¿Ha de cumplirse la ley?, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 13.05.17

¿Ha de cumplirse la ley?

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 13.05.17

El peor legado de las dictaduras, más aun que la privación de las libertades, es la convicción que se introduce insidiosa en la conciencia de los ciudadanos acerca de que las leyes no deben ser cumplidas, pues sólo están para crear una apariencia de legalidad formal vacía de fuerza vinculante. Tan es así, que el profesor Aranguren llegó a decir que lo peor de las leyes fundamentales franquistas no era su contenido sino el hecho de que se promulgasen sin voluntad de cumplirlas. Creí por tanto, a inicios de la transición, que una de las tareas más honrosas de todos los partidos políticos era introducir en la sociedad española –es decir, en la conciencia social mayoritaria– la convicción de que las leyes están para ser cumplidas, tanto por el Estado que las da, como por los ciudadanos que las reciben. Máxime tras el eclipse legal provocado por décadas de dictadura franquista. Pero pronto advertí mi error. “Montesquieu ha muerto”, se proclamó con énfasis. Y, aunque sólo lo dijo uno, lo hicieron suyo todos. Así, por ejemplo, se convirtió en habitual una pregunta –¿es de los nuestros?–, que sustituyó procazmente a otra –¿es justo?–. Y de ahí a la corrupción sistemática media sólo un paso, que se ha dado con una desvergüenza y una grosería privadas incluso del desgarro corajudo del pícaro arrebatacapas, hoy sustituido por la flatulenta cuquería del aprovechado instalado en el sistema con sensación de impunidad.

El incumplimiento habitual de las leyes y la instrumentalización de las instituciones que deben aplicarlas y velar por su observancia provocan el descrédito de estas, a causa de la desconfianza que generan unas decisiones que parecen adoptadas en función de intereses espurios. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo suyo. No es, por tanto, un valor, pues valor quiere decir precio, y el precio depende de las circunstancias contingentes del mercado y de estimaciones subjetivas, en tanto que las virtudes son objetivas y permanentes. Lo que no significa que, para hacer justicia, pueda prescindirse del conocimiento cabal y circunstanciado del supuesto de hecho, pues no existe más justicia que la justicia del caso concreto. Ahora bien, esta atención a las circunstancias del caso no puede confundirse con la aceptación del cambalache que supone la adopción de resoluciones judiciales en función de motivos de conveniencia política. De hacerse así, la decisión judicial no hace justicia sino que paga un precio o materializa una venganza. Si bien se piensa, todo ello conduce a un resultado: el descrédito de la ley, concebida como un plan vinculante de convivencia en la justicia, que a todos nos hace libres y a todos nos iguala. De ahí que la observancia de la ley, tanto por quienes han de aplicarla como por quienes han de cumplirla, sea la expresión básica del pacto social sobre el que descansa el Estado democrático de derecho. Por tanto, el problema no está en la ley sino en ­quienes la aplican sin independencia y prudencia, así como en quienes la burlan con ­escarnio.

Pero me quedé corto en mi desengaño. Todo puede siempre empeorar. Y así, parodiando y pervirtiendo lo que en la transición fue un ejemplar ejercicio de respeto a la ley entonces vigente –pasando de la vieja ley a la nueva con escrupulosa observancia de aquella–, algunos postulan ahora el paso de la ley vigente a otra nueva haciendo tabla rasa de la vieja, volviendo a empezar de nuevo e infringiendo unilateralmente el pacto social en que toda norma constitucional consiste. Ya no es “de la ley a la ley” como entonces, sino ‘la vieja ley no me conviene por lo que promulgo otra nueva a mi gusto’ como sucede ahora. Lo que evoca, sin gracia, esta frase que se atribuye a Groucho Marx: “Estos son mis principios. Si no le gustan… tengo otros”. Por lo que, de ser así, a aquella parte de la población afectada que considere que este modo de proceder supone la ruptura unilateral y encubierta de un pacto constitucional previo no le quedaría más remedio que someterse a la voluntad de quienes se consideran legitimados para decidir por todos gracias a una eventual mayoría simple. Sorprende, por ello, que se pueda llegar a conceder la menor entidad intelectual a algo que, en el mejor de los casos, no es más que el fruto de una aventura jurídica de fin de semana.

