La democracia y la república, Llàtzer Moix, La Vanguardia, 21.01.18

La democracia y la república

LLÀTZER MOIX
LA VANGUARDIA, 21.01.18

Cerca de casa, un vecino ha colgado una pancarta con el lema “Democràcia!”. No es una pancarta de tamaño balcón, sino de tamaño terraza, por lo que ocupa buena parte de la fachada del inmueble. Veo esa pancarta a diario, nada más salir de mi portería. Los días que salgo en modo ingenuo la leo una vez más y me pregunto: ¿en lugar de democràcia! también podría decir igualtat!, no? O educació obligatòria i gratuita! O sanitat universal! O cultura! O pau! Es decir, podría saludar otras conquistas que todos defendemos u otros deseos que todos compartimos. En cambio, los días que salgo con la candidez bajo control sólo pienso: otro cartel suntuario de Òmnium reclamando lo que ya tenemos.

Cuelgan de las fachadas de Catalunya muchos carteles como ese. Òmnium puso en marcha una campaña a tal fin ante el Onze de Setembre. Y debió imprimir mucha propaganda, porque ahora, según anuncia su web, regala camisetas y zurrones con el democrático lema a quienes capten nuevos socios para la entidad. En la Assemblea ­Nacional Catalana (ANC), el otro gran motor del independentismo, son más parti­darios del do it yourself. En su web los fieles pueden descargarse los carteles de turno, imprimirlos a su cargo y acto seguido acatar la siguiente orden: “Empapera el teu poble o barri”. Por ejemplo, con carteles en los que se lea “Som república”. O bien “O república o república”.

Democracia y república son dos conceptos de los que el movimiento soberanista ha tratado de apropiarse, identificándolos con la independencia de Catalunya. Como si fueran lo mismo. Toda persona instruida sabe que la democracia es un sistema de gobierno donde los ciudadanos eligen a los gobernantes. Que la república es un modelo de Estado con un presidente en su cúspide. Y que la independencia es aquí otra cosa: un anhelo compartido el 21-D por el 47,5% de los votantes catalanes. O sea, hoy en día la fusión real –no la propagandística– de estos tres conceptos en uno es sólo virtual.

El independentismo lo ve de otra manera. Porque piensa que al unir su objetivo a conceptos como democracia o república lo enaltece, le da brillo y lo blinda ante reproches. ¿Quién osaría pronunciarse contra la democracia o la república? Por ello, no está dispuesto a soltar dichos conceptos ni a aceptar que el primero, a diferencia del segundo, ya rige hoy tanto en España como en Catalunya; o que el independentismo, por mucho que vocee lo contrario, no siempre honra los valores democráticos ni los republicanos. Por ejemplo, no honró la democracia, sino que la ofendió, cuando se saltó la ley y ninguneó a la oposición del Parlament. Ni honran a la república los políticos de estilo rufianesco o esos llamados comités de defensa republicana que dedican sus esfuerzos a paralizar el país.

El proceso acabó devolviendo a Catalunya de la preindependencia a la preautonomía; es decir, acabó en fracaso. Ha echado a perder la convivencia entre catalanes, ha dañado su economía, ha subvertido el orden de prioridades propio de una sociedad con auténticos valores republicanos, ha triturado el sentido del ridículo así como nuestra imagen internacional, etcétera. Pero la lista de perjudicados no acaba ahí. Entre ellos se cuentan también los propios conceptos de democracia y república, que en manos de la ANC y Òmnium pierden esencias a la misma velocidad que van acumulando rémoras procesistas.

Para los de mi generación, que fue joven en el tardofranquismo, la república era sinónimo de democracia. Franco había derrocado la Segunda República, había arrasado sus libertades e instituciones y las había sustituido por una dictadura. Y aunque la Segunda República española fue un sobresalto –y la antesala de otro sobresalto mayor: la II Guerra Mundial–, la percibíamos también como lo que de hecho fue en su día: un oasis democrático en una historia de España hecha de contrarreformas; un régimen en el que resonaban lejanos ecos de la democracia ateniense, o de la libertad, igualdad y fraternidad republicanas francesas.

