajoy pueden provocar un accidente político grave. Estamos en tiempo de descuento. Si así fuere, habrá que exigir responsabilidades aunque sea demasiado tarde. La política en el mundo democrático es hoy gris y precaria, sin inteligencia creativa. Ganan las ideas simples, seguras, no discutibles ni discutidas, que son el motor de los populismos. La inteligencia política es hoy peligrosa o cuando menos sospechosa.

Es aconsejable releer a Ortega sobre lo que dijo sobre las masas y sobre su visión del problema catalán en el célebre debate con Azaña en la discusión del Estatut de 1932. No se puede resolver, sólo conllevar. La alternativa a la conllevancia es la ruptura unilateral que dejaría a Catalunya a la intem­perie, fragmentada y frustrada. Pido un ­cálculo de riesgos. En su última ­intervención parlamentaria en 1934 Francesc Cambó dijo: “No os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Catalunya subsistirá”. Me quedo con la conllevancia civilizada, abierta, reivindicativa y constructiva.

Preparar el día después, Lluís Foix, La Vanguardia, 9.03.17

Preparar el día después

LLUÍS FOIX
LA VANGUARDIA, 9.03.17

Mientras Fèlix Millet afirmaba ante el tribunal que juzga el caso Palau que la empresa Ferrovial hacía donaciones a CDC a cambio de obra pública, el president Puigdemont confirmaba la fuga hacia delante con la tramitación exprés para la desconexión con España.

Fèlix Millet confesó que las comisiones que llegaban de Ferrovial ascendían al 4%, que se repartían entre CDC, él mismo y Jordi Montull. Los detalles sobre la disponibilidad de dinero en efectivo, se supone que negro, para celebrar bodas, efectuar obras en los domicilios particulares y demás gastos en viajes de lujo a lugares lejanos son lo de menos.

Puigdemont insistió en celebrar el referéndum sin tener en cuenta que el Consell de Garanties Estatutàries ha declarado por unanimidad que es ilegal porque la partida presupuestaria destinada a la celebración de la consulta va en contra de la ley. El president dice que el CGE les ha negado la poesía pero ha avalado la prosa. Viva la metáfora, sí señor.

Puigdemont, de la mano de parte de su partido y bajo la presión de los diputados de la CUP, está llevando al país a un conflicto político y social que no responde a la voluntad de la mayoría de los catalanes. Con trampas y con leyes preparadas en secreto que no están al alcance ni siquiera de los diputados que las tienen que votar. Es impropio que todo este proceder se ejecute, además, dando lecciones de democracia. No se olvide que la democracia, entre otras cosas, es defender a las minorías y someterse a los debates que decisiones tan relevantes merecen. La independencia no es delito siempre y cuando se defienda a través de los mecanismos del Estatut y de la Constitución. De todo lo que ocurre se desprende que el objetivo de Puigdemont es forzar la intervención del Estado con una ruptura unilateral para aparecer ante el mundo como víctimas y para recabar el apoyo de los catalanes que saldrían a la calle para protestar contra el Estado que recorta las libertades. Un bello relato voluntarista e incluso romántico. Albert Manent me hablaba de que había que evitar de nuevo la frustración colectiva.

Las confesiones de Fèlix Millet son variopintas y hasta cierto punto insólitas. Pero confirman la financiación ilegal de CDC, que ha hecho saltar por los aires el partido fundado por Jordi Pujol del que ahora Puigdemont es su sucesor, aunque con siglas distintas.

Es imposible no relacionar la trayectoria política de Artur Mas y de su designado delfín, Carles Puigdemont, con el caso Palau. La corrupción de la que se beneficiaba CDC no fue nunca admitida por Artur Mas, que obligó a Maragall a retirar la acusación del 3% en sede parlamentaria. Era el 4%.

Llegados a este punto, pienso que hay que pensar en el día después para ver cómo se reconstruye la convivencia cívica y política y para ser gobernados por personas más decentes.

