El derecho a opinar de las asociaciones empresariales, Jaime Malet, La Vanguardia, 4.11.13

El derecho a opinar de las asociaciones empresariales

JAIME MALET
LA VANGUARDIA, 4.11.13

Con motivo de la tropelía cometida en un país latinoamericano a una empresa española, se nos pidió que hiciéramos gestiones con nuestra entidad hermana de allí. Tras reunirse la junta de gobierno de la entidad, formada por directivos de grandes multinacionales, mi homólogo me llamó y me señaló que no iban a tomar ninguna decisión y que no dirían nada porque allí “había libertad de prensa pero no libertad de opinión”. Opinar en ese país es exponerse a la sobrerreacción del oficialismo que ataca sin piedad y con todos sus medios cualquier atisbo de crítica.

Hace unos días en un programa de radio señalé que el capital extranjero, y el capital en general, podrían dejar de apostar por una Catalunya que se decante hacia una larga etapa de incertidumbre social, política y económica. El capital es cobarde, dije. Y ello afectará especialmente al empleo, a las pymes y al valor de los activos. También señalé que muchas compañías extranjeras han invertido en Catalunya para servir a un mercado de 47 millones (o de 500), pero no de 7, por lo que están elaborando planes de contingencia. Además recordé que, en contra de la opinión mayoritaria en Catalunya, las élites mundiales no hablan del proceso soberanista porque hay otros asuntos, no sé si más importantes, pero sí más urgentes que reclaman su atención. Por último, di las cifras oficiales del Registro de Inversiones Extranjeras sobre la inversión extranjera en Catalunya, que ha pasado a ser una cuarta parte de la inversión en Madrid durante la etapa 2005-junio 2013.

Todo esto, que es lo que piensan muchos empresarios y es de sentido común, lo señalamos sin más intencionalidad política que la de trasladar una preocupación enorme y creciente –que incrementa el riesgo país– de nuestras empresas asociadas, que en su conjunto representan más de un millón de puestos de trabajo en España, cientos de miles de ellos en Catalunya.

En ningún caso la intención de la cámara era crear polémica, tomar partido en la contienda política, generarnos enemigos tan vehementes, u obligar a nadie a reaccionar aportando datos sesgados.

La cámara es una institución con fuerte raigambre en Catalunya. Con oficinas en Barcelona y en Madrid, mientras que su sede social está en Barcelona desde el año 1917. Al mismo tiempo pertenecemos a la US Chamber, la red empresarial más importante del mundo, con sede en Washington, millones de empresas asociadas voluntariamente y presencia en más de 110 países. En España, la facturación agregada de nuestros socios, empresas estadounidenses y españolas, asciende a más del 24% del PIB.

En los países de fuerte tradición democrática, y muy especialmente en los países anglosajones, las instituciones de la sociedad civil, particularmente las asociaciones empresariales, tienen como principal objetivo trasladar las preocupaciones agregadas de sus socios a los gobernantes, para que corrijan el rumbo, tomen uno nuevo o al menos conozcan los efectos de sus decisiones en el bienestar de los ciudadanos y de las empresas. Nunca para dotarles de legitimidad. Los cheques en blanco no existen, y los procesos que pueden causar perjuicios inconmensurables al tejido empresarial obtienen rápida y razonada respuesta. Las instituciones –que obviamente no reciben dinero público– sirven justamente para que empresas e individuos no tengan que mojarse particularmente y también para que los gobernantes tengan mayor cobertura para modificar el rumbo cuando sea necesario. De esa tradición admirable nos nutrimos en la cámara de comercio.

La cámara es una entidad apolítica y durante la última década hemos dado muchas muestras de ello trabajado con gobiernos de España de diferentes colores, a los que hemos trasladado mensajes y sugerencias, a veces con gran contundencia, para mejorar el entorno empresarial y socioeconómico. Asimismo, hemos trabajado lealmente con los distintos gobiernos de la Generalitat, de uno y otro signo, y ello incluye una buena relación con el president Mas y algunos miembros de su actual Govern, que espero se mantenga por muchos años.

Algunas veces en la batalla política los gobernantes olvidan, casi siempre sin mala intención, que cuando se toman determinadas decisiones, o se asumen posiciones maximalistas y se renuncia al diálogo, hay consecuencias que pueden afectar enormemente al bienestar de sus ciudadanos. Sin un debate público, o con un debate pobre, silenciado o manipulado, los políticos pueden tomar decisiones equivocadas confundiendo la opinión de todos con la opinión pública de los suyos y esta con la opción más correcta para el bien común. Por ello es tan importante que haya un debate sosegado, con seny. Un debate público equilibrado establece líneas rojas de estabilidad y cordura y exige a los políticos solucionar los problemas construyendo puentes. No les anima a dinamitarlos.

Por nuestra parte, con esta aportación hemos hablado sólo en nombre de la entidad que me enorgullece representar pero recogiendo un sentir general entre muchos empresarios. A estas alturas, en un debate de esta envergadura –estamos hablando de la secesión de un país–, debería haber muchísimas más voces que explicaran a los ciudadanos, fuera de la influencia política directa o indirecta, cuáles pueden ser las consecuencias. No se trata de la utilización de argumentos de miedo, sino de sensatez. De lo que esas voces digan se puede disentir, pero en una sociedad verdaderamente democrática debe reclamarse siempre el derecho –nuestro y de otros muchos– a opinar libremente.

Anuncis