Me pregunto qué concepto tiene hoy de la república un adolescente criado en una atmósfera política dominada por la agitprop indepe. Debe verla, quizás, como algo idealizado, identificable con la democracia en general –salvo con la española, que parece decrépita y putrefacta gracias a ciertos gobernantes– y, también, con una Catalunya libre guiada por hombres bondadosos, pacíficos y sin mácula, en la que sería inconcebible nada similar al caso Palau. En la que subirían mucho las pensiones y ataríamos los perros con longanizas. Jauja.

Pero otros, cuando vemos la democracia y la república asociadas a esa idea de ensueño de la independencia, tememos que conceptos tan respetables vayan perdiendo peso por el uso excluyente que parte de la población hace luego de ellos.

Anuncis

El undécimo mandamiento, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 20.01.18

El undécimo mandamiento

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VAGUARDIA, 20.10.18

Una misma idea puede expresarse de diversas formas. Así, el Evangelio de san Juan (11, 49-50) dice de un modo dramático: “Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca”. Y no le va a la zaga en dramatismo Salvador Espriu cuando amonesta a Sepharad (España para los judíos) diciéndole: “A veces es necesario y forzoso / que un hombre muera por un pueblo, / pero jamás ha de morir todo un pueblo / por un hombre solo: / recuerda siempre esto, Sepharad”. En cambio, un jurista –José González Palomino– adopta un registro humorístico para decir lo mismo a propósito del albacea, aquella persona que el testador nombra en su testamento para que ejecute su última voluntad, pero cuya designación resulta a veces innecesaria o incluso contraproducente por no necesitarlo los herederos para entenderse entre sí; razón por la que Palomino aconseja que, en estos casos, lo mejor que puede hacer el albacea es quitarse de en medio y dejar a los herederos solos, observando así el undécimo mandamiento de la ley de Dios, que es no estorbar. Ya no se trata por tanto de morir, sino simplemente de no dar la lata, de no estorbar. Y, por último, la misma idea la ha expresado concisa y llanamente un político catalán hoy en el dique seco y tal vez en vía de desguace –Artur Mas–, refiriéndola al campo de la política: primero está el país, luego el partido y, por ­último, uno mismo. Se puede decir más alto pero no más claro.

¿En quién estoy pensando al traer a colación tres expresiones de una misma idea? Ustedes lo saben: en Carles Puigdemont Casamajó, expresidente de la Generalitat. Pienso –lo digo de entrada– que no debe postularse como próximo presidente de la Generalitat. Bien sé, al decirlo, que muchos tildarán mi posición de antidemocrática basándose en tres razones: 1) Que le han votado cerca de un millón de catalanes, ya que su candidatura se presentó al solo efecto de que Puigdemont sea president, para dar así continuidad a la situación anterior a la aplicación –abusiva, según este criterio– del artículo 155 de la Constitución. 2) Que la candidatura de Puigdemont es más que previsible que sería votada mayoritariamente en la sesión de investidura. 3) Que no existen impedimentos reglamentarios que no sean superables por una interpretación flexible del Reglamento de la Cámara catalana.

No entro en el debate de estas tres razones, que, por lo que hace a la tercera, es más que discutible. Las doy por buenas a efectos dialécticos. Mi objeción a la candidatura de Puigdemont se plantea en otro terreno: el de la prudencia política. Desde esta perspectiva, entiendo sin sombra de duda que el hecho de que Carles Puigdemont persista en presentar su candidatura es un acto de grave imprudencia política porque, de ser elegido, se perpetuará y agravará la actual situación agónica de la política catalana, con grave detrimento de la paz social y de la estabilidad económica. ¿En qué me fundo? En lo que ha pasado hasta ahora y en una previsión de lo que puede pasar a partir de ahora.