Todo tiene un límite, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 4.03.17

Todo tiene un límite

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 4.03.17

Tengo la costumbre de remitir a la redacción de La Vanguardia, todos los miércoles a primera hora, el texto del artículo que aparece los sábados. El pasado miércoles no lo hice. Lo tenía escrito desde el fin de semana anterior y se titula “Memorial”. Hago en él una breve referencia al estado actual del contencioso catalán y me dirijo luego directamente al presidente del Gobierno de España atri­buyéndole la responsabilidad máxima en la resolución de este conflicto. Pero, llegado el momento, no lo envié porque, después de conocida la maniobra torticera pergeñada por Junts pel Sí y la CUP para sacar adelante la ley de desconexión jurídica hurtándola al normal control parlamentario, me pareció que era un escarnio responsabilizar preferentemente a una de las partes enfrentadas cuando la otra no observa los mínimos de una convivencia democrática básica. Los dos párrafos esenciales de dicho artículo ­dicen así:

“Hay que dialogar. Pero no sirve a estos efectos cualquier diálogo. No basta un diálogo informativo (un intercambio de las respectivas posiciones, mil veces reiteradas), ni un diálogo dialéctico (un debate con pretensión de convencer al contrario, casi siempre estéril). Es preciso un diálogo transaccional, en el que ambas partes se hagan recíprocas concesiones para alcanzar un pacto, aunque este sea un apaño. Un diálogo así sólo cabe si ambas partes se conducen de buena fe, sin una mala palabra, ni un mal gesto, ni una mala actitud. No se trata de derrotar a un enemigo, sino de pactar con un adversario al que no se puede despreciar.

”¿Quién habría de iniciar este diálogo? En la resolución de todo conflicto tiene casi siempre mayor responsabilidad quien goza de más fuerza, quien dispone de mayores recursos. Por consiguiente, en un diálogo de este alcance, la iniciativa ha de partir –mediante una oferta– del Gobierno central, presentando al efecto una propuesta concreta de acuerdo sobre la que debatir y transigir, centrada en el reconocimiento nacional de Catalunya, en las competencias identitarias, en las competencias financieras y en la consulta sobre esta propuesta a los ciudadanos catalanes. Y, a su vez, la contraoferta catalana debería consistir en la aceptación de una estructura federal –no confederal (bilateral)– del Estado. ¿Se está aún a tiempo? Sí, aunque no puede desdeñarse el riesgo de un enfrentamiento buscado deliberadamente por los antisistema y por una facción residual de la vieja nomenclatura nacionalista, que jugaría esta última carta para recuperar un poder que considera suyo. Bastaría con que el presidente Rajoy impulsase, antes de este intento, una política transaccional”. Hasta aquí la copia del artículo.

La pregunta que me hice el pasado miércoles y que respondí negativamente es esta: ¿se puede dialogar cuando la otra parte infringe frontal y deliberadamente, si bien de forma solapada e insidiosa, las normas esenciales de la convivencia democrática? Porque esto es lo que han hecho los grupos parlamentarios que sustentan al Govern de la Generalitat de Catalunya. Pretenden aprobar la ley de desconexión que ampararía la convocatoria del referéndum por el procedimiento de lectura única, que excluye el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y prescinde de hecho de la oposición parlamentaria, al tramitarse la ley sin enmiendas ni debates en comisión y con el solo trámite del debate de totalidad en el pleno. Es evidente que con esta tramitación parlamentaria de lectura única se recortan sustancialmente las posibilidades de debate a los parlamentarios opuestos a la secesión unilateral, ya que estos conocerán el texto sobre el que han de pronunciarse prácticamente en el momento de votar. No es extraño que el reglamento del Parlament reserve el trámite de lectura única a los proyectos de ley presentados por el Govern y a las proposiciones de ley presentadas por todos –todos– los grupos parlamentarios. Así las cosas, lo que pretenden ahora Junts pel Sí y la CUP es que un solo grupo parlamentario pueda impulsar una proposición legislativa. Y, para más inri, el texto de la futura ley de transitoriedad jurídica aprobado por Junts pel Sí y la CUP el pasado 29 de diciembre –con un preámbulo y nueve epígrafes– sigue siendo desconocido, lo que supone una maniobra más para evitar la tramitación habitual y el debate parlamentario.

