Agitación y propaganda, Rafael Jorba, La Vanguardia, 24.03.17

Agitación y propaganda

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 23.03.17

En el debate sobre el proceso se aprovecha todo, como en el cerdo. Más que a un diálogo asistimos a un monólogo: democracia formal frente a democracia ritual, y ausencia de democracia consensual. Dos relatos paralelos en espera del anunciado choque de trenes. Una batalla simbólica en la que la agitación y la propaganda desplazan la información. Incluso las decisiones de terceros son leídas de manera bien distinta. Pondré dos ejemplos: el supuesto varapalo de la Comisión de Venecia –un órgano consultivo del Consejo de Europa– a la reforma de ley orgánica del Tribunal Constitucional y la inédita apelación al diálogo que hizo Francisco Pérez de los Cobos en su despedida como presidente del TC.

Primer ejemplo. Efectivamente, la Comisión de Venecia, integrada por expertos en derecho constitucional, publicó el pasado 13 de marzo un informe sobre la reforma, impulsada por el Gobierno español, para que el TC pudiera dictar medidas para el cumplimiento de sus propias sentencias. Es verdad que en una de sus conclusiones la comisión “no recomienda que se atribuyan estos poderes” al TC, pero también lo es que acto seguido precisa: “De todas maneras, ante la ausencia de estándares comunes europeos en este campo, la introducción de estos poderes no contradice tales estándares”. Sin embargo, sentada la discrepancia procedimental, la primera conclusión (página 14) es taxativa: “La Comisión de Venecia recuerda que las decisiones de los tribunales constitucionales tienen carácter definitivo y obligatorio (…) y han de ser respetadas por todas las instituciones públicas y los individuos (…) Cuando un funcionario ­público rehúsa ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional, viola los principios de imperio de la ley, separación de poderes y cooperación leal entre los órganos estatales”.

Segundo ejemplo. El discurso de despedida de Pérez de los Cobos. El presidente del TC repitió en voz alta la doctrina que el Alto Tribunal sentó en la sentencia del 25 de marzo de 2014 sobre la Declaración de soberanía del Parlament (23/I/2013). Reproduzco el considerando b): “La Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas (…), en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal (…) Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. Considerando c): “La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’ (…) Este Tribunal ha reconocido que tienen cabida (…) cuantas ideas puedan defenderse y que ‘no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional’”.

He aquí el varapalo de la Comisión de Venecia; también la inédita posición del presidente del TC. Nada nuevo bajo el sol.

La conllevancia o la ruptura, Lluís Foix, la Vanguardia, 16.03.17

La conllevancia o la ruptura

LLUÍS FOIX
LA VANGUARDIA, 16.03.17

En tiempos de velocidad de vértigo es imprescindible disponer de un mapa de carreteras señalizado, una hoja de ruta, un plan de intendencia mínimamente realizable. La improvisación suele comportar altas cotas de siniestralidad.

En estos momentos no sabría vislumbrar cómo será la gobernabilidad de Catalunya a finales de año. El president Puigdemont nos cuenta que habrá un referéndum y que él no estará en la Generalitat en el 2018. No sabemos la fecha, ni cómo se va a organizar o bajo qué legalidad se llevará a cabo.

La consulta no será aceptada por el Estado y tampoco por la comunidad internacional. Los precedentes más próximos, Quebec y Escocia, se han celebrado hasta ahora después de un acuerdo previo entre las instituciones.

El Reino Unido no tiene Constitución escrita pero sí tiene jurisprudencia. David Cameron fue a Edimburgo y pactó con Alex Salmond el referéndum del 2014. Quizás porque pensó apresuradamente que los riesgos de la secesión escocesa eran mínimos. Finalmente, ganó por más de diez puntos. Theresa May no ha dicho si va a aceptar la iniciativa de Nicola Sturgeon para celebrar un nuevo referéndum en la primavera del 2019. No es probable que la consulta se celebre en un vacío jurídico y sin un pacto político previo.

¿Adónde vamos con el conflicto creado entre el Govern de Catalunya y el Estado? A una ruptura unilateral o a un pacto político. El independentismo no pondera la hipótesis de un acuerdo. Y Mariano Rajoy se aferra a la ley suprema a pesar de que el presidente saliente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, dijera ayer que el proceso soberanista catalán no puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

En todo caso, las prisas catalanas y la actitud quietista de Rajoy pueden provocar un accidente político grave. Estamos en tiempo de descuento. Si así fuere, habrá que exigir responsabilidades aunque sea demasiado tarde. La política en el mundo democrático es hoy gris y precaria, sin inteligencia creativa. Ganan las ideas simples, seguras, no discutibles ni discutidas, que son el motor de los populismos. La inteligencia política es hoy peligrosa o cuando menos sospechosa.

