Sin seguridad jurídica, Xavier Arbós, La Vanguardia, 19.01.16

Sin seguridad jurídica

XAVIER ARBÓS
LA VANGUARDIA, 19.01.16

El proceso sigue, pero parece haber recuperado el gusto por la formalidad. Como si la declaración del Parlament 1/XI, del pasado 9 de noviembre del Parlament, fuera un exabrupto pasajero. Se nota en los discursos de la señora Forcadell, que pidió audiencia al Rey. Ella y el presidente Puigdemont se refieren a la seguridad jurídica del proceso hacia la República catalana. Incluso parecen apropiarse de la fórmula jurídica de la transición, y se nos anuncia que todo se hará “de la ley a la ley”. Con todos los respetos, tengo que decir que eso no me parece ni creíble ni viable, por las razones que expongo a continuación.

En su discurso de investidura, Carles Puigdemont se reafirmó en su adhesión a la declaración 1/XI, y de ahí nace el problema de credibilidad. Esa declaración es jurídicamente inexistente tras ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Si el presidente Puigdemont pretende seguirla será un ejemplo de coherencia política, pero creará inseguridad jurídica al situarse fuera de la legalidad. Primero, por desobedecer una resolución firme del Tribunal Constitucional. Segundo, porque ser consecuente con esa declaración puede convertirle a él y a todos los que le sigan, funcionarios incluidos, en víctimas de medidas sancionadoras. Y tercero, esa declaración insta directamente a su gobierno a no obedecer más que las normas emanadas del Parlament. Debe, por tanto, desobedecer todas las demás. Eso incluye las normas dictadas de las Cortes Generales, como el Estatuto de Catalunya. También, por cierto, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que establece los mecanismos de defensa del autogobierno mediante conflictos de competencia o recursos de inconstitucionalidad. O la Constitución misma, que, entre otras cosas, obliga a los poderes públicos, como los de la Generalitat, a respetar los derechos de los ciudadanos y el principio de legalidad. Quien desee ser leal a esa declaración, que podría considerarse expresión de la voluntad del pueblo de Catalunya representado por su Parlamento, no va a favorecer la seguridad jurídica. Más bien al contrario.

Tampoco veo viable que el proceso pueda inspirarse en la transición española hacia la democracia. No creo que sirva, en concreto, esa expresión propia de Torcuato Fernández-Miranda: “De la ley a la ley.” Recordemos algunas cosas. El camino del régimen franquista al régimen constitucional de 1978 se desbloqueó mediante la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política. Esa ley tenía el rango de “ley fundamental” franquista, pero sirvió de base a la transición por dos motivos, que se encuentran en sus artículos 1, 2, y 3. En primer lugar, la ley debía ser la expresión de la voluntad del pueblo soberano, representado en unas Cortes elegidas por sufragio universal. En segundo lugar, aunque no la imponía, admitía expresamente que tanto el gobierno como el Congreso de los Diputados tenía la iniciativa para proceder a la reforma constitucional. Esa ingeniería jurídica tenía como sólida garantía política el acuerdo de los principales actores políticos. Franquistas reformistas y demócratas de la oposición se pusieron de acuerdo, y solamente por ese acuerdo pudo pasarse de la ley franquista a la ley democrática, con una constitución de consenso de por medio.

Eso no se puede trasladar al proceso, en los términos en los que ahora se plantea. Se trata de una secesión unilateral, que ya se pretende haber iniciado con el comienzo de la desconexión que proclamó la declaración 1/XI. Para ir “de la ley a la ley”, sin rupturas jurídicas formales como en la transición, debería haber una norma española que reconociera la soberanía del pueblo catalán y que admitiera la secesión de Catalunya. Esa norma, nadie se la plantea en Madrid. Y los independentistas catalanes trabajan con un proyecto que no se supedita a ninguna norma española. En esos términos, no es viable el tránsito “de la ley a la ley”. Me parece que desde el gobierno de Puigdemont y Junts pel Sí se utiliza esta fórmula para suavizar el miedo a un salto en el vacío, porque no se prevé una transición acordada y ordenada. El vacío que ese salto tiene que franquear viene dado por la situación que se creará cuando se aprueben leyes catalanas que sean suspendidas por el Tribunal Constitucional. ¿Qué leyes aplicarán los tribunales en Catalunya? ¿A qué leyes servirán los funcionarios de la Generalitat? ¿Cuáles se impondrán a la ciudadanía catalana? Demasiadas incógnitas políticas para creer en la seguridad jurídica del proceso. Al menos en mi caso.

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