En defensa de los servicios públicos para la ciudadanía, J.F. Ballesteros, N. Marín, C. Puig y A. Ros, La Vanguardia, 7.04.14

En defensa de los servicios públicos para la ciudadanía

JOSEP FÈLIX BALLESTEROS, NÚRIA MARÍN, CARLES PUIG i ANGEL ROS
LA VANGUARDIA, 7.04.14

Los ayuntamientos estamos viendo como el Gobierno central profundiza en las políticas centralistas y da la espalda a la ciudadanía con decisiones políticas que desmantelan el Estado de bienestar. La ley de reforma de la administración pública supone un ataque frontal a los servicios públicos de proximidad que habíamos ido consolidando. Las ciudades de toda Catalunya se han transformado de arriba abajo gracias a la gestión acertada de los ayuntamientos, con políticas de atención a las personas, medioambientales, urbanísticas, económicas y culturales. Los ayuntamientos, al fin y al cabo, han sido verdaderos ejes de integración y cohesión social, promotores de la lengua y la cultura catalanas, catalizadores de la modernización de toda la sociedad.

Desde los ayuntamientos de Catalunya queremos seguir incidiendo en las políticas públicas, para que las ciudades sean motores de transformación y de competitividad. Y queremos seguir prestando políticas sociales activas para combatir las desigualdades crecientes en un contexto de crisis económica. A lo largo de los 35 años de ayuntamientos democráticos, los municipios hemos llevado a cabo numerosos programas de atención social para combatir la pobreza y cualquier manifestación de injusticia que se pueda producir. Hoy, aunque hay quien evita afrontarlo directamente para actuar de forma decidida, en Catalunya tenemos situaciones de miseria que son intolerables a ojos de cualquier alcalde o alcaldesa.

La trayectoria de los ayuntamientos constituidos en 1979 ha sido un éxito colectivo, con barrios más dignos, equipamientos públicos y servicios al alcance de toda la ciudadanía. Hoy, tenemos que seguir gestionando el día a día de nuestras ciudades. Es responsabilidad de un gobernante local trabajar para combatir cualquier forma de injusticia social.

Con la reforma de la ley que impulsa el Gobierno de Mariano Rajoy, los ayuntamientos no podremos contribuir a evitar ni corregir las situaciones de injusticia social. Porque se elimina la capacidad de las administraciones locales de corregir desigualdades e injusticias con los recursos municipales. En nuestros municipios queremos, no sólo gestionar las dificultades socioeconómicas de la ciudadanía, sino combatirlas.

¿Quién atenderá a las personas mayores que necesitan ayuda en su casa? ¿Quién dará un empuje para que los niños y niñas en la escuela tengan como mínimo cada día un plato caliente en la mesa? ¿Quién hará programas de éxito escolar y para dar las mismas oportunidades de formación y de desarrollo a los jóvenes? ¿Quién mantendrá abiertas las guarderías? ¿Quién se preocupará de nuestros barrios para que haya buena convivencia? ¿Quién atenderá el más vulnerable?

Con la ley de reforma del PP, una respuesta la tenemos clara: no podremos ser los ayuntamientos como lo hemos sido hasta ahora. Aunque los alcaldes sabemos que cuando alguien tiene un problema se dirige primero al ayuntamiento, esperando una respuesta, una mano tendida, una ayuda. Incertidumbres y desconcierto, porque no sabemos quién se preocupará de la atención personalizada ni quién hará los programas tan imprescindibles, a menudo preventivos, para ofrecer nuevas oportunidades a los niños, jóvenes o adultos.

Avanzamos hacia un sistema más desigual que traspasa la responsabilidad de la atención social hacia el sector privado. Por responsabilidad democrática no lo podemos permitir. Por eso muchos consistorios de toda Catalunya y España hemos presentado recurso de inconstitucionalidad a una ley que no es oportuna, ni adecuada, ni tolerable.

Es necesario que los ayuntamientos sigamos tejiendo la red protectora, de la mano de las entidades sociales, para garantizar los derechos básicos y seguir velando por la sociedad cooperadora e inclusiva que hemos configurado a lo largo de estos años. Juntos hemos de atender a las personas más vulnerables, que buscan dignidad e igualdad. Por justicia social y por la dignidad de todos.

La experiencia democrática y de convivencia colectiva nos tiene que servir para ponerla al servicio de la ciudadanía, no para retroceder hacia administraciones más herméticas, insensibles e impermeables a los problemas sociales. Los municipios tenemos que plantar cara y garantizar la atención con servicios públicos y de calidad. Y para hacerlo necesitamos recursos, económicos y jurídicos, y  no reformas de leyes que nos den la espalda y nos pongan contra las cuerdas.

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