¿Y ahora qué?, artículo de Alfredo Pastor

¿Y ahora qué?
ALFREDO PASTOR
LA VANGUARDIA – DINERO, 23.09.12

La gran manifestación del pasado 11 de septiembre en Barcelona marca, por su tamaño y por su repercusión dentro y fuera de Catalunya, un hito en un camino. Para algunos, ese camino lleva a la independencia; para otros, basta con que dé como resultado un mejor trato fiscal para Catalunya; otros habrán acudido a la manifestación esperando que se les apareciera el Estado propio, como sus padres, o quizás sus abuelos, habían esperado, en Mayo de 1968, encontrar la playa bajo los adoquines.

Aunque sea imposible saber cuál era la peculiar mezcla de propósitos, deseos e intenciones de los asistentes a la manifestación, sería faltar a la verdad considerarla como un clamor unánime en pro de la independencia de Catalunya, pero no sería menos erróneo calificarla de anécdota. Es la expresión del deseo, hoy sentido por muchos, de que algo sustancial cambie en las relaciones entre Catalunya y el resto de España, y el gobierno hará bien en basar su respuesta en esa realidad. Eso sí, las opiniones difieren en lo que ha de ser ese algo sustancial que cambie.

En un extremo, bastaría con una revisión de la cuota de solidaridad que Catalunya paga al resto de las comunidades autónomas. En el extremo opuesto, sólo la consecución de un estado propio puede considerarse como el final del trayecto. Como esta es la posición defendida en público por el presidente de la Generalitat, bien merece que uno se detenga un poco en ella.

La discusión sobre los méritos e inconvenientes de la independencia suele desarrollarse mediante la comparación de la situación de Catalunya y del resto de España antes y después de la creación de un estado propio. ¡Como si pudiera uno acostarse en una Catalunya constitucional y despertarse en un nuevo estado de la Unión Europea! Nadie duda de que el camino hacia la independencia, aun en el supuesto de que una mayoría de los habitantes de Catalunya se decida a emprenderlo, será largo y estará erizado de dificultades. Siendo esto así, hay que especular menos sobre lo que podría ser el final del proceso, la tierra prometida, y detenerse algo más en el proceso mismo, porque es lo que nos tocará vivir, de tal modo que para muchos lo que de verdad importa no es tanto la meta como lo llevadero o lo áspero que resulte el tránsito.

¿Qué podemos saber de ese tránsito? Se ha dicho, con razón, que el camino se adentra en terreno desconocido, pero eso no quiere decir que se pueda recorrer de cualquier manera, que no haya pautas para dirigir el tráfico. Esas pautas existen, y vienen dadas, en un Estado de derecho como el nuestro, por la Constitución, de donde, dicho sea de paso, deriva la legitimidad tanto del Gobierno central como del de la Generalitat.

La Constitución como guía

Precisamente por estar el proceso lleno de imponderables es más necesario que nunca seguir en lo posible la guía de la Constitución: “Los individuos –decía el general Ulises Grant- pueden ignorar la Constitución, pero la nación no sólo ha de obedecerla, sino que debe hacerla cumplir en su interpretación más estricta”. Por ello causa inquietud oír a un presidente de la Generalitat decir que no le detendrá en su propósito un artículo de la Constitución, porque, si esto es admisible, no ve uno por qué un artículo del Código Penal debería detener a un ladrón.

Pero la medalla tiene un reverso. La Constitución no tiene la misma naturaleza que las Tablas de la Ley, porque es obra nuestra. Por eso se equivoca el Gobierno al oponerla como algo intocable a las pretensiones de cambio. La Constitución se puede cambiar, y a veces se cambia en menos que tarda una carta en llegar a su destino.

Los procedimientos para cambiarla son necesariamente laboriosos (salvo cuando la exigencia viene de fuera), porque la legislación no los favorece, pero hay que seguirlos lo más escrupulosamente posible para no caer en la arbitrariedad. Por otra parte, en un momento como este, el Gobierno debe interpretar la Constitución como una guía, y no usarla como una verja. Con esa guía, y con buena voluntad, quizá sea aún posible acordar un procedimiento que permita decidir de una vez cuál ha de ser la configuración política de España.

Que ese procedimiento sea previsible –aunque no lo sean los resultados de su aplicación- es esencial para disipar la incertidumbre que perjudicará a la economía española, y para preservar la integridad de un Estado de derecho que ha costado mucho construir.

Para salir con  buen pie, unos deberán tener el valor de acatar la ley; otros, la generosidad de admitir que esta pueda cambiar. Nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a exigir a unos y a otros esa combinación de valor y generosidad.

También tenemos la obligación de manifestar dudas, perplejidades, reticencias y hasta confusión en un asunto tan serio como este, sin miedo ni a las represalias, ni siquiera a hacer el ridículo al airearlas en público. En este momento, la diferencia entre lo que cada cual dice en privado y lo que admite en público resulta, no sólo chocante, sino también especialmente nociva.

El debate es necesario para evitar que las posiciones más extremas terminen por adueñarse de todo el espacio. Claro que no todo va a ser discutir y que al final del proceso habrá que decidir, pero cuando sólo se oigan las voces de quienes no tienen dudas será demasiado tarde para evitar el batacazo. No sería la primera vez.

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