Ni Escocia, ni Quebec… Rafael Jorba, La Vanguardia, 21.12.13

Ni Escocia ni Quebec…

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 21.12.13

En mis análisis “De Escocia a Quebec” (15/VI/2013) y “Secesión y democracia” (28/IX/2013) abordaba la perspectiva europea sobre el debate territorial en España y recordaba algunos de los parámetros que utilizaban quienes seguían de cerca el llamado proceso catalán. Ahora, una vez conocida la pregunta encadenada de la consulta y la fecha de realización que se proponen, es el momento de actualizar aquella mirada exterior sobre un debate en el que, como alertaba entonces, unos y otros han puesto el carro delante de los bueyes… El escenario que se dibuja en Catalunya no es el de Escocia ni el de Quebec; tampoco el Gobierno de España responde como lo ha hecho el de Gran Bretaña y como lo hizo en su día el de Canadá. Estamos en un proceso de divorcio político -así define la secesión Allen Buchanan- sin mutuo acuerdo, en el que dos nacionalismos (el catalán y el español) han tomado a los ciudadanos como rehenes.

Técnicamente, la pregunta catalana está en las antípodas de la pactada en el acuerdo de Edimburgo (15/X/2012) entre David Cameron y el ministro principal de Escocia, Alex Salmond, por el que el Parlamento de Westminster cedía temporalmente al de Holyrood la facultad de convocar un referéndum. Cameron impuso una disyuntiva clara -independencia o unión- y desechó la opción favorita del líder del Partido Nacional Escocés (SNP) -la llamada devolution max-, una especie de soberanía fiscal de Escocia dentro del Reino Unido. Es la misma claridad que exigió Canadá tras la experiencia de los dos referéndums celebrados en Quebec (1980 y 1995). Baste recordar que la pregunta de 1995 fue: “¿Está de acuerdo con que Quebec sea soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?”. El Gobierno federal planteó entonces una cuestión interpretativa al Tribunal Supremo de Canadá (1998) e inscribió los principios de la respuesta en la ley de Claridad (2000): una pregunta y una mayoría claras.

Desde esta lógica, el liberal Stéphane Dion, que pilotó aquel debate, ha explicado que en Canadá no sería de recibo una pregunta doble como la que se propone en Catalunya. “Si esta cuestión se planteara en Canadá, esta pregunta en dos partes sería denunciada y se exigiría al Gobierno del Partido Quebequés, desde todas las partes involucradas, que planteara sólo la segunda parte de la pregunta”, ha declarado a Esquerra sense Fronteres, y ha precisado que la pregunta debería ser: “¿Desea que Quebec se convierta en un Estado independiente?”. Dion ha ironizado sobre la doble pregunta catalana (¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que ese Estado sea independiente?): “¿Qué es entonces un Estado no independiente? ¿Un estado de los Estados Unidos? Si en Canadá sucediera algo así, el Gobierno del Partido Quebequés sería acusado de manipular a los votantes”.

Políticamente, la vía catalana tampoco encaja con los modelos de Quebec y Escocia. El primero está encuadrado desde el 2000 en las reglas de la ley de Claridad y el segundo es el resultado de un pacto político entre los gobiernos británico y escocés. Es una obviedad decir que Mariano Rajoy no es David Cameron, pero hay que añadir que tampoco Artur Mas es Alex Salmond: el SNP ganó las elecciones por mayoría absoluta y con el compromiso de convocar un referéndum sobre la independencia mientras que CiU no utilizó ese término en su programa. El proceso, como si de la novela inacabada de Kafka se tratase, está plagado de eufemismos que alientan el sueño de unos y la pesadilla de otros. Y, como toda respuesta, Rajoy esgrime una Constitución entendida como frontera y no como terreno de encuentro; el techo del edificio y no sus cimientos. La falta de claridad de unos y la cerrazón de otros, el déficit de pedagogía y juego limpio, empañan la visión que se tiene desde el exterior: el Financial Times reclamaba el martes en un editorial una “solución negociada”, entre “hombres de Estado”, para evitar que “lo que es una cuestión de raíz política se convierta en un problema que amenace al Estado”, y recetaba “más federalismo”. No se trata de tomar la tercera vía, sino la primera: la senda constitucional. Reformar la Constitución para dirimir el litigio entre derecho y política, como ha explicado Javier Pérez Royo, entre legalidad y legitimidad, que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (la primera ley orgánica española refrendada por una parte del cuerpo electoral y luego enmendada). Dar una respuesta por elevación al llamado derecho a decidir y ofrecer un nuevo comienzo en el que todos los ciudadanos -de Catalunya y del resto de España- tengan la oportunidad de volver a decidir juntos como lo hicieron en 1978.

Si Catalunya rechazara entonces ese nuevo comienzo, la vía de la secesión -la del divorcio político- sería el mal menor. Porque, en el plano cívico, de filosofía misma de la democracia, la secesión es la constatación de un fracaso. El ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de su lengua, etnia, religión o pertenencia… Aún es tiempo de intentarlo. De lo contrario, la fecha misma de la consulta -el 9 de noviembre del 2014, a los 25 años de la caída del muro de Berlín- puede proyectarnos en un escenario de múltiples fracturas. Quizás esté equivocado, pero me siento en el deber de escribirlo.

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