Democracia de manual, Rafael Jorba, La Vanguardia, 3.03.17

Democracia de manual

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 3.03.17

Esto va de democracia, repiten los promotores del proceso. Sería oportuno evaluar la calidad de la democracia que se invoca. No voy a analizar el manual para convencer a la Encarni de turno que reparte la ANC. Tampoco valoraré el filibusterismo de que hacen gala los grupos de JxSí y la CUP para aprobar la ley de desconexión por vía de urgencia. Analizaré el manifiesto del Pacte Nacional pel Referèndum, que recaba adhesiones para la celebración de una consulta vinculante. El éxito de la iniciativa ha sido tal que sólo en las primeras 24 horas se recogieron más de 25.000 adhesiones. Entre los primeros firmantes, Pablo Iglesias, que difundió el siguiente tuit: “Para un #referèndum con garantías he firmado el manifiesto. No queremos que Catalunya se vaya pero somos demócratas”, y Carles Puigdemont, que le felicitó con otro tuit: “Gracias Pablo por tu compromiso. Se trata de democracia, en efecto. Jo també he signat el manifest”. Más entusiasta se mostró aún Ernest Maragall: “Jo també signo el Manifest. (Això ja és un quasi-referèndum per si mateix!). Passa-ho i multiplica’l”.

Se imponen tres reflexiones. La primera, sobre la vía plebiscitaria y sus riesgos. Hay valores que forman parte del acervo europeo, como es el caso de la abolición de la pena de muerte o del rechazo del racismo. ¿Se imaginan que el xenófobo Geert Wilders ganase las elecciones en Holanda y convocase una consulta exprés para avalar su propuesta de expulsar a los inmigrantes marroquíes? Segunda reflexión: el manifiesto afirma que “el actual marco jurídico español, tal y como han defendido expertos en derecho constitucional, permite la realización de un referéndum en Catalunya”. Es cierto, pero de carácter consultivo. El añorado Rubio Llorente lo explicó en su última conferencia en Barcelona: “El Estado podría hacerlo al amparo del artículo 92 de la Constitución, aunque para ello debería reformarse previamente la ley orgánica 2/1980, reguladora de las distintas modalidades de referéndum (…) Si la respuesta evidenciase un apoyo amplio y sólido a la independencia, debería abrirse un diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat sobre la apertura del procedimiento de reforma constitucional”.

Tercera reflexión: el manifiesto afirma que “la cultura democrática reclama soluciones políticas a los problemas políticos”. Y así es, pero la secesión –el divorcio político– es el mal menor ante una quiebra irreversible de la convivencia. El ideal democrático, como recuerda Stéphane Dion, alienta a todos los ciudadanos a ser leales entre sí más allá de consideraciones de lengua, etnia, religión, origen o pertenencia. En cambio, la secesión es un ejercicio raro e inusitado en democracia por el cual se elige a los conciudadanos que se quiere conservar y los que se quiere convertir en extranjeros.

En resumen, el proceso ha banalizado la secesión hasta convertirla en el súmmum de la democracia. Esta simplificación marcará a toda una generación de catalanes. Porque no deberíamos preocuparnos sólo por la Catalunya que dejaremos a nuestros hijos, sino por los hijos que dejaremos a Catalunya.

Catalunya como trofeo, José Antonio Zarzalejos, La Vanguardia, 19.02.17

Catalunya como trofeo

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
LA VANGUARDIA, 19.02.17

Quien no se sienta, primero, concernido por lo que ocurre en Catalunya, y luego, consternado por la naturaleza de los acontecimientos que le afectan y le van a afectar en el futuro inmediato, es un completo irresponsable cívico. Sólo desde la ignorancia de la historia de España y de la propia Catalunya puede entenderse el alto nivel de majestuosa indiferencia que suscita fuera del Principado –y aun dentro de él– la extrema tensión interna que registra su sociedad y, sobre todo, su relación con el conjunto de España. Las encuestas y algunos medios de comunicación están creando un paradigma pernicioso de la cuestión catalana. Nadie, ni los propios impulsores del proceso soberanista, parecen haber reparado en que Catalunya se ha convertido, para las distintas fuerzas políticas, en un trofeo como recompensa de la victoria en una batalla por la hegemonía en el conjunto del país.