Conclusión. Quienes tal actúan saben que su designio no prosperará: que no habrá referéndum. Sólo buscan la confrontación, cuanto más dura mejor, para así asentar un victimismo de posible repercusión internacional e hipotético rédito electoral. En esta situación, no hay negociación que valga. Sólo queda hacer cumplir la ley. Y tan sólo después de reestablecida la legalidad vulnerada, cuando llegue el inevitable día después, será llegado el momento de retomar el diálogo con espíritu de concordia, voluntad de pacto y predisposición transaccional. Sólo entonces. Hasta entonces, la ley. Como dice un texto de la liturgia católica: Observata lege plena. Esto es: observada la ley hasta el extremo.

Democracia de manual, Rafael Jorba, La Vanguardia, 3.03.17

Democracia de manual

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 3.03.17

Esto va de democracia, repiten los promotores del proceso. Sería oportuno evaluar la calidad de la democracia que se invoca. No voy a analizar el manual para convencer a la Encarni de turno que reparte la ANC. Tampoco valoraré el filibusterismo de que hacen gala los grupos de JxSí y la CUP para aprobar la ley de desconexión por vía de urgencia. Analizaré el manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum, que recaba adhesiones para la celebración de una consulta vinculante. El éxito de la iniciativa ha sido tal que sólo en las primeras 24 horas se recogieron más de 25.000 adhesiones. Entre los primeros firmantes, Pablo Iglesias, que difundió el siguiente tuit: “Para un #referèndum con garantías he firmado el manifiesto. No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas”, y Carles Puigdemont, que le felicitó con otro tuit: “Gracias Pablo por tu compromiso. Se trata de democracia, en efecto. Jo també he signat el manifest”. Más entusiasta se mostró aún Ernest Maragall: “Jo també signo el Manifest. (Això ja és un quasi-referèndum per si mateix!). Passa-ho i multiplica’l”.

Se imponen tres reflexiones. La primera, sobre la vía plebiscitaria y sus riesgos. Hay valores que forman parte del acervo europeo, como es el caso de la abolición de la pena de muerte o del rechazo del racismo. ¿Se imaginan que el xenófobo Geert Wilders ganase las elecciones en Holanda y convocase una consulta exprés para avalar su propuesta de expulsar a los inmigrantes marroquíes? Segunda reflexión: el manifiesto afirma que “el actual marco jurídico español, tal y como han defendido expertos en derecho constitucional, permite la realización de un referéndum en Catalunya”. Es cierto, pero de carácter consultivo. El añorado Rubio Llorente lo explicó en su última conferencia en Barcelona: “El Estado podría hacerlo al amparo del artículo 92 de la Constitución, aunque para ello debería reformarse previamente la ley orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum (…) Si la respuesta evidenciase un apoyo amplio y sólido a la independencia, debería abrirse un diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat sobre la apertura del procedimiento de reforma constitucional”.

Tercera reflexión: el manifiesto afirma que “la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos”. Y así es, pero la secesión –el divorcio político– es el mal menor ante una quiebra irreversible de la convivencia. El ideal democrático, como recuerda Stéphane Dion, alienta a todos los ciudadanos a ser leales entre sí más allá de consideraciones de lengua, etnia, religión, origen o pertenencia. En cambio, la secesión es un ejercicio raro e inusitado en democracia por el cual se elige a los conciudadanos que se quiere conservar y los que se quiere convertir en extranjeros.

En resumen, el proceso ha banalizado la secesión hasta convertirla en el súmmum de la democracia. Esta simplificación marcará a toda una generación de catalanes. Porque no deberíamos preocuparnos sólo por la Catalunya que dejaremos a nuestros hijos, sino por los hijos que dejaremos a Catalunya.