Vía de escape, Carles Castro, La Vanguardia, 20.10.13

Vía de escape

CARLES CASTRO
LA VANGUARDIA, 20.10.13

Quizás la tercera vía no exista. Quizás se trate sólo de una segunda vía -o vía de escape- para evitar que dos trenes que circulan por el mismo carril choquen frontalmente. Ahora bien, y se llame como se llame, ¿en qué consiste esa vía cuando el dilema se sitúa entre el actual statu quo autonómico o la independencia? La respuesta puede parecer difícil en el polarizado contexto hispano -que invita al humor negro de las “vías muertas”-, pero el mundo está lleno de ejemplos de descentralización que muchos catalanes aceptarían con los ojos cerrados.

Lo que no existe en el mundo, por ejemplo, es un modelo confederal puro. Lo más parecido sería la actual Unión Europea, surgida a partir de un conjunto de tratados e instituciones comunes de carácter supranacional respaldados por varios estados soberanos. Pero en el plano de los estados-nación, la fórmula confederal pura es un espectro del pasado. Es decir, las confederaciones aparecen como experiencias de tránsito, bien hacia su disolución una vez cumplidos ciertos objetivos, bien hacia formas de Estado unitario de tipo federal (Suiza).

Ahora bien, si las únicas realidades actuales son las fórmulas federales, ¿ofrecen estos modelos unas soluciones de autogobierno que puedan satisfacer a Catalunya y encajar en España? Y más concretamente: ¿pueden estas fórmulas propiciar niveles competenciales que se acerquen a los de un escenario confederal?

La respuesta es afirmativa, aunque con algunas salvedades: la opción federal refleja la actual realidad de soberanías compartidas, pero incluye una soberanía común indiscutible que se expresa, por ejemplo, en la esfera internacional -donde la representación es única- y en el monopolio del poder constituyente reservado al gobierno de la federación (entendido como la suprema facultad de velar por la unidad del conjunto, resolver los conflictos entre sus miembros o delimitar su respectiva esfera de soberanía).

Dicho esto, parece evidente que la España autonómica actual se encuentra bien lejos de una solución confederal, mientras que no lo está tanto de los modelos federales. Pero el paradigma federal podría responder a la realidad española si se asemejase al de aquellos estados federales multinacionales que tienen en su seno unidades territoriales diferenciadas por razones de lengua o cultura, que exigen un estatuto particular y un cierto poder de veto (que va más allá de la ecuación “una persona, un voto”) sobre las leyes y las medidas que afectan a la soberanía de los distintos territorios federados. Ese “estatuto particular”, concebido para escapar a un régimen uniforme, se traduce en la práctica en un especial reconocimiento constitucional, unas específicas instituciones de autogobierno, un distinto ordenamiento jurídico y un poder judicial propio, un diferente nivel de competencias e incluso de fiscalidad y una representación desigual en la Cámara territorial.

A ello habría que añadir otro rasgo de los estados federales que contrasta con la realidad española: la escasa presencia de la administración federal en los territorios federados, pues las competencias del Gobierno federal son muy limitadas y la ejecución de las políticas corre en su mayor parte a cargo de los gobiernos regionales. Por ello, las soluciones que podrían acomodar el encaje de Catalunya en España residen en un cóctel de las diversas fórmulas federales que operan en el mundo democrático. Ese cóctel tiene, además, algunos ingredientes muy generalizados, como las competencias absolutas de los territorios sobre la enseñanza y la sanidad o sobre la protección de las lenguas.

Pero para satisfacer las demandas actuales de la sociedad catalana, una tercera vía debería considerar también técnicas que ya se aplican en Centroeuropa o Norteamérica. Por ejemplo: recaudación fiscal a través de agencias tributarias propias, cesión más amplia de impuestos, ordinalidad para modular la solidaridad… Es decir: aplicación de parámetros homogéneos y objetivos en la financiación territorial, sin variables arbitrarias que distorsionen los cálculos y propicien que, tras el reparto, los territorios que reciben tengan más dinero per cápita que los territorios que aportan. No en vano, Catalunya mejoraría sus cuentas con la aplicación de la mayoría de los actuales sistemas de federalismo fiscal.

En ese escenario habría que incluir las amplísimas competencias policiales, judiciales o sobre legislación penal que suelen tener los territorios federados, así como su capacidad de establecer derechos y libertades adicionales que no figuran en la Constitución federal. Algunos países federales ni siquiera tienen mecanismos de suspensión provisional de los estatutos territoriales, siempre que estos no impugnen derechos federales. Y aun así, los jueces de los territorios federados pueden considerar la interpretación de la Corte Suprema como no vinculante y dictaminar soluciones mixtas. ¿Cuántos independentistas no envidiarían un escenario semejante para Catalunya?

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