Es aconsejable releer a Ortega sobre lo que dijo sobre las masas y sobre su visión del problema catalán en el célebre debate con Azaña en la discusión del Estatut de 1932. No se puede resolver, sólo conllevar. La alternativa a la conllevancia es la ruptura unilateral que dejaría a Catalunya a la intem­perie, fragmentada y frustrada. Pido un ­cálculo de riesgos. En su última ­intervención parlamentaria en 1934 Francesc Cambó dijo: “No os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Catalunya subsistirá”. Me quedo con la conllevancia civilizada, abierta, reivindicativa y constructiva.

Preparar el día después, Lluís Foix, La Vanguardia, 9.03.17

Preparar el día después

LLUÍS FOIX
LA VANGUARDIA, 9.03.17

Mientras Fèlix Millet afirmaba ante el tribunal que juzga el caso Palau que la empresa Ferrovial hacía donaciones a CDC a cambio de obra pública, el president Puigdemont confirmaba la fuga hacia delante con la tramitación exprés para la desconexión con España.

Fèlix Millet confesó que las comisiones que llegaban de Ferrovial ascendían al 4%, que se repartían entre CDC, él mismo y Jordi Montull. Los detalles sobre la disponibilidad de dinero en efectivo, se supone que negro, para celebrar bodas, efectuar obras en los domicilios particulares y demás gastos en viajes de lujo a lugares lejanos son lo de menos.

Puigdemont insistió en celebrar el referéndum sin tener en cuenta que el Consell de Garanties Estatutàries ha declarado por unanimidad que es ilegal porque la partida presupuestaria destinada a la celebración de la consulta va en contra de la ley. El president dice que el CGE les ha negado la poesía pero ha avalado la prosa. Viva la metáfora, sí señor.

Puigdemont, de la mano de parte de su partido y bajo la presión de los diputados de la CUP, está llevando al país a un conflicto político y social que no responde a la voluntad de la mayoría de los catalanes. Con trampas y con leyes preparadas en secreto que no están al alcance ni siquiera de los diputados que las tienen que votar. Es impropio que todo este proceder se ejecute, además, dando lecciones de democracia. No se olvide que la democracia, entre otras cosas, es defender a las minorías y someterse a los debates que decisiones tan relevantes merecen. La independencia no es delito siempre y cuando se defienda a través de los mecanismos del Estatut y de la Constitución. De todo lo que ocurre se desprende que el objetivo de Puigdemont es forzar la intervención del Estado con una ruptura unilateral para aparecer ante el mundo como víctimas y para recabar el apoyo de los catalanes que saldrían a la calle para protestar contra el Estado que recorta las libertades. Un bello relato voluntarista e incluso romántico. Albert Manent me hablaba de que había que evitar de nuevo la frustración colectiva.

Las confesiones de Fèlix Millet son variopintas y hasta cierto punto insólitas. Pero confirman la financiación ilegal de CDC, que ha hecho saltar por los aires el partido fundado por Jordi Pujol del que ahora Puigdemont es su sucesor, aunque con siglas distintas.

Es imposible no relacionar la trayectoria política de Artur Mas y de su designado delfín, Carles Puigdemont, con el caso Palau. La corrupción de la que se beneficiaba CDC no fue nunca admitida por Artur Mas, que obligó a Maragall a retirar la acusación del 3% en sede parlamentaria. Era el 4%.

Llegados a este punto, pienso que hay que pensar en el día después para ver cómo se reconstruye la convivencia cívica y política y para ser gobernados por personas más decentes.

Todo tiene un límite, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 4.03.17

Todo tiene un límite

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 4.03.17

Tengo la costumbre de remitir a la redacción de La Vanguardia, todos los miércoles a primera hora, el texto del artículo que aparece los sábados. El pasado miércoles no lo hice. Lo tenía escrito desde el fin de semana anterior y se titula “Memorial”. Hago en él una breve referencia al estado actual del contencioso catalán y me dirijo luego directamente al presidente del Gobierno de España atri­buyéndole la responsabilidad máxima en la resolución de este conflicto. Pero, llegado el momento, no lo envié porque, después de conocida la maniobra torticera pergeñada por Junts pel Sí y la CUP para sacar adelante la ley de desconexión jurídica hurtándola al normal control parlamentario, me pareció que era un escarnio responsabilizar preferentemente a una de las partes enfrentadas cuando la otra no observa los mínimos de una convivencia democrática básica. Los dos párrafos esenciales de dicho artículo ­dicen así:

