Legitimidad y credibilidad del proceso, Xavier Arbós, La Vanguardia, 5.01.16

Legitimidad y credibilidad del proceso

XAVIER ARBÓS
LA VANGUARDIA, 5.01.16

El proceso hacia la independencia de Catalunya ha dado un giro tras el pasado domingo y, aunque está lejos de haberse agotado, entra en una fase distinta. No sabemos cuál será su nueva estrategia, ni si continuarán los mismos liderazgos. Contará sin duda con la adhesión de muchísimos votantes, y, si se mantiene el entusiasmo de las movilizaciones anteriores, seguirá existiendo una extraordinaria capacidad de organización.

Junto a esos recursos, que constituyen un importante capital político, parecen haberse puesto de manifiesto algunas deficiencias que siguen sin solucionarse, y que tienen que ver con la legitimidad y la credibilidad del proceso. Ambas van unidas, y, aunque su existencia dependa de la apreciación subjetiva de cada uno, hay observaciones que pueden ser compartidas.

Si se propone la secesión unilateral rompiendo con la legalidad vigente, y se invoca el principio democrático para justificarla, la base de legitimidad que otorga un 48% de los votos es claramente insuficiente. No la compensa una mayoría absoluta en el Parlamento, que no refleja los porcentajes globales del electorado catalán. Y, en estas condiciones, me parece un abuso del lenguaje hablar de “mandato democrático”. Hubiera sido más apropiado decir “mandato parlamentario”. Menos ambicioso, pero más creíble.

No lo vieron así los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, que aprobaron la resolución del 9 de noviembre pasado. Considerándose investidos de la legitimidad democrática indispensable, declararon el inicio de la creación de un nuevo Estado. En coherencia con ello se anunció que el Parlamento no se iba a supeditar a las instituciones españolas, y, en particular al Tribunal Constitucional. Sin embargo, cuando esa resolución fue impugnada, la presidenta del Parlamento presentó un escrito de alegaciones en el que podía leerse que las resoluciones de la Cámara supuestamente constituyente no podían “desplazar o anular, por sí mismas, la aplicación del principio de legalidad al que están sujetos el Gobierno y los ciudadanos.” Ahí, me parece, la credibilidad del proceso empezó a caer. Siguió bajando cuando pasó un mes de la aprobación de la resolución: el plazo de treinta días en el que la cámara consideraba que había que tramitar las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública. No se movieron ni Junts pel Sí ni la CUP para iniciar su tramitación, ni han dado aviso de que vayan a hacerlo.

Con estas referencias, me llamó la atención que el señor Romeva presentara el pasado 22 diciembre su propuesta de acuerdo a la CUP invocando la seguridad jurídica. El señor Romeva había aprobado en la resolución citada que el futuro gobierno solamente podría cumplir las normas y resoluciones del Parlament de Catalunya. De acuerdo con eso, por ejemplo, el código penal y la normativa europea, como si no existieran para el que debía ser el nuevo ejecutivo. Con eso, la seguridad jurídica no encaja en absoluto y la credibilidad se desvanece.

El independentismo catalán tiene una base sólida, que puede crecer. Sin embargo, no veo cómo puede conseguirlo si sus líderes insisten en ver mayorías donde no las hay, y alternan los desplantes a la Constitución con el acatamiento escrupuloso al Tribunal Constitucional. Seguro que son sinceros, pero a veces no lo parecen. Tal vez siendo más coherentes serían más creíbles.

 

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