Lo que ha pasado es evidente. Proclamada sin auténtica determinación la República, quedaron claros dos hechos: 1) Que no estaba preparada ninguna estructura de Estado. 2) Que era absolutamente nulo el respaldo internacional, de conformidad con los previos pronunciamientos negativos al respecto, en especial el reiterado de la Unión Europea. Ni tan siquiera se arrió la bandera de España del Palau de la Generalitat; y, el fin de semana siguiente, el Govern de la Generalitat se diluyó por propia iniciativa. Y respecto a lo que pasará si Carles Puigdemont es elegido presidente de la Generalitat, no hay duda de que ­será más de lo mismo. La razón es obvia: la realidad sigue siendo la misma. No hay estructuras de Estado alternativas a las existentes, y sigue siendo nulo el respaldo in­ternacional. Añádase a ello que el Estado ha reaccionado con dureza en defensa propia, habiendo asumido la iniciativa el poder ju­dicial ante la atonía inexplicable del Gobierno central, incapaz durante años de afrontar políticamente el problema y desbordado cuando este ha hecho crisis, lo que hace digno al presidente Rajoy de un futuro estudio clínico por su pasividad, al modo y manera de los que realizó en su día el doctor Marañón de diversas figuras históricas. Total, que lo que no puede ser no puede ser y, además, es impo­sible.

En esta tesitura, previendo el daño grave e irreparable que para Catalunya puede irrogarse si Carles Puigdemont no da un paso atrás, y sin discutir sus razones, es por lo que, apelando al indiscutible amor que él siente por su patria, pienso que puede pedírsele que renuncie a ser candidato, dejando el campo libre a otro político independentista (los independentistas tienen mayoría parlamentaria), que pueda presidir un gobierno estable. La renuncia como forma más alta de amor. Sé que esto suena a bolero, pero es de verdad lo que pienso y, sobre todo, lo que siento.

Fórmulas inviables, Francesc Pau i Vall, La Vanguardia, 11.01.18

Fórmulas inviables

FRANCESC PAU I VALL
LA VANGUARDIA, 11.01.18

La investidura es el acto parlamentario mediante el cual el Parlament elige al president de la Generalitat, de manera análoga a la elección de los presidentes de gobierno en los sistemas parlamentarios. El candidato que proponga el presidente del Parlament, el que disponga de más apoyo parlamentario, ha de exponer su programa i después intervienen los grupos parlamentarios, i el candidato, razonablemente, responde a las consideraciones y cuestiones planteadas por los diversos grupos, que pueden responder al candidato. Si el candidato obtiene la mayoría absoluta de votos es investido presidente; si no, hay que hacer un nuevo debate y votación 48 horas después y el candidato solo necesita la mayoría simple, es decir, más votos favorables que desfavorables.

Ante el anuncio de la posibi­lidad de que Carles Puigdemont opte a ser investido desde Bru­selas, hay que decir que en el ámbito del derecho parlamentario se tienen muy presentes los precedentes y no hay ningún precedente en los sistemas parlamentarios oc­cidentales de este supuesto. En una interpretación sistemática del reglamento no es posible un de­bate telemático de investidura. Por poner un ejemplo, en los debates el presidente del Parlamento es la máxima autoridad dentro de la Cámara, que puede retirar el uso de la palabra a cualquier di­putado o incluso expulsarlo del hemiciclo, cosa que ha pasado en contadas ocasiones, pero ha pa­sado. ¿Cómo podría ejercer la autoridad el presidente de la Cá­mara por videoconferencia? ¿Qué control podría ejercer sobre el espacio donde estaría el candidato o sobre las personas que lo aseso­rarían? Si el candidato pudiera optar por hacer su intervención en el pleno por videoconferencia, ¿podrían el resto de diputados, intervenir también por videoconferencia? ¿ Podría, en esta línea, el candidato investido gobernar desde Bruselas por videoconferencia?

