El Constitucional y el Parlament, La Vanguardia, editorial, 6.11.15

El Constitucional y el Parlament

LA VANGUARDIA, EDITORIAL, 6.11.15

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer los tres recursos de amparo presentados el miércoles por PSC, PP y Ciudadanos contra la tramitación de la resolución del Parlament de Catalunya que persigue el inicio del proceso de desconexión de Catalunya del Estado. Dicha admisión suscitó la unanimidad de los magistrados del TC. Como también la suscitó el rechazo a la suspensión cautelar del pleno del Parlament convocado para el lunes, en el que está previsto tramitar dicha resolución: una suspensión que era requerida en sus recursos por el PP y por Ciudadanos, pero no por el PSC en el suyo.

Hizo bien el TC al admitir los recursos de los tres partidos, que sintieron vulnerado su derecho fundamental a la participación política. E hizo bien también el TC al rechazar la suspensión cautelar del pleno solicitada por el PP y Ciudadanos. En primer lugar, y en términos genéricos, porque no parece muy sensato obstaculizar un debate parlamentario. Y en segundo lugar porque de un tiempo a esta parte, en la escena política española y en la catalana, se está dialogando mucho menos de lo que sería deseable y necesario.

Las decisiones de ayer del TC -que en esta delicada coyuntura política considera conveniente adoptarlas por unanimidad- no permiten presuponer el tenor de las que pueda adoptar en un futuro inmediato. No debe descartarse, en el supuesto de que la mayoría del Parlament apruebe la moción independentista impulsada por Junts pel Sí y la CUP, que el TC adopte medidas explícitas en contra de tal aprobación, e incluso contra los órganos que la propician. Así lo adelantó en unode los dos autos que hizo públicos ayer, al precisar que su propósito es actuar con “prudencia y determinación” una vez se conozca la decisión del Parlament, el próximo lunes. El propósito manifiesto del Estado es frenar los planes de ruptura del soberanismo, según anunció también el miércoles el presidente Mariano Rajoy, al subrayar que se emplearán todos los mecanismos legales disponibles para impedir tal ruptura.

El debate político y la ley no están reñidos, como algunos pretenden dar a entender. Las cámaras parlamentarias son los escenarios naturales del diálogo. En ellas actúan los representantes populares bajo el paraguas común de la ley, que a todos protege y obliga por igual. Produce cierto sonrojo recordarlo, porque todos conocemos las reglas de la democracia. Sin embargo, es oportuno recalcarlo ahora, porque en tiempos recientes se oyen llamadas a la desobediencia, y no sólo entre fuerzas que se sitúan en un extremo del arco parlamentario, o más allá, sino también entre otras de tradición legal, e incluso en boca de altos cargos institucionales cuya conducta debería ser irreprochable.

Visto en perspectiva, podríamos decir que alguna sentencia del TC, y en particular la del Estatut de Catalunya, ha tenido más efectos negativos que positivos. Desde la actual coyuntura, no caben muchas dudas al respecto. Pero de ahí a presentar el TC, tal como se hace en medios soberanistas, como un órgano sin crédito alguno ni autoridad, media un trecho. Su potestad es la que es y no desaparecerá a petición de parte.

Lo hemos dicho a menudo: los caminos ajenos a la ley nos acercan a un horizonte de confrontación. Los del diálogo, por el contrario, propician la convivencia. Quien adopta medidas unilaterales y dice estar dispuesto a desafiar la ley está tomando un atajo peligroso. Y, probablemente, de consecuencias indeseadas.

Advertisements