Podría sostenerse que Catalunya se ha transformado también en una especie de campo de Agramante, me­táfora de lugar de confusión y desconcierto, en el que toda irresponsabilidad es posible y sobre el que impactan los discursos más insensatos en el peor de los contextos políticos, sea el español, el europeo y el occidental en general. España en lo socioeconómico no acaba de salir de la crisis, está endeudada hasta más allá del cien por cien de su PIB, registra una debilidad recaudatoria que no le permite moderar su déficit público y padece su peor recesión demográfica tras la posterior a la de la Guerra Civil (1936-39). Un escenario –para todos– inquietante.

En Europa, la amenaza de los populismos –en este caso de ultraderecha– nos presenta unos Países Bajos con el ascenso del ultra Geert Wilders, una Francia en la que competirá por su presidencia un outsider como Em­manuel Macron frente a la radical Marine Le Pen y, en Alemania, la extrema derecha, sin posibilidades de gobierno, sí las tiene de mayor presencia institucional. Por bien que se desarrollen esos tres procesos electorales, la idea de una Europa más unida y más sólida no seguirá en progreso sino en recesión, mientras el conservadurismo británico traiciona a la UE con un exit que su primera ministra promete “duro y limpio”. Y si conectamos este panorama con la gestión de Trump, ferviente antieuropeo, llegaremos a la conclusión de que el tirón secesionista en Catalunya y la rebatiña argumental de los par­tidos políticos y el Gobierno sobre qué solución –o no solución– se ofrece a la cuestión, constituyen actitudes temerarias.

El contexto político occidental debería, en consecuencia, urgir a un giro en el tratamiento de este conflicto –dentro y fuera de la propia Catalu­nya– porque tal y como se plantea no tiene salida de buena factura. Jurídicamente, el contexto constitucional en Europa no hace verosímil una ­secesión por más que se hayan producido excepcionales situaciones fácticas legitimadoras. Las democracias francesa y alemana son militantes con cláusulas de intangibilidad sobre su integridad territorial; en el Reino Unido, su Tribunal Supremo acaba de rechazar la competencia de los parlamentos de Escocia e Irlanda del Norte para prestar su consentimiento a la activación de la salida del país de la UE, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, declaró el pasado día 9 de febrero en Madrid que “ir contra la Constitución es ir contra la Unión Europea”. El secesionismo no tiene chance en el derecho comparado estandarizado y Catalunya no es Ko­sovo.

Sin embargo, es también inhabitual y contrario a los usos democráticos que sobre un conflicto como el que plantea al Estado una parte de las fuerzas políticas de Catalunya que representa a un porcentaje superior al 40% de su electorado, no se haya iniciado una dinámica de negociación que, sin quebrar los fundamentos constitucionales, trate de encauzar la discrepancia para que desemboque desactivada en un estuario más ancho para Catalunya y más renovador para el conjunto de España, cuya unidad constitucional –entendida en la pluralidad de la Carta Magna– ha de ser una línea roja. Como esa interlocución no se ha producido, seguimos en un terreno inexplorado. ¿A esa incógnita se refería Mas, de pasada, en su intervención en Madrid el pasado jueves? La judicialización del 9-N (¿delito o performance?) convierte el caso de los catalanes –que es el caso español– en una rareza en la Europa del 2017 y, cuando se dicte sentencia, sea condenatoria o no, nos introduciremos en un capítulo del constitucionalismo y de la política europea que carece de referencias comparativas.

La reducción de la cuestión a los términos de un pugilato que acabará en Catalunya y en el conjunto de España en unas elecciones catalanas y legislativas, en tiempos diferentes pero muy concatenados, invita a los actores políticos a la confrontación mucho más que al riesgo del entendimiento. Los congresos del pasado fin de semana –del PP y de Podemos– reiteraron que el modelo territorial sigue siendo la manzana de la discordia en nuestro país desde el siglo XIX. Los socialistas, por su parte, ensimismados, esgrimen el modelo federal –que provoca un invencible escepticismo en los morados y rechazo en los azules– mientras el secesionismo no cede y ya ha cundido la firme convicción de que Catalunya ha de ser el gran tour de force de la política española. Necesitaríamos un redivivo y bíblico Salomón que nos enfrentase a igual dilema que al de las madres que disputaban por el mismo hijo.