Uno de los principios en que se fundamenta el Estado de derecho, que es aquel en que todos los poderes públicos y los ciudadanos están sometidos al derecho, es el de seguridad jurídica, hecho que comporta la predictibilidad de la actuación de los poderes públicos. Ciertamente los Parlamentos son hoy institu­ciones envejecidas, que hace falta actualizar y modernizar, pero no es jurídicamente aceptable que se modifique el reglamento del Parlament, que es la norma que regula los procedimientos parlamentarios, con prácticamente la mitad de la Cámara en contra, en función de una situación polí­tica particular. Ciertas normas, ­como el reglamento del Parlament, tienen que tener el máximo consenso posible a fin de evitar que cada mayoría parlamentaria las modifique a su conveniencia, porque en la legislatura siguiente se puede revertir la modificación hecha, con el consiguiente desbarajuste e inseguridad.

No parece tampoco jurídicamente aceptable que el discurso de investidura sea leído por otra persona, pues la norma dice que el candidato presentará a la Cámara su programa de gobierno. Por otra parte, ¿cómo respondería la persona interpuesta a las preguntas formuladas por los diversos grupos parlamentarios?

Si el candidato Puigdemont fuera investido, el presidente del Parlament lo tendría que comunicar al Rey para que lo nombrara. Y dado que se trata de una monarquía parlamentaria, la voluntad del Rey no cuenta, ya que sus actos tienen que ir refrendados, avalados, por un político; en este caso por el presidente del Gobierno del Estado , que es el responsable formal de ese acto. El presidente Rajoy, presumiblemente, no refrendaría el nombramiento del presidente de la Generalitat investido por alguna de las dos vías mencionadas y, por lo tanto, el nombramiento no se haría efectivo.

Una investidura en estas condiciones sería impugnada ante el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que la autonomía catalana está hoy intervenida por el Estado en virtud del artículo 155 de la Constitución, y que hay un número significativo de políticos de primera fila investigados, otros han dimitido de sus cargos, otros han huido y otros están en prisión provisional, desproporcionada a criterio de varios juristas.

Fatiga de ‘procés’, Antón Costas, La Vanguardia, 10.01.18

Fatiga de procés

ANTÓN COSTAS
LA VANGUARDIA, 10.01.18

Por qué ha sido tan rápida e intensa la huida de sedes corporativas de empresas catalanas a partir de los primeros días de octubre pasado, cuando el procés independentista des­carriló y abandonó las vías de la legalidad. Esta cuestión no tiene hasta ahora una buena respuesta.

Antes de buscarla, permítanme una aclaración. No es cierto, como se ha dicho, que desde el mundo empresarial y las instituciones económicas catalanas no se ­hubiera advertido de las consecuencias probables si el procés entraba en una vía unilateral, contraria a la legalidad. Sí se hizo, como puede comprobarse en las hemerotecas.

El problema estuvo en que ni los gobiernos de la Generalitat ni el mundo del independentismo quisieron hacer oídos a esa posibilidad. Al contrario, daban por supuesto que ocurriría todo lo contrario. Y acusaron a aquellos que advertían de ese peligro de estar utilizando el “argumento del miedo” contra el procés.

Como esa acusación de pasividad empresarial aún circula, es necesario recordar una cosa: no es misión de los empresarios salvar el país; su función es la de salvar a sus empresas, en beneficio de sus trabajadores, accionistas, acreedores, clientes y proveedores. Esa es la tarea de los políticos.

Volvamos ahora a la cuestión inicial. Una respuesta, que yo mismo utilicé en alguna otra ocasión en estas páginas, es la de los efectos que sobre la vida cotidiana de las empresas proyectó la fuerte incertidumbre política asociada al procés . Una incertidumbre que también influyó en las decisiones de los consumidores y ahorradores. En este sentido, la incertidumbre del procés es como una densa niebla que cuando vas conduciendo no permite ver los peligros que hay por delante. La conducta prudente es pararse en el arcén y esperar a que la niebla despeje; o, si es posible, coger otra carretera que esté despejada. Eso es lo que hicieron muchas empresas catalanas. Unas pararon inversiones a la espera de ver si se despejaba la situación; otras, sin embargo, optaron por marcharse a otros lugares en los que no existía esa niebla.