El respeto a la ley vigente no es una cuestión menor. Va en ello la subsistencia del Estado, que no es, a fin de cuentas, otra cosa que un sistema jurídico que dota de transparencia las decisiones de las instituciones y poderes públicos, y que permite una razonable previsión de futuro a los ciudadanos y a las empresas. Sin transparencia y previsibilidad, no hay seguridad jurídica; sin seguridad jurídica, no hay mercado; y sin mercado, no hay progreso económico. Por lo que, a medio y largo plazo, el incumplimiento de la ley cuesta muy caro. Termino, por tanto, por donde empecé: en este país, alguien tiene que comenzar a cumplir la ley alguna vez. Sin olvidar que –como escribió Séneca– “lo que no prohíben las leyes puede vetarlo la decencia”.

El papel lo aguanta todo, Fèlix Riera, La Vanguardia, 2.05.17

El papel lo aguanta todo

FÈLIX RIERA
LA VANGUARDIA, 2.05.17

Cuántas veces hemos oído la máxima “El papel lo aguanta todo”. Esta feliz expresión, muy popular, nos ha alcanzado a todos cuando, en nuestro afán de hacer posibles nuestros sueños, los fijamos en un papel para materializar el propósito con la esperanza de verlos realizados, aun sabiendo que es improbable. Es el triunfo de la autoridad, en nuestro ánimo, de aquello que queda escrito, frente a la dura realidad que no deseamos ver. En los últimos días, el proceso independentista nos ha ofrecido no pocas constataciones de este proceder humano, al ver que sus planes eran superados por la realidad. Referéndum legal, referéndum ilegal, declaración unilateral de independencia o retorno al autonomismo son opciones que se han invocado repetidamente en las últimas semanas para constatar que el plan trazado del proceso necesita ser modificado para adaptarse a las contingencias.

La famosa máxima “El papel lo aguanta todo” nació de la relación entre Diderot y la emperatriz Catalina II de Rusia. Diderot pretendía arrastrar a la corte rusa a la causa de la Ilustración. Catalina, que se encon­traba en ese momento defendiendo el reino de una rebelión de los cosacos, interpeló al entusiasta Diderot: “[…] Usted trabaja sólo sobre el papel, que se presta a todo; es obediente y flexible y no pone obstáculos ni a su imaginación ni a su pluma; en cambio yo, pobre emperatriz, trabajo con la naturaleza humana […]”.

La situación política catalana, tan necesitada de proyectos realizables, debería obligar a la causa independentista a abrir otros escenarios para el futuro del país. Uno de ellos es aceptar que aún no se dan las condiciones, ni fuera ni dentro del independentismo, para afrontar un objetivo tan complejo. Sin unidad de todas las fuerzas políticas catalanistas, sin tiempo material para realizar un referéndum ilegal en la fecha comprometida y sin un mínimo consenso internacional que avale dicho referéndum, se hace necesario pasar del plan trazado en papel a los hechos. Los hechos, tras cinco años de esfuerzo político, revelan que no será posible realizar el referéndum ni proclamar la independencia en la forma hasta ahora planteada.

La tozuda realidad, siempre que sepamos afrontarla, nos concede salidas para solucionar los problemas. El papel donde está escrito el plan actual para alcanzar la independencia de Catalunya ya no lo aguanta todo.

Espejismo francés, Rafael Jorba, La Vanguardia, 28.04.17

Espejismo francés

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 28.04.17

Analistas y políticos, elección tras elección, sacan conclusiones en clave española. Este es el caso de la primera vuelta de las presidenciales francesas. Una lectura precipitada de sus resultados puede convertir el espejo francés en espejismo: extrapolar las presidenciales –un candidato ante el escrutinio de los franceses– al terreno partidista. En la segunda vuelta del 7 de mayo sabremos quién será el nuevo presidente, pero habrá que esperar a la tercera vuelta –las legislativas del 11 y del 18 de junio– para saber de qué mayoría gozará. No es descartable, ­como explicaba Lluís Uría en este diario, que nos encaminemos hacia una cuarta cohabitación, es decir, un presidente y un primer ministro de distinto signo político. Fue ya el caso de Mitterrand-Chirac (1986-1988), de Mitterrand-Balladur (1993-1995) y de Chirac-Jospin (1997-2002).

Entre tanto, los hechos. Primero: el resultado del 23 de abril del 2017 representa para la derecha lo que el 21 de abril del 2002 representó para el PS: por primera vez su candidato no pasó a la segunda vuelta. Jospin tiró entonces la toalla y Fillon lo ha hecho ahora. Segundo: el candidato socialista queda fuera de juego, pero el pésimo resultado de Hamon (6,4%) no es equiparable al de Jospin en el 2002 (16,2%), ­sino que se acerca al de Defferre –de la vieja SFIO– en 1969 (5%). Tercero: Mélenchon, ­veterano exministro socialista, lidera la ­izquierda insumisa (19,6%). Cuarto: la familia Le Pen ­llega de nuevo a una segunda vuelta, pero no por accidente. Si en el 2002 el padre pasó a la ­segunda vuelta por seis décimas frente a ­Jospin (16,86%-16,18%), quince años después la hija ha normalizado el voto del FN (21,3%). Ya no encabeza un partido de estética neonazi, sino una fuerza del neopopulismo emergente en Europa: “Pues sí, yo soy la candidata del pueblo”.