Entender Catalunya como trofeo –sea por los secesionistas, sea por el Estado– significa infringir al conjunto una herida mortal en su esencia e integridad. Resultaría así que, los unos y los otros, desoyen la orteguiana advertencia de que toda realidad que se desconoce –la catalana y la española– prepara su venganza. Y será tan desagradable y abrupta como los episodios de estos últimos días durante los cuales se ha tomado naturaleza verosímil una supuesta y ma­loliente operación Catalunya .

La encrucijada de Artur Mas, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 18.02.17

La encrucijada de Artur Mas

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 18.02.17

Toda vida es muy corta si se enmarca en la historia. Corta y, casi siempre, intrascendente e irrelevante. Una persona tiene pocas ocasiones a lo largo de su existencia –si es que las tiene– de atinar con grandes aciertos o cometer grandes errores, y aún menos de tomar decisiones que incidan en la vida de sus semejantes y afecten a su destino. Artur Mas i Gavarró es una excepción a esta regla. El 6 de febrero del 2017 tuvo la oportunidad de adoptar una de estas decisiones susceptibles de convertirse en indiscutibles aciertos o en graves errores, de aquellas que trascienden a la peripecia personal del actor para revestir una trascendencia general. Aquel día Artur Mas compareció ante el tribunal que había de juzgarle por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación cometidos en relación con la consulta del 9-N. Tenía ante sí una doble posibilidad: adoptar una actitud heroica o adoptar una actitud prudente.

Una actitud heroica hubiese sido asumir ante el tribunal tanto la responsabilidad política de aquellos hechos –su iniciativa, diseño e impulso inicial– como toda la respon­sabilidad derivada de la preparación inmediata y ejecución de los mismos tras la prohibición del Tribunal Constitucional, sin eludir las consecuencias de la implícita ruptura de la legalidad española que ello im­plicaba y negando, si se terciaba, la juris­dicción del tribunal juzgador. En cambio, una actitud prudente fue asumir la responsabilidad política y negar cualquier tipo de responsabilidad jurídico-penal adoptando una doble línea de defensa. Primera. No existe prueba de cargo suficiente de algún acto de desobediencia posterior a la providencia del Constitucional, ni consta que los acusados lo impulsaran con posterioridad. Segunda. Aun cuando se probase algún acto de desobediencia, este no constituiría el delito tipificado por el artículo 410 del Código Penal, que requiere “un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta”, ya que –según el informe de la Junta de Fiscales de Catalunya– faltaron en este caso una “orden concreta, precisa y determinada”, así como “un destinatario concreto”.

Artur Mas optó por esta actitud prudente, declinando en los voluntarios la autoría de todos los actos de ejecución de la consulta del 9-N posteriores al 4 de noviembre. Esta decisión es digna de todo el respeto que ­merecen los argumentos de defensa de quien se halla encausado, pero conviene ponderar la razón que impulsó a Artur Mas para adoptarla. La razón de fondo de que Mas no adoptase una actitud heroica de ­ruptura frontal de la legalidad española es –a mi juicio– su convicción de que, en este ­momento, es absolutamente imposible una declaración unilateral de independencia. Y ello por dos motivos. El primero estriba en que, pese a que los independentistas identifican siempre a una parte –ellos– con el todo –Catalunya–, lo cierto es que, en estos momentos, sólo rozan la mitad de la población catalana, lo que implica una división –no fractura– de la ciudadanía en dos parte iguales, disuasoria de toda veleidad secesionista por la vía de los hechos. El segundo motivo radica en la evidente ausencia de un apoyo internacional operativo, pese a los intentos y aproximaciones ensayados sin éxito. No incluyo entre estos motivos el temor a la reacción del Gobierno de España, pues doy por descontado que el desprecio que buena parte de los independentistas exhibe por España como proyecto histórico y entidad política, su desdén por lo español y su minusvaloración de todo lo hispánico son tan grandes, que considera que España es ya “la morta” de la que hablaba Joan Maragall, un cuerpo exangüe incapaz de reacción. Algo que está por ver: quizá “los muertos que vos matáis gozan de buena salud”. Si llega el momento, se verá lo que sea.