Esa niebla es la que llevó a muchos ahorradores, algunos de ellos independentistas, a retirar sus ahorros de las dos entidades bancarias con sede en Catalunya al día siguiente del referéndum ilegal. No hizo falta ningún decreto ministerial ni llamada telefónica. Sencillamente hicieron uso de su derecho a poder irse a dormir sin el temor de que a la mañana siguiente sus depósitos fueran presa de un corralito financiero, tal como amenazó algún sector del independentismo.

Esta es, sin duda, una parte de la explicación. Pero no es toda la historia. Tiene que haber algo más.

La hay. Es la fatiga del mundo empre­sarial por cinco años ininterrumpidos de procés. La fatiga es un factor esencial en el comportamiento de los materiales. También lo es de las personas y de las organi­zaciones. Los tecnólogos saben que hay un límite de resistencia a la fatiga a partir del cual los materiales quiebran. Los psicólogos también lo saben. Por eso recomiendan descanso o un cambio de ambiente frente a la fatiga. Los activistas y políticos independentistas parecen no saberlo.

Cinco años seguidos de procés y de construcción de “estructuras de Estado” que amenazan el cotidiano discurrir de la actividad empresarial fueron acumulando una enorme fatiga empresarial. Ese cansancio llegó al límite de su resistencia con el referéndum no legal del 1 de octubre. La chispa la produjo la salida de depósitos de Banc Sabadell y CaixaBank y la decisión de estas instituciones de cambiar su sede. Fue como un pistoletazo para que otras empresas no financieras dieran rienda suelta a la fatiga acumulada. No fue el miedo a las consecuencias de una independencia que, en todo caso, se veía improbable. Sencillamente, fue la necesidad de acabar con la fatiga mediante un cambio de aires.

La pregunta que ahora se nos hace a los economistas es si esa huida de sedes empresariales es reversible. Permítanme abusar un poco más de la metáfora. Los psicólogos utilizan el concepto de “resilencia” para referirse a la capacidad de los individuos y las organizaciones para adaptarse a las presiones sin llegar a romperse, para después volver a recuperar su forma inicial. Si remite la causa de la fatiga es posible que muchas de esas decisiones reviertan. Pero eso dependerá de que los dirigentes políticos y los activistas del independentismo hayan aprendido la lección. Deseo que así sea. Pero, en ocasiones, mirando al entorno, tengo el temor de estar comportándome como un optimista ingenuo.

Mirar más lejos, Daniel Innerarity, La Vanguardia, 7.01.18

Mirar más lejos

DANIEL INNERARITY
LA VANGUARDIA, 7.01.18

Las actuales tensiones territoriales tienen muchas explicaciones en la historia reciente y tal vez no habrían adquirido su actual envergadura si no hubiera habido, por ejemplo, crisis económica o sentencia sobre el Estatut, pero tampoco se explican sólo por eso. Estos conflictos son, en el fondo, una manifestación más de la recomposición de la autoridad que está teniendo lugar en el mundo y de todos los fenómenos que esta crisis arrastra consigo: cuestionamiento de los marcos vigentes, perplejidad frente la creciente incertidumbre, inseguridad ante la falta de protección… a lo que se reacciona de manera más o menos razonable según el caso. Otras explicaciones de corto alcance, incluidas aquellas menos benévolas con sus protagonistas, no nos van a servir para encontrar la solución.

Como desconozco el curso que van a tomar los acontecimientos en el futuro inmediato, propongo que imaginemos hacia dónde deberíamos apuntar si queremos configurar sociedades más justas, integradas y democráticas. Para averiguar cuáles son las líneas de evolución más prometedoras no hace falta compartir ese hegelianismo barato que pretende haber identificado con absoluta claridad el sentido de la historia y nos invita a someternos a su destino. Tampoco es necesario ser un idealista que desconoce las limitaciones de nuestra condición para defender que esa mirada amplia requiere que nos situemos en un horizonte de innovación conceptual. Estamos en medio de profundas transformaciones sociales y los problemas políticos no se solucionan sólo con ideas pero tampoco sin ellas. En las próximas semanas y meses habrá muchas personas ocupadas con el tacticismo, pero tal vez debería haber además quienes miren más lejos, digan algo nuevo y diseñen un espacio democráticamente habitable.