“Hay que dialogar. Pero no sirve a estos efectos cualquier diálogo. No basta un diálogo informativo (un intercambio de las respectivas posiciones, mil veces reiteradas), ni un diálogo dialéctico (un debate con pretensión de convencer al contrario, casi siempre estéril). Es preciso un diálogo transaccional, en el que ambas partes se hagan recíprocas concesiones para alcanzar un pacto, aunque este sea un apaño. Un diálogo así sólo cabe si ambas partes se conducen de buena fe, sin una mala palabra, ni un mal gesto, ni una mala actitud. No se trata de derrotar a un enemigo, sino de pactar con un adversario al que no se puede despreciar.

”¿Quién habría de iniciar este diálogo? En la resolución de todo conflicto tiene casi siempre mayor responsabilidad quien goza de más fuerza, quien dispone de mayores recursos. Por consiguiente, en un diálogo de este alcance, la iniciativa ha de partir –mediante una oferta– del Gobierno central, presentando al efecto una propuesta concreta de acuerdo sobre la que debatir y transigir, centrada en el reconocimiento nacional de Catalunya, en las competencias identitarias, en las competencias financieras y en la consulta sobre esta propuesta a los ciudadanos catalanes. Y, a su vez, la contraoferta catalana debería consistir en la aceptación de una estructura federal –no confederal (bilateral)– del Estado. ¿Se está aún a tiempo? Sí, aunque no puede desdeñarse el riesgo de un enfrentamiento buscado deliberadamente por los antisistema y por una facción residual de la vieja nomenclatura nacionalista, que jugaría esta última carta para recuperar un poder que considera suyo. Bastaría con que el presidente Rajoy impulsase, antes de este intento, una política transaccional”. Hasta aquí la copia del artículo.

La pregunta que me hice el pasado miércoles y que respondí negativamente es esta: ¿se puede dialogar cuando la otra parte infringe frontal y deliberadamente, si bien de forma solapada e insidiosa, las normas esenciales de la convivencia democrática? Porque esto es lo que han hecho los grupos parlamentarios que sustentan al Govern de la Generalitat de Catalunya. Pretenden aprobar la ley de desconexión que ampararía la convocatoria del referéndum por el procedimiento de lectura única, que excluye el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries y prescinde de hecho de la oposición parlamentaria, al tramitarse la ley sin enmiendas ni debates en comisión y con el solo trámite del debate de totalidad en el pleno. Es evidente que con esta tramitación parlamentaria de lectura única se recortan sustancialmente las posibilidades de debate a los parlamentarios opuestos a la secesión unilateral, ya que estos conocerán el texto sobre el que han de pronunciarse prácticamente en el momento de votar. No es extraño que el reglamento del Parlament reserve el trámite de lectura única a los proyectos de ley presentados por el Govern y a las proposiciones de ley presentadas por todos –todos– los grupos parlamentarios. Así las cosas, lo que pretenden ahora Junts pel Sí y la CUP es que un solo grupo parlamentario pueda impulsar una proposición legislativa. Y, para más inri, el texto de la futura ley de transitoriedad jurídica aprobado por Junts pel Sí y la CUP el pasado 29 de diciembre –con un preámbulo y nueve epígrafes– sigue siendo desconocido, lo que supone una maniobra más para evitar la tramitación habitual y el debate parlamentario.

Conclusión. Quienes tal actúan saben que su designio no prosperará: que no habrá referéndum. Sólo buscan la confrontación, cuanto más dura mejor, para así asentar un victimismo de posible repercusión internacional e hipotético rédito electoral. En esta situación, no hay negociación que valga. Sólo queda hacer cumplir la ley. Y tan sólo después de reestablecida la legalidad vulnerada, cuando llegue el inevitable día después, será llegado el momento de retomar el diálogo con espíritu de concordia, voluntad de pacto y predisposición transaccional. Sólo entonces. Hasta entonces, la ley. Como dice un texto de la liturgia católica: Observata lege plena. Esto es: observada la ley hasta el extremo.