Quinto hecho: Emmanuel Macron, exministro de Economía del presidente Hollande, ha sido el vencedor (24%). Pese a pertenecer al establishment (al alza de las bolsas me remito), su principal mérito es no haber sido nunca un cargo político electo, algo insólito en Francia. ¿Quién es Macron? Personalmente, una mezcla de Carlos Solchaga (socialdemocracia) y ­Albert Ribera (un toque de adanismo liberal). Políticamente, un totum revolutum: le apoyan Robert Hue (excomunista), Cohn-Bendit (el Dany el Rojo del Mayo francés), los viejos ­mitterrandistas (Bergé, Attali), el ala social­demócrata del PS (Valls, Le Drian, Delanoë), exministros de centro (el democristiano Bayrou) y hasta un ex primer ministro de derechas (Villepin). ¿Cómo gobernará? Lo sabremos en la tercera vuelta, es decir, en las legislativas de junio, pero es harto difícil que ¡En Marcha! –el movimiento que impulsa– logre la mayoría ­absoluta.

Entre tanto, una de sus frases: “Deseo ser el presidente de los patriotas frente a los nacionalistas”. Nada nuevo en el Hexágono. Lo escribió ya Régis Debray en 1998: “El nacionalista cree que su nación es superior a las otras; el patriota la considera tan sólo diferente, pese a que la sueña ejemplar”. Y un dato en clave catalana: en la llamada Catalunya Nord se impuso el soberanismo de derechas (Le Pen, con un 30%) y de izquierdas (Mélenchon, con un 21%): “Adéu Rosselló, adéu Perpinyà! Adéu terres i adéu germà!”.

El derecho a discrepar, Rafael Jorba, La Vanguardia, 21.04.17

El derecho a discrepar

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 21.04.17

Los promotores del proceso independentista catalán se presentan como un ejemplo para Europa. “Esto va de democracia”, aseguran, en una afirmación que resta calidad democrática a los que discrepan de sus postulados. El hecho de que el Gobierno central se haya parapetado en la ley para afrontar las demandas soberanistas contribuye a abonar esta crítica: los que no aceptan el llamado ­derecho a decidir adolecen de graves carencias democráticas. No entraré a valorar la calidad democrática del proceso, sobre todo en el ámbito parlamentario, ni los saltos de pantalla hacia delante y hacia atrás… Aceptaré incluso la premisa mayor: sus promotores están innovando y son todo un referente. Sólo ­reclamo el beneficio de la duda para los discrepantes.

Si el Pacte Nacional pel Referèndum entiende que “el referéndum es un instrumento inclusivo”, los que dudamos lo hacemos desde una concepción de la democracia que entiende que la secesión no es el ideal democrático, sino el último recurso cuando la quiebra de la convivencia es irreversible. Si unos entienden el referéndum como “un instrumento privilegiado para profundizar la democracia, que permite el debate político plural y la búsqueda de consensos”, otros pensamos, como reflejan todos los sondeos, que su resultado nos abocaría a un país empatado consigo mismo. Frente a la democracia ritual reivindicamos la democracia consensual para forjar una propuesta política que tenga, al menos, el respaldo de los dos tercios del Parlament (la misma mayoría cualificada que prevé el Estatut para su reforma).

Si el proceso catalán es un modelo para Europa, desde Europa se escuchan también voces que proponen otras vías para afrontar el síndrome de fatiga democrática que nos aqueja. ­Este es el caso, por ejemplo, del pensador flamenco David van Reybrouck, que en su libro Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia (Taurus, 2017), propone “un modelo birrepresentativo (dos cámaras), es decir, una representación popular obtenida tanto por elección como por sorteo”. “Ambos sis­temas –argumenta– tienen sus cualidades: la experiencia práctica de los políticos profesionales y la libertad de los ciudadanos que no dependen de la reelección”.