Tenemos que hacer, entre otras cosas, un esfuerzo colectivo de renovación conceptual porque los viejos conceptos políticos y sus instrumentos jurídicos no permiten esa reconfiguración de los espacios políticos que exige la convivencia democrática en sociedades compuestas. Y lo que yo vislumbro en ese futuro no tan lejano es que todo lo que se construya de positivo para la convivencia política en el siglo XXI será en términos de diferencia reconocida. Ni la imposición, ni la subordinación, ni la exclusión, ni el unilateralismo son compatibles con una sociedad democrática avanzada.

Tiene que haber alguien gestionando el presente inmediato, por supuesto, pero no perdamos de vista que en esas escaramuzas no está la solución. La mayor parte de las propuestas que se oyen son versiones más o menos ingeniosas de nuestros actuales enredos. La última, la de Tabarnia, es una demostración de que no se ha entendido nada y de que, en lugar de propuestas integradoras, se prefiere jugar a agudizar las posibles contradicciones del adversario. Pero el esquema continúa siendo el del pasado: hagamos lo mismo en otro territorio, con la misma lógica del Estado nacional y sus atributos, empezando por la bandera y terminando por la designación de un enemigo que pueda cohesionarnos. La única novedad es la paradoja de que de este modo se sitúan las fronteras y los territorios en un horizonte de contingencia, disponible para la decisión de sus habitantes. Se trata de una curiosa manera de dar la razón a los soberanistas intentando quitársela.

Las soluciones no discurren, a mi juicio, por esos derroteros. Siento ponerme demasiado teórico, pero es mi oficio y nadie es perfecto. En esta tarea de mirar más lejos hace falta la intervención de muchos oficios y perspectivas. Necesitaremos a quienes se ocupen de la reconstrucción de la confianza, a los negociadores y los diplomáticos o a los que nos advierten sobre lo que es constitucionalmente posible, pero no desdeñemos la aportación de la reflexión teórica acerca de las novedades que se intuyen en el desarrollo futuro de las sociedades democráticas. Nuestro gran desafío es pensar la arquitectura policéntrica de las sociedades a todos los niveles, desde el multilateralismo global hasta las comunidades locales, configurando una gobernanza multinivel que integre a la ciudadanía según diversas lógicas y sin que se impida así el gobierno efectivo de las sociedades. Imagino la solución a nuestras tensiones políticas en un nuevo espacio que sustituya al mundo de las jerarquías y las subordinaciones, ámbitos en los que la relación entre un centro y una periferia sea corregida por la emergencia de una multitud de centros que compiten y se complementan.

Este tipo de configuraciones políticas va a requerir dos cosas: una nueva legitimación y una innovación institucional. Hace falta, en primer lugar, situar en el centro de la política la libre adhesión, la identificación y la implicación ciudadana. Nada se puede construir establemente sin el consentimiento popular; la imposición es un procedimiento inadecuado para la convivencia democrática. Cuando reivindico la fuerza de las decisiones libres me refiero a voluntades que expresen transacciones y pactos, no a voluntades agregativas o mayoritarias. En sociedades compuestas carece de sentido apostar por la subordinación, disolución o asimilación del diferente. No hay forma de vida en común sin la construcción laboriosa de procedimientos en los que se exprese el reconocimiento mutuo. Y esto nos conduce al segundo requerimiento: la innovación institucional de las soberanías compartidas. Allá donde la voluntad de diferenciación es tan persistente como la necesidad de convivir estamos obligados a pensar formas de decidir que impliquen una co-decisión, donde el derecho a decidir el propio futuro se combine con la obligación de pactarlo con quienes serán afectados por la decisión que se adopte. Se trataría de participar, en igualdad de condiciones, en el juego de las soberanías compartidas y recíprocamente limitadas. El mundo no camina hacia la separación sino hacia la integración diferenciada. Ese nuevo juego nos va a obligar a todos, a soberanistas y a unionistas, porque la organización jerárquica del Estado no termina de entender y aceptar el valor de la diferencia, y ciertas modalidades del soberanismo, más que plantear algo nuevo, aspiran a reproducir en otra escala la misma lógica de homogeneización de los viejos estados.