En cualquier caso, Artur Mas i Gavarró optó por la prudencia impulsado por la razón dicha y movido también por su conveniencia personal: poderse presentar, si es absuelto, a las próximas elecciones. Estaba legitimado para ello y su decisión –ya se ha dicho– debe respetarse. Pero todo tiene un precio y su opción también lo tiene y grande. Nunca más se le presentará a Artur Mas la oportunidad de asumir el liderazgo heroico de su país, convirtiéndose en un dirigente transversal que encarne, en un momento histórico, el sentir colectivo que aspira a ser dominante. Su apuesta por la prudencia le hace ubicarse dentro de la política normal, en la que será, a partir de ahora, otro actor. Distinguido, pero uno más.

Podría concluirse que Artur Mas es otra víctima del proceso que él tanto ha contribuido a impulsar y que, llegado a su desenlace, choca con la realidad de los hechos. Y es que los hechos son tozudos. Las cosas son lo que son y no lo que quisiéramos que fuesen. Y, por ello, el proceso no puede sobreponerse a sus dos limitaciones congénitas: no ser el independentismo hegemónico en Catalunya y, quizá por ello, no contar con un apoyo internacional decisivo. ¿Puede ser en el futuro de otra manera? Puede ser… o no.

Democracia consensual, Rafael Jorba, La Vanguardia, 17.02.17

Democracia consensual

RAFAEL JORBA
LA VANGUARDIA, 17.02.17

Rousseau, en su Contrato social, formula una máxima que debería presidir el debate hispano español: cuanto más importantes son las deliberaciones, más debe acercarse a la unanimidad la opinión resultante. Se trata de un principio que es válido tanto en el interior de Catalunya como en las relaciones entre Catalunya y el conjunto de España. Así, de puertas adentro, se ha soslayado este requisito político la apuesta por la independencia, lejos de ser mayoritaria, divide el país en dos mitades y se ha vuelto a situar en el primer plano el instrumento: el llamado derecho a decidir a través de un referéndum.

El problema de fondo es que su resultado nos abocaría de nuevo a un país empatado consigo mismo, como corroboraron las plebiscitarias del 27S del 2015. Es decir, el instrumento que se propone, más allá del pleito con el Estado, no resuelve el pleito interior: la necesidad de articular un proyecto que sume una amplia mayoría de la población (cercana a los dos tercios de diputados que reclama el Estatut para su reforma).

Este ejercicio de democracia consensual es previo a toda consulta. Los políticos tienen la obligación de poner sobre la mesa una propuesta de futuro que sus cite la aprobación de la ciudadanía. La vía referendaria no sólo se banaliza se equipara el derecho a la secesión, que cuestiona el núcleo duro del pacto constitucional, con una consulta doméstica, sino que no es aceptada por los partidos contrarios a la independencia. Dicho de otra manera: antes que el plácet del Estado o, en su defecto, de la comunidad internacional, el requisito previo de todo referéndum es el consentimiento: que sea aceptado por las partes en litigio.

Uno de los actores del proceso resumía la situación en una imagen: “Puigdemont y Junqueras eran los copilotos de un Ferrari que avanzaba a toda velocidad hacia un muro y, de repente, frenaron en seco y retrocedieron a la pantalla anterior la del referéndum para que los comunes de Catalunya Sí que es Pot se subieran al coche”.

De puertas afuera, la política española está también huérfana de democracia consensual. El pasado fin de semana, en el congreso del PP y en la asamblea de Podemos, vimos en los extremos del arco político sendos ejercicios de democracia ritual: un PP que plebiscitaba el tancredismo de Mariano Rajoy mantenerse inmóvil en un pedestal para que no le embista el toro y un Podemos que hacía lo propio con Pablo Iglesias, que se comprometió a no equivocarse “de bando”.

