Un muro para las consultas, José María Brunet, La Vanguardia, 28.09.14

Un muro para las consultas

JOSÉ MARÍA BRUNET
LA VANGUARDIA, 28.09.14

El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado en varias sentencias sobre las consultas. Y lo ha hecho colocando siempre barreras infranqueables. Su criterio es que la Constitución previó que los referéndum tengan que celebrarse por decisión del Estado, no de las comunidades autónomas. Y ello por su concepción de la soberanía, que está atribuida al conjunto del pueblo español y, por tanto, no es divisible. En todo caso, el alto tribunal establece una nítida diferencia entre consulta y referéndum, en especial en su sentencia de junio del 2010 sobre la reforma del Estatut. Y lo hace remachando el clavo de que una comunidad autónoma puede consultar sobre materias que sean de su competencia, pero no puede hacerlo sobre aquellas que estén atribuidas al Estado. Ese sería el caso de la organización territorial, tal y como defiende el Gobierno central. Esta distinción no se formulaba en la sentencia del Estatut por primera vez, pero sí de una forma especialmente rotunda y clara. A partir de aquí, la síntesis de aquella sentencia del Constitucional y de sus antecedentes.

LA SENTENCIA DEL ESTATUT

El referéndum, siempre estatal

El fallo sobre el Estatut afirmaba en su fundamento jurídico número 69 que la competencia atribuida a la Generalitat para convocar consultas debía entenderse referida a las cuestiones de su ámbito competencial. Para el TC, una comunidad autónoma en ningún caso puede consultar sobre competencias del Estado. Así salvó el artículo 122 del Estatut, sobre consultas populares, con una cláusula interpretativa. Así interpretada -sostenía el TC- “la competencia para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias, de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, atribuida a la Generalitat por el art. 122 del EAC -siglas de Estatut d’Autonomia de Catalunya-, es perfectamente conforme con la Constitución, en el bien entendido de que en la expresión ‘cualquier otro instrumento de consulta popular’ no se comprende el referéndum”.

LAS CLÁUSULAS DE CIERRE

El Estado, omnipresente

El fallo del Constitucional, por tanto, estrechaba el paso para una posible regulación autonómica de la materia. En definitiva, no cabe que una comunidad autónoma regule nada relativo a un referéndum, por ser cosa distinta a una consulta. La sentencia decía que la reserva competencial a favor del Estado “no puede limitarse a la autorización estatal para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, sino que ha de extenderse a la entera disciplina de esa institución, esto es, a su establecimiento y regulación”. La competencia estatal, por tanto, es plena en lo relativo a todos estos aspectos.

En el fundamento jurídico 147, por otra parte, la sentencia del Constitucional sobre el Estatut dejaba claro que el artículo 92.3 de la Carta Maga reserva a una ley orgánica estatal la regulación de “las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución”. Este pasaje se refería a la legalidad de que sea el president de la Generalitat el que convocara el referéndum sobre la propia reforma estatutaria. El TC lo aprobó, siempre que constara la previa autorización del Estado, tras el correspondiente debate del texto en las Cortes y se convocara en nombre del Rey.

EL PRÓLOGO DECISIVO

El freno al plan Ibarretxe

Los obstáculos puestos en la sentencia del Estatut tenían su antecedente más relevante en el fallo del propio TC sobre el plan Ibarretxe. El Gobierno quiso frenarlo de raíz, incluso antes de que se convirtiera en un texto legal. El Constitucional se plantó en primera instancia, porque estimaba que se tenía que permitir al menos la capacidad de propuesta del Gobierno y el Parlamento vascos. Pero esa decisión del TC irritó al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar. Quedan para la historia de la institución las consecuencias internas de aquellos debates. Pero el hecho es que en el propio TC siempre se ha considerado que aquella negativa le costó al magistrado conservador Vicente Conde, decisivo en la resolución, no ser elegido presidente de la institución. Cuatro años más tarde, en todo caso, el TC sí anularía el plan Ibarretxe, una vez convertido en propuesta formal.

EL HACHAZO MÁS ROTUNDO

La negativa a Euskadi

Cuando el plan Ibarretxe se aprobó en el País Vasco, la Abogacía del Estado fue al grano. Esta vez el asunto no podía pasar el filtro, máxime cuando las Cortes ya le habían dado un no rotundo al lehendakari, que compareció en un pleno del Congreso para defender su propuesta. En ella se subrayaba que el pueblo vasco sería consultado para decidir su futuro en ausencia de violencia.

La sentencia del TC concluyó que la consulta que se pretendía celebrar en Euskadi era, en realidad, un referéndum, puesto que se llamaba al cuerpo electoral vasco, siendo a estos efectos irrelevante su proclamado carácter no vinculante. La convocatoria -sostenía el fallo- “no puede ampararse en genéricas potestades implícitas vinculadas al principio democrático, al entrar estas en colisión con competencias expresamente atribuidas a otro ente, como ocurre en el presente caso con la que al Estado atribuye el artículo 149.1.32 de la Constitución”. Este precepto es el que reserva de forma exclusiva para el Estado la competencia sobre convocatoria de un referéndum.

LA DECLARACIÓN SOBERANISTA

El TC pide ahora diálogo

Con estos antecedentes, el Gobierno central decidió impugnar la declaración soberanista aprobada por el Parlament el 2013. De nuevo, el TC negó que pueda reconocerse una soberanía distinta de la que tiene como titular al conjunto del pueblo español. Al respecto, el fallo recordaba lo resuelto sobre el plan Ibarretxe y sostenía que como dijo entonces para un supuesto que “presenta aspectos de similitud con el que ahora nos ocupa, ese sujeto” (el pueblo vasco en un caso, y el catalán en el otro), “no es titular de un poder soberano, exclusivo de la Nación [ESPAÑOLA] constituida en Estado”, ya que “la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía”.

El matiz estuvo en que el TC efectuó una llamada al diálogo. Al respecto, decía el fallo que el derecho a decidir puede interpretarse como “una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional”. El TC, en suma, dijo que cada palo aguante su vela, que su papel es examinar la adecuación de las propuestas a la Constitución, pero no suplantar a instituciones y fuerzas políticas en la búsqueda de soluciones. Y, como entonces, en esas estamos, a la espera.

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