A quien me reproche haber sido demasiado teórico no puedo sino darle la razón, advirtiéndole si acaso que con esto no pretendo quitarle el trabajo a nadie, pues de todo nos va a hacer falta, y que después de que muchos lo han intentado por otros medios, también los teóricos tenemos el derecho a equivocarnos. Esta es mi modesta aportación para la solución de un conflicto que no puede resolverse sin las aportaciones de todos. Con el deseo de que muy pronto deje de haber políticos presos, políticos fuera y políticos en la inopia.

La realidad y el deseo, Llàtzer Moix, La Vanguardia, 7.01.18

La realidad y el deseo

LLÀTZER MOIX
LA VANGUARDIA, 7.01.18

En uno de sus penúltimos tuits, el cesado Puigdemont dice textualmente: “Renovamos nuestro compromiso de ofrecer a todos los catalanes un país más justo, más próspero, más culto, más solidario, más inclusivo, más sostenible y más pacífico”. He aquí una oferta atractiva. Pero poco creíble. Y no porque sea irrealizable, sino porque, como presidente de la Generalitat, Puigdemont desafió a la justicia al quebrar la ley, ahuyentó a la élite empresarial propiciando la descapitalización del país, alentó el sectarismo y practicó una solidaridad no inclusiva ni sostenible. Aunque abogó, eso sí, por la conducta pacífica.

La tarea del político sólo cobra auténtico sentido cuando antepone el bienestar colectivo a sus prioridades. Pero los mensajes de Puigdemont desde el exilio sugieren que lo primero es ahora para él escapar de la tela de araña en la que se metió y recuperar la presidencia. O eso, o prolongar la crisis sine die. Aunque tal cosa suponga mantener a Catalunya en una incertidumbre que la paraliza. A veces parece que Puigdemont viva en otro mundo, atrapado en otra realidad. Según un reciente –y alarmante– comunicado de Junts per Catalunya, la candidatura que creó para el 21-D, “sólo hay un tipo de gente que no quiere que Puigdemont sea investido presidente: los que no creen en la democracia”.

¿Qué haría Puigdemont en el improbable caso de regresar al Palau de la Generalitat? Promover de nuevo la independencia. Como si el proceso soberanista no hubiera acabado en fracaso, gracias al Estado, sí, pero también a la imprevisión y los errores de sus pilotos; como si el soberanismo, además de obtener mayoría parlamentaria, hubiera crecido el 21-D hasta lograr un porcentaje de votos holgado; como si fuera posible saltarse, pacíficamente, el orden estatal y el europeo a base de argucias improvisadas.

¿Conoce Puigdemont el significado de la palabra rectificación? Aparentemente, sí (aunque él no la practica). En su mensaje de Fin de Año dijo: “Como presidente, exijo al Gobierno español y a los que lo apoyan que rectifiquen aquello que ya no funciona, que reparen el daño causado y que restituyan todo aquello que han destituido”. Las afirmaciones de esta frase se cuentan por errores. Puigdemont ya no es presidente, ni puede exigirle mucho al Gobierno. Si con “aquello que no funciona” se refiere al 155, debería recordar que mediante ese artículo el Estado cesó al Govern y rige hoy Catalunya. Si se trata de reparar daños, debería empezar reconociendo los que causó su política. Y, al pedir que “restituyan todo aquello que han destituido”, intuyo que se incluye en el lote, pese a que “aquello” es pronombre generalmente usado para las cosas, no para las personas.

Recuerdo –y es conmovedora– la expresión melancólica de Puigdemont en su último paseo por Girona, sobre el Pont de Ferro, en la plaza del Vi, horas antes de partir de matute hacia Bruselas. Sólo él sabía que aquel baño de masas era, de hecho, una despedida. Imagino ahora a Puigdemont paseando por arboledas belgas, más melancólico aún, más frágil. Pero a la vez obstinado, camino de otra rueda de prensa en la que de nuevo descalificará y desafiará. Porque el desafío y el conflicto le mantienen vivo. Al igual que restan fuerzas a Catalunya. Quiero pensar que no se da cuenta de esto. Que el muro amarillo levantado por la maquinaria activista, muchísimo más efectiva que los políticos a los que jalea, le oculta la realidad.