Democracia de manual, Rafael Jorba, La Vanguardia, 3.03.17

Democracia de manual

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 3.03.17

Esto va de democracia, repiten los promotores del proceso. Sería oportuno evaluar la calidad de la democracia que se invoca. No voy a analizar el manual para convencer a la Encarni de turno que reparte la ANC. Tampoco valoraré el filibusterismo de que hacen gala los grupos de JxSí y la CUP para aprobar la ley de desconexión por vía de urgencia. Analizaré el manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum, que recaba adhesiones para la celebración de una consulta vinculante. El éxito de la iniciativa ha sido tal que sólo en las primeras 24 horas se recogieron más de 25.000 adhesiones. Entre los primeros firmantes, Pablo Iglesias, que difundió el siguiente tuit: “Para un #referèndum con garantías he firmado el manifiesto. No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas”, y Carles Puigdemont, que le felicitó con otro tuit: “Gracias Pablo por tu compromiso. Se trata de democracia, en efecto. Jo també he signat el manifest”. Más entusiasta se mostró aún Ernest Maragall: “Jo també signo el Manifest. (Això ja és un quasi-referèndum per si mateix!). Passa-ho i multiplica’l”.

Se imponen tres reflexiones. La primera, sobre la vía plebiscitaria y sus riesgos. Hay valores que forman parte del acervo europeo, como es el caso de la abolición de la pena de muerte o del rechazo del racismo. ¿Se imaginan que el xenófobo Geert Wilders ganase las elecciones en Holanda y convocase una consulta exprés para avalar su propuesta de expulsar a los inmigrantes marroquíes? Segunda reflexión: el manifiesto afirma que “el actual marco jurídico español, tal y como han defendido expertos en derecho constitucional, permite la realización de un referéndum en Catalunya”. Es cierto, pero de carácter consultivo. El añorado Rubio Llorente lo explicó en su última conferencia en Barcelona: “El Estado podría hacerlo al amparo del artículo 92 de la Constitución, aunque para ello debería reformarse previamente la ley orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum (…) Si la respuesta evidenciase un apoyo amplio y sólido a la independencia, debería abrirse un diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat sobre la apertura del procedimiento de reforma constitucional”.

Tercera reflexión: el manifiesto afirma que “la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos”. Y así es, pero la secesión –el divorcio político– es el mal menor ante una quiebra irreversible de la convivencia. El ideal democrático, como recuerda Stéphane Dion, alienta a todos los ciudadanos a ser leales entre sí más allá de consideraciones de lengua, etnia, religión, origen o pertenencia. En cambio, la secesión es un ejercicio raro e inusitado en democracia por el cual se elige a los conciudadanos que se quiere conservar y los que se quiere convertir en extranjeros.

En resumen, el proceso ha banalizado la secesión hasta convertirla en el súmmum de la democracia. Esta simplificación marcará a toda una generación de catalanes. Porque no deberíamos preocuparnos sólo por la Catalunya que dejaremos a nuestros hijos, sino por los hijos que dejaremos a Catalunya.

Catalunya como trofeo, José Antonio Zarzalejos, La Vanguardia, 19.02.17

Catalunya como trofeo

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
LA VANGUARDIA, 19.02.17

Quien no se sienta, primero, concernido por lo que ocurre en Catalunya, y luego, consternado por la naturaleza de los acontecimientos que le afectan y le van a afectar en el futuro inmediato, es un completo irresponsable cívico. Sólo desde la ignorancia de la historia de España y de la propia Catalunya puede entenderse el alto nivel de majestuosa indiferencia que suscita fuera del Principado –y aun dentro de él– la extrema tensión interna que registra su sociedad y, sobre todo, su relación con el conjunto de España. Las encuestas y algunos medios de comunicación están creando un paradigma pernicioso de la cuestión catalana. Nadie, ni los propios impulsores del proceso soberanista, parecen haber reparado en que Catalunya se ha convertido, para las distintas fuerzas políticas, en un trofeo como recompensa de la victoria en una batalla por la hegemonía en el conjunto del país.

Podría sostenerse que Catalunya se ha transformado también en una especie de campo de Agramante, me­táfora de lugar de confusión y desconcierto, en el que toda irresponsabilidad es posible y sobre el que impactan los discursos más insensatos en el peor de los contextos políticos, sea el español, el europeo y el occidental en general. España en lo socioeconómico no acaba de salir de la crisis, está endeudada hasta más allá del cien por cien de su PIB, registra una debilidad recaudatoria que no le permite moderar su déficit público y padece su peor recesión demográfica tras la posterior a la de la Guerra Civil (1936-39). Un escenario –para todos– inquietante.