Entre tanto, en espera de que el PSOE resuelva su vacío de poder, la democracia española es incapaz de articular una propuesta de futuro que sirva para renovar el pacto fundacional de la Constitución de 1978: la reforma del Estado en la lógica federal, la renovación del contrato social sobre el modelo de Estado de bienestar y medidas de regeneración democrática. España irá bien y también Catalunya cuando sus líderes políticos hagan este ejercicio de democracia consensual. No saldremos del actual impasse sin una derecha que se atreva a bajar del pedestal y a coger el toro por los cuernos, y sin una izquierda que aparque la dialéctica de los bandos y acepte pactar las bases de un nuevo comienzo.

De la ley a la ley, Juan-José López Burniol, La Vanguardia, 11.02.17

De la ley a la ley

JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL
LA VANGUARDIA, 11.02.17

Tengo asociado el recuerdo del profesor Torcuato Fernández-Miranda a dos anécdotas y a un hecho capital de la reciente historia española. La primera anécdota se produjo en pleno franquismo –en la sesión de Cortes del 6 de noviembre de 1972– cuando le pidieron su opinión, como ministro secretario general del Movimiento, sobre las asociaciones políticas –un sucedáneo de los partidos pergeñado durante el tardofranquismo–, y respondió que tal pregunta era “una trampa saducea”, es decir, una pregunta capciosa que compromete al interrogado responda lo que responda. La segunda anécdota se refiere al conocido como Discurso de las nieblas, que pronunció el 4 de enero de 1974, al cesar como presidente accidental del Gobierno –lo fue durante once días tras el asesinato del almirante Carrero–, en el que, apelando a las nieblas, nubes y brujas propias de su tierra asturiana, denunció las maniobras internas que lo habían descabalgado de la presidencia para encomendársela a un “hombre del Pardo”, Carlos Arias Navarro.

Fernández-Miranda fue de porte frío y distante, inteligente y agudo, de buena formación jurídica y clara conciencia del propio valer, lo que le dotaba de cierta independencia. Con este bagaje protagonizó un episodio capital de nuestra historia política. En efecto, profesor del entonces príncipe Juan Carlos, cultivó su relación con él ganándose su confianza. Tanto es así que reinstaurada la monarquía don Juan Carlos le nombró presidente de las Cortes, desde donde pilotó el episodio inicial y crucial de la transición: la génesis de la ley para la Reforma Política (ley 1/1977, de 4 de enero). Su texto inicial fue entregado por Fernández-Miranda al presidente Suárez el 23 de agosto de 1976 y plasmaba, en su corto articulado, la idea axial de lo que luego se conocería como la transición: que el paso de una dictadura a una democracia debía hacerse “de la ley a la ley”, es decir, sin hacer tabla rasa del régimen jurídico precedente, utilizando plenamente sus mecanismos de reforma, cuidando de que no hubiese ni un atisbo de ruptura institucional y observando como principio máximo el de la continuidad del Estado. Esto significa, ni más ni menos, “de la ley a la ley”.

El proceso que esta ley desencadenó, iniciado con las elecciones de 15 de junio de 1977 y culminado con la Constitución de 1978, podrá valorarse hoy como se quiera: por su gestación, por sus resultados, por sus logros y por sus limitaciones. Podrá incluso añadirse que el motor que lo impulsó no fue otro que el miedo que aún provocaba en los españoles el recuerdo lacerante de la Guerra Civil, una guerra de pobres lenta y atroz. Pero lo cierto es que sirvió para evitar un desgarro y un enfrentamiento más que posibles en aquellas circunstancias. Y como, en derecho, lo que no son efectos es li­teratura –y, además, mala lite­ratura–, puede afirmarse con perspectiva histórica que fue una buena ley. Una ley breve: cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final. Bastaron. La dispo­sición final la uncía al pasado: “La presente ley tendrá rango de Ley Fundamental”, es decir, se integraba en las Leyes Fundamentales franquistas, remedo de una constitución. Y el artículo 3.º abrió la puerta al futuro al disponer que “Cualquier reforma constitucional requerirá la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado”, así como que “el Rey, antes de sancionar una ley de Reforma Constitucional, deberá someter el proyecto a referéndum de la nación”. Lo dicho: de la ley a la ley. Funcionó.

