El TC cierra un puerta y abre otra, editorial, La Vanguardia, 26.03.14

El TC cierra una puerta y abre otra

EDITORIAL
LA VANGUARDIA, 26.03.14

El pleno del Tribunal Constitucional (TC), en un fallo acordado por unanimidad de sus miembros, considera “inconstitucional y nulo” el principio primero de la Declaración soberanista y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya, aprobada por el pleno del Parlament el 23 de enero del 2013, en la que se establece el “carácter de sujeto político y jurídico soberano” del pueblo de Catalunya. La sentencia estima parcialmente el recurso del Gobierno contra la resolución de la Cámara catalana, por entender que vulnera el principio de la “indisoluble unidad de la nación española”, establecida en el artículo 2 de la Constitución; y porque, pese a su carácter político, entiende que la declaración puede surtir efectos jurídicos.

En este punto, el Alto Tribunal no ha dejado ningún margen. No acepta que se considere Catalunya como sujeto político con soberanía, ni siquiera como una mera formulación política de un Parlamento, es decir, aunque no se tenga intención de darle contenido jurídico a esa resolución. Ni en las instancias políticas de Madrid ni en las de Barcelona ha debido sorprender esa conclusión. Se ha establecido, además, por unanimidad de todos los miembros del Tribunal Constitucional, algo que no se produjo en absoluto con motivo de la discusión del Estatut de Catalunya. Está claro que el tribunal no quería volver a dar una impresión de división interna en un asunto de tanto calado. De hecho, el sentido del fallo se conoció ayer muy pocas horas después de que el Parlament anunciase que pedirá la reprobación del presidente del TC y de dos magistrados por falta de imparcialidad, como avanzó La Vanguardia.

Si por un lado el tribunal da un portazo a la consideración de Catalunya como sujeto político soberano, por otro abre una rendija a la defensa de las aspiraciones del Govern y de quienes reclaman la celebración de una consulta. El TC considera que “cabe una interpretación constitucional” del llamado “derecho a decidir” siempre que este se interprete como una aspiración política que sólo se puede concretar en un proceso ajustado a la legalidad constitucional y a los mismos principios democráticos que invoca la declaración del Parlament: legitimidad democrática, pluralismo y legalidad. Ello constituye en la práctica el reconocimiento por parte del Alto Tribunal de que en ningún caso se puede hablar de inconstitucionalidad per se de la formulación de ese derecho en el debate político y, lo que aún es más importante, que no parece cerrarse la puerta a la traducción en acuerdos políticos que puedan concretar el ejercicio de ese mismo derecho dentro de la legalidad. Es tanto como decir que la consulta podría llegar a celebrarse previo acuerdo político.

En tercer lugar, el Constitucional considera que incluso es posible replantear el fundamento mismo del orden constitucional, es decir, la “unidad indisoluble de la Nación española”, siempre que ello se lleve a cabo mediante los procedimientos democráticos establecidos por la Constitución para su propia reforma.

En conclusión, el Alto Tribunal, mediante su negativa a admitir la soberanía de Catalunya, lanza un aviso a quienes abogan por celebrar la consulta de manera unilateral, pero recuerda que son los poderes públicos quienes están llamados a “resolver mediante el diálogo y la cooperación” los problemas suscitados en el orden constitucional, en particular los relativos al estatus jurídico de una entidad territorial. La pelota vuelve a estar en el tejado de los políticos.

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