Secesión y democracia, Rafael Jorba, La Vanguardia, 28.09.13

Secesión y democracia

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 28.09.13

En mi análisis “De Escocia a Quebec” (15/VI/2013) resumía la mirada europea sobre el debate territorial en España. Ahora, tras el éxito de la Via Catalana, varios comisarios europeos han subrayado lo obvio –la vigencia de los tratados– mientras en Catalunya se apelaba al principio democrático y el Gobierno de España esgrimía la legalidad vigente… La tarea del periodista no debe limitarse a actuar de caja de resonancia del ruido político (en las guerras, incluidas las de carácter simbólico y emocional, la primera víctima es la verdad, es decir, la información). La paradoja está en el momento histórico en que se plantea la demanda. El soberanismo catalán confunde el ciclo económico recesivo con el contexto geopolítico: la crisis alienta sus posiciones, pero la apelación al Estado propio choca con la corriente de fondo de la Europa de las interdependencias.

También la otra parte contratante –el Gobierno de España y la superestructura en que se sustenta– ha caído en idéntico error: escudarse en esquemas decimonónicos cuando los elementos clásicos de la soberanía (fronteras, moneda, ejército…) han sido delegados o están compartidos en instancias supraestatales. Así lo constataba ya el magistrado Eugeni Gay en su voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (29/VI/2010): “La sentencia (…) denota en ciertos momentos un academicismo más propio del siglo XIX, centrado en el debate entre el positivismo y el historicismo y alejado de la realidad jurídica del mundo contemporáneo, en que las soberanías son difíciles de distinguir y los estados no son soberanos en el sentido pleno del término. La realidad se presenta actualmente mucho más compleja y el derecho debe responder a esta, sin que quepa el sostenimiento de ciertos dogmas, como el dogma de la soberanía o la defensa de un nacionalismo exacerbado”.

La tarea de la política consiste en dejar de lado el dogma, sin caer tampoco en la arbitrariedad, para poder administrar mejor la complejidad. Retomo aquel relato que nos da pistas para salir del círculo vicioso. El llamado derecho a decidir se utiliza como sucedáneo del derecho de autodeterminación cuando este, desde la creación de las Naciones Unidas, se ha aplicado a países sujetos a dominación colonial. Fue a partir de los noventa, tras la caída del bloque soviético, cuando se abrió la puerta a las repúblicas de la ex URSS (caso de la vía báltica) y los países de su área de influencia… Porque si era aventurado decir, como dijo el presidente Pujol, que Catalunya es como Lituania, la segunda parte de su razonamiento era de cajón: “Pero España no es la URSS”. En un Estado de derecho, el derecho de autodeterminación rige en su acepción de principio democrático.

Es el principio que inspira el acuerdo de Edimburgo entre David Cameron y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, por el que el Parlamento de Westminster cede temporalmente al de Holyrood la facultad de convocar un referéndum. Cameron impuso una disyuntiva clara –independencia o unión–, en sintonía con las enseñanzas de los dos referéndums celebrados en Quebec (1980 y 1995). Fue precisamente tras la segunda consulta cuando Canadá fijó las reglas del juego en la ley de Claridad: una pregunta y una mayoría claras. Stéphane Dion, que participó en aquel proceso, nos alerta sobre el riesgo de banalizar la secesión: “El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse. Esto no significa que un Estado democrático deba rechazar toda solicitud que se produzca. Ante la voluntad clara de secesión, puede llegar a la conclusión de que es la solución menos mala”.

Allen Buchanan, catedrático de la Universidad de Duke, ahonda en estos conceptos en su libro Secesión. Causas y consecuencias del divorcio político (Ariel, 2013), donde aboga por la teoría del derecho corrector: “Un grupo tiene derecho a la secesión si padece una grave injusticia por parte del Estado y han fracasado los intentos razonables para repararla”. La secesión no es así el resultado de un derecho fundamental, sino que surge como remedio ante la vulneración de otros derechos. Buchanan distingue cuatro tipos de injusticia. 1. Anexión injusta de un territorio soberano. 2. Violaciones a gran escala de los derechos humanos. 3. Redistribución discriminatoria continuada. 4. Vulneración por parte del Estado de las obligaciones del régimen autonómico o la negativa continuada a negociar una autonomía intraestatal adecuada. Sólo ese cuarto supuesto –añade– podría llegar a regir en el caso catalán si se constatara “que España no ha demostrado buena fe a la hora de responder a las demandas de mayor autonomía intraestatal”.

Este experto aconseja el diálogo, con dos advertencias a las partes. Primera: “Si España no está dispuesta a comprometerse realmente con una negociación, ello incrementará los argumentos a favor de un derecho a la secesión no consensuada”. Segunda: “Desde el bando catalán, la buena fe debería incluir un compromiso firme con el Estado de bienestar de España, lo que significa reconocer que cualquier acuerdo debería ser compatible con el hecho de que Catalunya aporte la parte que le corresponda al sostenimiento del bienestar de todos”. He aquí, sin dogmas ni simplificaciones, una mirada exterior sobre un debate complejo en el que, como decimos en catalán, unos y otros han puesto el carro delante de los bueyes.

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