De la ley a la ley, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 11.02.17

De la ley a la ley

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 11.02.17

Tengo asociado el recuerdo del profesor Torcuato Fernández-Miranda a dos anécdotas y a un hecho capital de la reciente historia española. La primera anécdota se produjo en pleno franquismo –en la sesión de Cortes del 6 de noviembre de 1972– cuando le pidieron su opinión, como ministro secretario general del Movimiento, sobre las asociaciones políticas –un sucedáneo de los partidos pergeñado durante el tardofranquismo–, y respondió que tal pregunta era “una trampa saducea”, es decir, una pregunta capciosa que compromete al interrogado responda lo que responda. La segunda anécdota se refiere al conocido como Discurso de las nieblas, que pronunció el 4 de enero de 1974, al cesar como presidente accidental del Gobierno –lo fue durante once días tras el asesinato del almirante Carrero–, en el que, apelando a las nieblas, nubes y brujas propias de su tierra asturiana, denunció las maniobras internas que lo habían descabalgado de la presidencia para encomendársela a un “hombre del Pardo”, Carlos Arias Navarro.

Fernández-Miranda fue de porte frío y distante, inteligente y agudo, de buena formación jurídica y clara conciencia del propio valer, lo que le dotaba de cierta independencia. Con este bagaje protagonizó un episodio capital de nuestra historia política. En efecto, profesor del entonces príncipe Juan Carlos, cultivó su relación con él ganándose su confianza. Tanto es así que reinstaurada la monarquía don Juan Carlos le nombró presidente de las Cortes, desde donde pilotó el episodio inicial y crucial de la transición: la génesis de la ley para la Reforma Política (ley 1/1977, de 4 de enero). Su texto inicial fue entregado por Fernández-Miranda al presidente Suárez el 23 de agosto de 1976 y plasmaba, en su corto articulado, la idea axial de lo que luego se conocería como la transición: que el paso de una dictadura a una democracia debía hacerse “de la ley a la ley”, es decir, sin hacer tabla rasa del régimen jurídico precedente, utilizando plenamente sus mecanismos de reforma, cuidando de que no hubiese ni un atisbo de ruptura institucional y observando como principio máximo el de la continuidad del Estado. Esto significa, ni más ni menos, “de la ley a la ley”.

El proceso que esta ley desencadenó, iniciado con las elecciones de 15 de junio de 1977 y culminado con la Constitución de 1978, podrá valorarse hoy como se quiera: por su gestación, por sus resultados, por sus logros y por sus limitaciones. Podrá incluso añadirse que el motor que lo impulsó no fue otro que el miedo que aún provocaba en los españoles el recuerdo lacerante de la Guerra Civil, una guerra de pobres lenta y atroz. Pero lo cierto es que sirvió para evitar un desgarro y un enfrentamiento más que posibles en aquellas circunstancias. Y como, en derecho, lo que no son efectos es li­teratura –y, además, mala lite­ratura–, puede afirmarse con perspectiva histórica que fue una buena ley. Una ley breve: cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Bastaron. La dispo­sición final la uncía al pasado: “La presente ley tendrá rango de Ley Fundamental”, es decir, se integraba en las Leyes Fundamentales franquistas, remedo de una constitución. Y el artículo 3.º abrió la puerta al futuro al disponer que “Cualquier reforma constitucional requerirá la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado”, así como que “el Rey, antes de sancionar una ley de Reforma Constitucional, deberá someter el proyecto a referéndum de la nación”. Lo dicho: de la ley a la ley. Funcionó.

Muy distinto es el caso de aquellos que hablan, en el actual contencioso catalán, de ir también de la ley a la ley mediante la fórmula de una ley de transitoriedad jurídica que sustituya la legalidad española –prescindiendo de ella y contraviniéndola– por una nueva legalidad catalana. Esto no es ir de la ley a la ley sino, lisa y llanamente, hacer tabla rasa de la legalidad vigente mediante un acto revolucionario. Lo que supone prescindir de los cauces institucionales previstos para toda reforma normativa, reconduciendo la segura confrontación con los disidentes al ámbito exclusivo de la fuerza. Una fuerza que, evidentemente, puede encarnarse de muy distintas maneras. Y una confrontación que puede desarrollarse también de muy diversas formas. Pero confrontación por la fuerza en todo caso. Es cierto que con las palabras podemos hacer maravillas y crear, incluso, universos imaginarios de cuya real existencia acabemos convenciéndonos. La imaginación es gratis. Pero las cosas son como son y la realidad acaba imponiéndose. Por ello, cuando se acomete un cambio sustancial del sistema político del que –guste o no– se forma parte prescindiendo del resto de los implicados, el conflicto está servido. Un conflicto que habrá que afrontar exclusivamente con las propias fuerzas. Esperar que la solución venga de fuera es un espejismo o, peor aún, una prueba de debilidad. Además, llegado este momento, los aprendices de brujo callarán y dejarán sin contestar la gran pregunta: ¿creyeron alguna vez en lo que decían?

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