No defiendo la idea de Van Reybrouck. La pongo sólo sobre la mesa para evidenciar que también otros están innovando. Este experto se pregunta si los referéndums son la vía adecuada para alcanzar acuerdos sobre temas complejos y constata que desde los casos de la Constitución europea, el Brexit (y ahora el de Turquía, añado), “el aprecio por este tipo de consulta ha disminuido mucho”. “Los referéndums y la democracia deliberativa –explica– sólo están relacionados entre sí porque ambos interrogan de manera directa a los ciudadanos. Por lo demás, se oponen diametralmente: en un referéndum se pide que todos voten acerca de una cuestión sobre la que, por lo general, apenas unos pocos saben algo; en un proyecto deliberativo, se plantea una cuestión a una muestra representativa de ciudadanos para que la debatan y de la cual reciben la mayor información posible”. Su conclusión: “En los referéndums acostumbra a votar el instinto (o las vísceras); en una deliberación se expresa una opinión pública formada”.

Un parte amistoso, Rafael Jorba, La Vanguardia, 7.04.17

Un parte amistoso

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 7.04.17

El choque de trenes se acerca. No hay operación diálogo que lo remedie. El president Puigdemont y sus socios de JxSí y la CUP han puesto en marcha la desconexión exprés. Paralelamente, desde el Gobierno central, se responde a cada paso adelante del bloque procesista con un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional. No hay margen de maniobra para el acuerdo. Se han perdido incluso las formas: la conferencia de Puigdemont en la Universidad de Harvard marca un punto de no retorno. El presidente de la Generalitat –el representante ordinario del Estado en Catalunya– no sólo presentó a España como un país atrasado y autoritario, sino que equiparó la democracia española con la turca de Erdogan: “Tiene una Constitución que autoriza al ejército a actuar contra sus propios ciudadanos, algo que sólo aparece en otra Constitución en Europa: la de Turquía”.

El president está en su derecho de hacer esta analogía y de ­presentar la apuesta independentista como una lucha de Catalunya “por sus derechos civiles”. Pero más allá de la cuestión de fondo, en la que cada ciudadano tendrá su propio criterio, el ­problema está en que Puig­demont ha roto el deber de reserva que todo ­representante de un Estado ­democrático debe mantener de puertas afuera: no sólo utilizó la tribuna de Harvard para explicar su hoja de ruta, sino que la aprovechó también para dañar la imagen exterior de España. Es difícil, por no decir imposible, que en este contexto exista margen para el diálogo.

Sin embargo, más temprano que tarde el diálogo se abrirá ­camino, pero antes deberemos asistir al anunciado choque de trenes para poder calibrar el alcance de la colisión. (Un choque de trenes, dicho sea entre paréntesis, en el que cada parte debe evaluar si está al frente de un convoy de mercancías o de un tren de cercanías.) Mientras tanto, ­sería deseable que los fontaneros de la Moncloa y el Palau de la Generalitat mantuvieran una línea de encuentro para pactar al menos la magnitud de la colisión, es decir, para acordar una especie de parte amistoso previo del siniestro. Una declaración que intentase rebajar al mínimo el margen de siniestralidad política, que acotase el alcance de las sanciones penales y, sobre todo, que intentara evitar los daños colaterales o daños a terceros.

Es difícil que Puigdemont, que llegó al cargo con el traje a medida que le diseñó Mas, pueda impulsar esta declaración amistosa. Ya ha dicho que no se presentará a la reelección y que su cometido no es otro que el del referéndum sí o sí. Es la manera que ha elegido de pasar a la historia. Sin embargo, son los políticos que quieren seguir haciendo historia, como es el caso de Oriol Junqueras, los que están llamados a acotar el alcance de la colisión. El problema está en que el freno de seguridad –disolver el Parlament y con­vocar elecciones– sólo lo puede activar el president Puigdemont. Entre tanto, unos y otros, así en Barcelona como en Madrid, deberían saber que cuando todo se derrumba quedan las buenas maneras. Ojalá que no se pierdan.

Agitación y propaganda, Rafael Jorba, La Vanguardia, 24.03.17

Agitación y propaganda

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 23.03.17

En el debate sobre el proceso se aprovecha todo, como en el cerdo. Más que a un diálogo asistimos a un monólogo: democracia formal frente a democracia ritual, y ausencia de democracia consensual. Dos relatos paralelos en espera del anunciado choque de trenes. Una batalla simbólica en la que la agitación y la propaganda desplazan la información. Incluso las decisiones de terceros son leídas de manera bien distinta. Pondré dos ejemplos: el supuesto varapalo de la Comisión de Venecia –un órgano consultivo del Consejo de Europa– a la reforma de ley orgánica del Tribunal Constitucional y la inédita apelación al diálogo que hizo Francisco Pérez de los Cobos en su despedida como presidente del TC.

