Un documento inquietante, editorial de La Vanguardia, 24.05.17

Un documento inquietante

Editorial
LA VANGUARDIA, 24.04.17

La divulgación de un borrador de la ley de transitoriedad jurídica, que regularía el paso hacia una Catalunya independiente, ha causado inquietud en la escena política catalana, así como en la española. No es para menos. Portavoces soberanistas se apresuraron a declarar anteayer, horas después de que el diario El País desvelara este texto, que se trataba de uno de los borradores barajados y que estaba desfasado. Pero no creyeron oportuno agregar una pincelada crítica sobre el espíritu que lo informa. En efecto, se trataría de un documento redactado hace un año, cuya provisionalidad se evidencia en su deficiente acabado y en el hecho de que no esté articulado como correspondería a una norma lista para entrar en vigor. Mejor así. Porque cuesta creer que tal texto haya emanado de los mismos círculos soberanistas que se ufanan de la calidad democrática de sus acciones. Una calidad ausente en el texto, que está repleto de afirmaciones preocupantes.

Prevé dicho borrador, pongamos por caso, la elección a dedo, por parte del presidente de la Generalitat, del presidente de un hipotético Tribunal Supremo catalán; también, el control de los miembros de la judicatura. No hace falta haber leído a Montesquieu para saber que dicha prerrogativa presidencial equivaldría a un grosero ataque a la división de poderes consustancial a la democracia. Y prevé además la norma aplicar un inaceptable control sobre medios de comunicación, públicos o privados.

Por si todo lo expuesto hasta aquí no fuera ya alarmante, esta ley, urdida en secreto, progresa sin el necesario debate, ajena a la transparencia que exige la tarea legislativa. So pretexto de que había que ocultarla al Estado, para evitar impugnaciones, se ha hurtado también a los ciudadanos, pese a ser de su plena incumbencia. Como si no fuera lo que en realidad es: una herramienta clave para la desconexión de España, que se impulsa mediante una mayoría parlamentaria, pero con menos de la mitad de votos en las urnas. Y que, si fuera aprobada, acabaría suponiendo la derogación de facto del Estatut del 2006, la norma superior del ordenamiento jurídico catalán, que entre otras cosas prevé que sólo con una mayoría reforzada de dos tercios se pueden acometer reformas legales fundamentales.

Desde que decidió acelerar su marcha hacia la independencia, el soberanismo está actuando con torpeza. Se entiende que el quietismo del Gobierno le irrite e impaciente. Pero ese acelerón, carente del respaldo popular suficiente y basado en el quebrantamiento de la ley, es irresponsable y no anuncia nada bueno.

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