En Europa, la amenaza de los populismos –en este caso de ultraderecha– nos presenta unos Países Bajos con el ascenso del ultra Geert Wilders, una Francia en la que competirá por su presidencia un outsider como Em­manuel Macron frente a la radical Marine Le Pen y, en Alemania, la extrema derecha, sin posibilidades de gobierno, sí las tiene de mayor presencia institucional. Por bien que se desarrollen esos tres procesos electorales, la idea de una Europa más unida y más sólida no seguirá en progreso sino en recesión, mientras el conservadurismo británico traiciona a la UE con un exit que su primera ministra promete “duro y limpio”. Y si conectamos este panorama con la gestión de Trump, ferviente antieuropeo, llegaremos a la conclusión de que el tirón secesionista en Catalunya y la rebatiña argumental de los par­tidos políticos y el Gobierno sobre qué solución –o no solución– se ofrece a la cuestión, constituyen actitudes temerarias.

El contexto político occidental debería, en consecuencia, urgir a un giro en el tratamiento de este conflicto –dentro y fuera de la propia Catalu­nya– porque tal y como se plantea no tiene salida de buena factura. Jurídicamente, el contexto constitucional en Europa no hace verosímil una ­secesión por más que se hayan producido excepcionales situaciones fácticas legitimadoras. Las democracias francesa y alemana son militantes con cláusulas de intangibilidad sobre su integridad territorial; en el Reino Unido, su Tribunal Supremo acaba de rechazar la competencia de los parlamentos de Escocia e Irlanda del Norte para prestar su consentimiento a la activación de la salida del país de la UE, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró el pasado día 9 de febrero en Madrid que “ir contra la Constitución es ir contra la Unión Europea”. El secesionismo no tiene chance en el derecho comparado estandarizado y Catalunya no es Ko­sovo.

Sin embargo, es también inhabitual y contrario a los usos democráticos que sobre un conflicto como el que plantea al Estado una parte de las fuerzas políticas de Catalunya que representa a un porcentaje superior al 40% de su electorado, no se haya iniciado una dinámica de negociación que, sin quebrar los fundamentos constitucionales, trate de encauzar la discrepancia para que desemboque desactivada en un estuario más ancho para Catalunya y más renovador para el conjunto de España, cuya unidad constitucional –entendida en la pluralidad de la Carta Magna– ha de ser una línea roja. Como esa interlocución no se ha producido, seguimos en un terreno inexplorado. ¿A esa incógnita se refería Mas, de pasada, en su intervención en Madrid el pasado jueves? La judicialización del 9-N (¿delito o performance?) convierte el caso de los catalanes –que es el caso español– en una rareza en la Europa del 2017 y, cuando se dicte sentencia, sea condenatoria o no, nos introduciremos en un capítulo del constitucionalismo y de la política europea que carece de referencias comparativas.

La reducción de la cuestión a los términos de un pugilato que acabará en Catalunya y en el conjunto de España en unas elecciones catalanas y legislativas, en tiempos diferentes pero muy concatenados, invita a los actores políticos a la confrontación mucho más que al riesgo del entendimiento. Los congresos del pasado fin de semana –del PP y de Podemos– reiteraron que el modelo territorial sigue siendo la manzana de la discordia en nuestro país desde el siglo XIX. Los socialistas, por su parte, ensimismados, esgrimen el modelo federal –que provoca un invencible escepticismo en los morados y rechazo en los azules– mientras el secesionismo no cede y ya ha cundido la firme convicción de que Catalunya ha de ser el gran tour de force de la política española. Necesitaríamos un redivivo y bíblico Salomón que nos enfrentase a igual dilema que al de las madres que disputaban por el mismo hijo.

Entender Catalunya como trofeo –sea por los secesionistas, sea por el Estado– significa infringir al conjunto una herida mortal en su esencia e integridad. Resultaría así que, los unos y los otros, desoyen la orteguiana advertencia de que toda realidad que se desconoce –la catalana y la española– prepara su venganza. Y será tan desagradable y abrupta como los episodios de estos últimos días durante los cuales se ha tomado naturaleza verosímil una supuesta y ma­loliente operación Catalunya .

