Decimonoveno informe, Francisco Rubio Llorente, La Vanguardia, 27.04.15

Decimonoveno informe

FRANCISCO RUBIO LLORENTE
LA VANGUARDIA, 27.04.15

Cuestiones más graves sobre las que opinar hay sin duda muchas. El creciente problema de la migración del sur al norte; un problema especialmente trágico en este lado del mundo, de África a Europa. O el desenfadado descaro con el que elude el cumplimiento de las normas fiscales un sector social extendido por todo el territorio, que en los años de la transición llamábamos aquí en Madrid el de la “gente guapa”. O la sorprendente abolición populista de la vieja distinción entre izquierda y derecha, sustituida ahora por la no menos vieja de los buenos (la gente) y los malos (la casta), desligada ya a lo que parece de la economía. Y muchas más.

Pido perdón por dejarlas de lado para ocuparme de otra más trivial. En mi favor sólo puedo aducir dos razones: una, la de que dado el carácter puramente cir­cuns­tancial del texto, si no se comenta ahora, caerá pronto en el olvido; en segundo término, la de que mi nombre aparece en él.

Este decimonoveno informe es un texto largo (53 páginas) y de lectura pesada, pero no farragoso, que se puede ver en la página web del Consell Assessor per a la Transició Nacional. Dando por supuesto ese conocimiento, me limitaré a unos breves apuntes críticos; tanto desde una perspectiva puramente interna, analizando su argumentación, como viéndolo desde afuera, como pieza de un conjunto.

En el conjunto, ya extenso, de los diecinueve informes encaminados a preparar la independencia de Catalunya (me siento dispensado de utilizar la penosa denominación oficial del objetivo perseguido), los más atinentes al caso son el primero, en el que, entre otras cosas, se delinean las distintas vías para conseguir que la sociedad catalana se pronuncie , y el cuarto, que se ocupa de cuál sea el mejor modo de dar a conocer en el extranjero los pacíficos esfuerzos que, dentro del derecho vigente, se han llevado a cabo para lograr la independencia, frustrados por la tozuda resistencia del Estado.

Entre las cinco vías que el primer informe consideraba posibles, la que menos objeciones de constitucionalidad podían suscitar eran, se decía, las de la reforma constitucional o la celebración de un referéndum de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución, susceptibles cada una de ellas de diversas variantes, en algunas de las cuales iban asociadas. Las razones por las que ninguna de ellas se ha intentado, esbozadas también en aquel informe, son de naturaleza política, lo que resta alguna fuerza al reproche que al Gobierno se hace de actuar por razones del mismo género. Sobre la solidez de los argumentos con los que se sostiene que también eran consti­tucionalmente legítimas las que se han utilizado volveré después, en la crítica interna. Antes de abordarla parece necesario señalar algunas discrepancias de relieve entre el presente informe y el cuarto (de 20/XII/2013), en el que se estudiaba el modo más conveniente de llevar a la opinión internacional la cuestión catalana. Sigue el consejo que en él se daba de justificar el proyecto independentista como último remedio para cumplir las aspiraciones de autogobierno de Catalunya, pero se aparta radicalmente de la indicación que también allí se hacía sobre la necesidad de vincular la argumentación en torno a la consulta con la destinada a justificar la independencia, para la que aquí no se da otra razón que la de las manifestaciones en su favor tras la sentencia del Tribunal Constitucional y el rechazo del pacto ­fiscal. Ignoro cuál sea la causa de esta discrepancia; tal vez, pienso, el riesgo, que el cuarto informe señalaba, de que la alusión al agravio fiscal o a la relación hostil con el Estado español pudiera resultar contraproducente; o quizás la dificultad política, frente al interior, de diluir en el texto destinado al exterior las referencias a la falta de autonomía en materia de lengua, cultura y finanzas en una queja más difusa y genérica. Otras reflexiones suscita la lectura comparada, pero aquí dejo el contraste para pasar al análisis del texto.

Omisiones chocantes hay también en este. Salvo que por la rapidez de la lectura se me haya escapado, no incluye la vistosa y extravagante la fórmula de la pregunta, ni se da razón alguna para explicar por qué al formularla se han dejado de lado la exigencia de pregunta única, que es esencial en los procedimientos canadiense y británico, tan ensalzados como modelos a seguir. Tampoco, como cabía temer, se ofrece ilustración alguna sobre la deliberada ambigüedad (el ¡”derecho a decidir”!) del lenguaje utilizado en las dos ­propuestas del Parlament y el Govern. El informe está articulado como alegato jurídico contra las razones aducidas para rechazarlas.

La primera de estas propuestas, precedida de los acuerdos parlamentarios que proclamaban “la soberanía política y jurídica” de Catalunya y fijaban la fecha y contenido del referéndum, fue formulada ­como proposición de ley orgánica por la que el Estado (no el Gobierno, claro) de­legaba en Catalunya la facultad para autorizarlo, convocarlo y celebrarlo, en los términos que estableciesen, de común acuerdo, ­ambos gobiernos. Se trataba de conseguir, en consecuencia, una delegación en blanco que las Cortes rechazaron por una doble razón: la de que así formulada, las Cortes no transferían una facultad sino la totalidad de la competencia y la de que, en ningún caso, es posible la celebración de referéndums consultivos de ámbito autonómico. Es en su respuesta a este segundo argumento en donde el informe me hace el honor de citarme. Mi agradecimiento por tal honor está empañado sin embargo por dos razones: la de que la cita no refleja bien mi pensamiento en relación con esta cuestión y la de que se me ignora por completo al tratar de la otra propuesta de la Generalitat, sobre la que también he opinado.

Es cierto que he sostenido, y sigo sosteniendo, que constitucionalmente nada hay que impida la celebración de tales referéndums, pero también he dicho más de una vez (de palabra y por escrito) que ello exigiría una regulación, sea mediante una reforma de la actual ley orgánica, sea mediante una ley nueva del mismo rango; nunca se me ocurrió ni dije que esa regulación pudiese ser sustituida por una delegación de competencias. También he afirmado, en estas mismas páginas, que a mi juicio, que coincide con el de los cuatro miembros en minoría del Consell de Garanties Estatutàries, la ley de Consultas no referendarias no es constitucional.

Pero como es fácil entender, no me dirijo a los lectores para quejarme. Esta desenvoltura en el uso de las citas es simplemente una muestra de la debilidad argumentativa de un informe que poco favor ha de hacer a la causa independentista que pretende servir. Mentiría si dijese que lo lamento.

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