Primer ejemplo. Efectivamente, la Comisión de Venecia, integrada por expertos en derecho constitucional, publicó el pasado 13 de marzo un informe sobre la reforma, impulsada por el Gobierno español, para que el TC pudiera dictar medidas para el cumplimiento de sus propias sentencias. Es verdad que en una de sus conclusiones la comisión “no recomienda que se atribuyan estos poderes” al TC, pero también lo es que acto seguido precisa: “De todas maneras, ante la ausencia de estándares comunes europeos en este campo, la introducción de estos poderes no contradice tales estándares”. Sin embargo, sentada la discrepancia procedimental, la primera conclusión (página 14) es taxativa: “La Comisión de Venecia recuerda que las decisiones de los tribunales constitucionales tienen carácter definitivo y obligatorio (…) y han de ser respetadas por todas las instituciones públicas y los individuos (…) Cuando un funcionario ­público rehúsa ejecutar una decisión del Tribunal Constitucional, viola los principios de imperio de la ley, separación de poderes y cooperación leal entre los órganos estatales”.

Segundo ejemplo. El discurso de despedida de Pérez de los Cobos. El presidente del TC repitió en voz alta la doctrina que el Alto Tribunal sentó en la sentencia del 25 de marzo de 2014 sobre la Declaración de soberanía del Parlament (23/I/2013). Reproduzco el considerando b): “La Constitución no aborda ni puede abordar expresamente todos los problemas (…), en particular los derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico. Los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este Tribunal (…) Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito”. Considerando c): “La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’ (…) Este Tribunal ha reconocido que tienen cabida (…) cuantas ideas puedan defenderse y que ‘no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional’”.

He aquí el varapalo de la Comisión de Venecia; también la inédita posición del presidente del TC. Nada nuevo bajo el sol.

La conllevancia o la ruptura, Lluís Foix, la Vanguardia, 16.03.17

La conllevancia o la ruptura

LLUÍS FOIX
LA VANGUARDIA, 16.03.17

En tiempos de velocidad de vértigo es imprescindible disponer de un mapa de carreteras señalizado, una hoja de ruta, un plan de intendencia mínimamente realizable. La improvisación suele comportar altas cotas de siniestralidad.

En estos momentos no sabría vislumbrar cómo será la gobernabilidad de Catalunya a finales de año. El president Puigdemont nos cuenta que habrá un referéndum y que él no estará en la Generalitat en el 2018. No sabemos la fecha, ni cómo se va a organizar o bajo qué legalidad se llevará a cabo.

La consulta no será aceptada por el Estado y tampoco por la comunidad internacional. Los precedentes más próximos, Quebec y Escocia, se han celebrado hasta ahora después de un acuerdo previo entre las instituciones.

El Reino Unido no tiene Constitución escrita pero sí tiene jurisprudencia. David Cameron fue a Edimburgo y pactó con Alex Salmond el referéndum del 2014. Quizás porque pensó apresuradamente que los riesgos de la secesión escocesa eran mínimos. Finalmente, ganó por más de diez puntos. Theresa May no ha dicho si va a aceptar la iniciativa de Nicola Sturgeon para celebrar un nuevo referéndum en la primavera del 2019. No es probable que la consulta se celebre en un vacío jurídico y sin un pacto político previo.

¿Adónde vamos con el conflicto creado entre el Govern de Catalunya y el Estado? A una ruptura unilateral o a un pacto político. El independentismo no pondera la hipótesis de un acuerdo. Y Mariano Rajoy se aferra a la ley suprema a pesar de que el presidente saliente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, dijera ayer que el proceso soberanista catalán no puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional.

En todo caso, las prisas catalanas y la actitud quietista de Rajoy pueden provocar un accidente político grave. Estamos en tiempo de descuento. Si así fuere, habrá que exigir responsabilidades aunque sea demasiado tarde. La política en el mundo democrático es hoy gris y precaria, sin inteligencia creativa. Ganan las ideas simples, seguras, no discutibles ni discutidas, que son el motor de los populismos. La inteligencia política es hoy peligrosa o cuando menos sospechosa.

Es aconsejable releer a Ortega sobre lo que dijo sobre las masas y sobre su visión del problema catalán en el célebre debate con Azaña en la discusión del Estatut de 1932. No se puede resolver, sólo conllevar. La alternativa a la conllevancia es la ruptura unilateral que dejaría a Catalunya a la intem­perie, fragmentada y frustrada. Pido un ­cálculo de riesgos. En su última ­intervención parlamentaria en 1934 Francesc Cambó dijo: “No os hagáis ilusiones. Pasará este Parlamento, desaparecerán todos los partidos que están aquí representados, caerán regímenes, y el hecho vivo de Catalunya subsistirá”. Me quedo con la conllevancia civilizada, abierta, reivindicativa y constructiva.