La encrucijada de Artur Mas, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 18.02.17

La encrucijada de Artur Mas

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 18.02.17

Toda vida es muy corta si se enmarca en la historia. Corta y, casi siempre, intrascendente e irrelevante. Una persona tiene pocas ocasiones a lo largo de su existencia –si es que las tiene– de atinar con grandes aciertos o cometer grandes errores, y aún menos de tomar decisiones que incidan en la vida de sus semejantes y afecten a su destino. Artur Mas i Gavarró es una excepción a esta regla. El 6 de febrero del 2017 tuvo la oportunidad de adoptar una de estas decisiones susceptibles de convertirse en indiscutibles aciertos o en graves errores, de aquellas que trascienden a la peripecia personal del actor para revestir una trascendencia general. Aquel día Artur Mas compareció ante el tribunal que había de juzgarle por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación cometidos en relación con la consulta del 9-N. Tenía ante sí una doble posibilidad: adoptar una actitud heroica o adoptar una actitud prudente.

Una actitud heroica hubiese sido asumir ante el tribunal tanto la responsabilidad política de aquellos hechos –su iniciativa, diseño e impulso inicial– como toda la respon­sabilidad derivada de la preparación inmediata y ejecución de los mismos tras la prohibición del Tribunal Constitucional, sin eludir las consecuencias de la implícita ruptura de la legalidad española que ello im­plicaba y negando, si se terciaba, la juris­dicción del tribunal juzgador. En cambio, una actitud prudente fue asumir la responsabilidad política y negar cualquier tipo de responsabilidad jurídico-penal adoptando una doble línea de defensa. Primera. No existe prueba de cargo suficiente de algún acto de desobediencia posterior a la providencia del Constitucional, ni consta que los acusados lo impulsaran con posterioridad. Segunda. Aun cuando se probase algún acto de desobediencia, este no constituiría el delito tipificado por el artículo 410 del Código Penal, que requiere “un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta”, ya que –según el informe de la Junta de Fiscales de Catalunya– faltaron en este caso una “orden concreta, precisa y determinada”, así como “un destinatario concreto”.

Artur Mas optó por esta actitud prudente, declinando en los voluntarios la autoría de todos los actos de ejecución de la consulta del 9-N posteriores al 4 de noviembre. Esta decisión es digna de todo el respeto que ­merecen los argumentos de defensa de quien se halla encausado, pero conviene ponderar la razón que impulsó a Artur Mas para adoptarla. La razón de fondo de que Mas no adoptase una actitud heroica de ­ruptura frontal de la legalidad española es –a mi juicio– su convicción de que, en este ­momento, es absolutamente imposible una declaración unilateral de independencia. Y ello por dos motivos. El primero estriba en que, pese a que los independentistas identifican siempre a una parte –ellos– con el todo –Catalunya–, lo cierto es que, en estos momentos, sólo rozan la mitad de la población catalana, lo que implica una división –no fractura– de la ciudadanía en dos parte iguales, disuasoria de toda veleidad secesionista por la vía de los hechos. El segundo motivo radica en la evidente ausencia de un apoyo internacional operativo, pese a los intentos y aproximaciones ensayados sin éxito. No incluyo entre estos motivos el temor a la reacción del Gobierno de España, pues doy por descontado que el desprecio que buena parte de los independentistas exhibe por España como proyecto histórico y entidad política, su desdén por lo español y su minusvaloración de todo lo hispánico son tan grandes, que considera que España es ya “la morta” de la que hablaba Joan Maragall, un cuerpo exangüe incapaz de reacción. Algo que está por ver: quizá “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Si llega el momento, se verá lo que sea.

En cualquier caso, Artur Mas i Gavarró optó por la prudencia impulsado por la razón dicha y movido también por su conveniencia personal: poderse presentar, si es absuelto, a las próximas elecciones. Estaba legitimado para ello y su decisión –ya se ha dicho– debe respetarse. Pero todo tiene un precio y su opción también lo tiene y grande. Nunca más se le presentará a Artur Mas la oportunidad de asumir el liderazgo heroico de su país, convirtiéndose en un dirigente transversal que encarne, en un momento histórico, el sentir colectivo que aspira a ser dominante. Su apuesta por la prudencia le hace ubicarse dentro de la política normal, en la que será, a partir de ahora, otro actor. Distinguido, pero uno más.

Podría concluirse que Artur Mas es otra víctima del proceso que él tanto ha contribuido a impulsar y que, llegado a su desenlace, choca con la realidad de los hechos. Y es que los hechos son tozudos. Las cosas son lo que son y no lo que quisiéramos que fuesen. Y, por ello, el proceso no puede sobreponerse a sus dos limitaciones congénitas: no ser el independentismo hegemónico en Catalunya y, quizá por ello, no contar con un apoyo internacional decisivo. ¿Puede ser en el futuro de otra manera? Puede ser… o no.