Alrededor de ese muro hay un país que es diverso y no entiende que los deseos presidenciales de justicia y prosperidad se traduzcan en declive colectivo. Que quiere más justicia y prosperidad, pero que ya conoce las limitaciones de ciertos timoneles. Artur Mas dijo que lograría todo eso con un “gobierno de los mejores”, algo que en abstracto parecía razonable. Incluso a mí. Luego invirtió (y perdió) su capital político en un incierto mercado de futuros, y se alió con quienes propiciarían su poco honorable caída y el posterior choque de trenes. Puigdemont fue menos hiperbólico: eligió consellers doctrinarios, que han acabado encausados, mientras el país regresaba de la preindependencia a la preautonomía. Pero, erre que erre, exige ahora a la justicia que mire a otro lado y olvide sus desaires, dispuesto a retomar la vía independentista; es decir, a reiterar tropiezos y sanciones.

¿Sabe Puigdemont lo que es el principio de realidad? ¿Sabe que sólo sobreviven quienes lo asumen? Si lo supiera, en lugar de seguir desairando, admitiría la división del país, revisaría la hoja de ruta, tendería puentes y se avendría a hacer concesiones. Y, si no avanzara, cedería el testigo a otro más hábil. El principio de realidad y la experiencia nos dicen que de este laberinto no se saldrá unilateralmente. Y menos con huidas hacia adelante y demagogia que ahondan y evidencian la brecha entre el mundo real y el del deseo, entre los intereses colectivos y los de parte.

Por la gobernabilidad, Fèlix Riera, La Vanguardia, 2.01.2018

Por la gobernabilidad

FÈLIX RIERA
LA VANGUARDIA, 2.01.2018

La pregunta que se desprende de los resultados electorales es vislumbrar qué es determinante: ¿priorizar la república o priorizar la gobernabilidad de Catalunya? Considerar la victoria de Ciudadanos en escaños y votos, unido a los del resto de partidos no independentistas, implica que el independentismo político clarifique qué política de país persigue para gobernar y representar a todos los catalanes. La vía de la república supone volver a la unilateralidad, dejar incierta la recuperación económica, debilitar la presencia de Catalunya en Europa, mantener el conflicto que representa la aplicación del artículo 155, paralizando la política institucional e imponer un objetivo que no persiguen la mayoría de los catalanes. La vía de la gobernabilidad permite, sin renunciar a sus aspiraciones independentistas, a ninguna de ellas, incorporar la multilateralidad como fuerza de cambio de la concepción restringida del Gobierno español de las legítimas demandas catalanas, en un momento en que se va a discutir una nueva financiación autonómica y se plantea abrir la discusión de modificar la Constitución, dejar sin efecto el artículo 155, ganar la credibilidad perdida en Europa, dar confianza a la economía y volver a un Parlamento para la articulación de acuerdos.

La gobernabilidad supone, aunque pueda parecer paradójico, asumir en cierta medida las tesis de la tercera vía, que no supone una forma de compromiso entre los dos extremos, sino la superación de estos, yendo más allá de ellos, como bien define el filósofo italiano Norberto Bobbio. Supone un nuevo enfoque que impide la drástica alternativa de independentismo o constitucionalismo y deja sin fuerza las voces más contrarias a los acuerdos. Se trata de moderar los medios que han de permitir al independentismo político legitimizar sus fines. La gobernabilidad de Catalunya exige que el independentismo se imagine haciendo cosas distintas a las realizadas en la pasada y accidentada legislatura. La actual composición parlamentaria, con mayoría a favor de la república, puede precipitar a cometer el error de pensar que gobiernan solos, de espaldas a España, y volviendo a la posición defensiva del erizo. Una concepción política que ha servido para conseguir una mayoría política en las elecciones, pero que no servirá para gobernar Catalunya.