Muy distinto es el caso de aquellos que hablan, en el actual contencioso catalán, de ir también de la ley a la ley mediante la fórmula de una ley de transitoriedad jurídica que sustituya la legalidad española –prescindiendo de ella y contraviniéndola– por una nueva legalidad catalana. Esto no es ir de la ley a la ley sino, lisa y llanamente, hacer tabla rasa de la legalidad vigente mediante un acto revolucionario. Lo que supone prescindir de los cauces institucionales previstos para toda reforma normativa, reconduciendo la segura confrontación con los disidentes al ámbito exclusivo de la fuerza. Una fuerza que, evidentemente, puede encarnarse de muy distintas maneras. Y una confrontación que puede desarrollarse también de muy diversas formas. Pero confrontación por la fuerza en todo caso. Es cierto que con las palabras podemos hacer maravillas y crear, incluso, universos imaginarios de cuya real existencia acabemos convenciéndonos. La imaginación es gratis. Pero las cosas son como son y la realidad acaba imponiéndose. Por ello, cuando se acomete un cambio sustancial del sistema político del que –guste o no– se forma parte prescindiendo del resto de los implicados, el conflicto está servido. Un conflicto que habrá que afrontar exclusivamente con las propias fuerzas. Esperar que la solución venga de fuera es un espejismo o, peor aún, una prueba de debilidad. Además, llegado este momento, los aprendices de brujo callarán y dejarán sin contestar la gran pregunta: ¿creyeron alguna vez en lo que decían?

Otro día histórico, Lluís Foix, La Vanguardia, 8.02.17

Otro día histórico

LLUÍS FOIX
LA VANGUARDIA, 8.02.17

Ha transcurrido otro día histórico con masiva presencia en la calle de ciudadanos en favor del proceso hacia la consecución de un Estado propio desvinculado de España. Esta vez la comitiva arrancaba de la Generalitat, con el president Puigdemont a la cabeza, y se dirigía al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, donde se abría el juicio oral contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

La calle es de quien la ocupa y mientras se haga de forma pacífica y cívica todos tenemos acceso a ella. No era una manifestación como las de las Diades del 2012 al 2016. Esta vez se acompañaba a un expresidente al máximo tribunal de Catalunya. La presión sobre los magistrados que esperaron media hora hasta que los acusados se dieran baños de masas en puntos emblemáticos de la ciudad era evidente. No recuerdo haber visto a un poder ejecutivo en pleno encabezando una manifestación hasta plantarse en las puertas del máximo órgano del poder judicial. La democracia tiene sus ritos, sus pesos y contrapesos, para que las leyes se apliquen por igual a todos los ciudadanos.

Hemos llegado al punto en que el Gobierno Rajoy sólo actúa con la ley en la mano y la Generalitat intenta astutamente burlar las leyes que se desprenden de la Constitución en un juego absurdo que distancia cada vez más a dos gobiernos que tendrán que acabar entendiéndose o, por lo menos, buscar fórmulas para alcanzar una aproximación sobre mínimos o máximos.

Harían bien todos en leer más libros sobre el viejo contencioso entre Catalunya y España y escuchar a menos tertulianos y leer a menos periodistas de partido. El cierre de cajas de 1899 y el 6 de octubre de 1934 fueron dos choques frontales de Catalunya contra el Estado. No se repetirán porque la historia es un flujo de acontecimientos que no se repiten nunca de forma automática. La ignorancia sobre lo que ya ha ocurrido, el sentimentalismo y las ilusiones no son conceptos al uso en la política anglosajona, que se rige más sobre intereses, derechos y deberes que por ideales de incierta aplicación.

Cuenta Amadeu Hurtado en sus Quaranta anys d’advocat, recordando al historiador Chastenet, que los pueblos hispánicos sólo se preocupan de las cosas públicas cuando llega una gran crisis, una verdad que “el político de nuestra tierra no puede desconocer ni olvidar”. Hurtado vivió en primera persona, como correo y persona intermediaria entre el gobierno Samper y Lluís Companys, los meses anteriores al golpe contra la República ejecutado el 6 de octubre de 1934. Esta crisis tiene que conducir a una solución o, cuando menos, a un acuerdo de mínimos que permita recuperar la convivencia cívica. Tan demócrata es quien es independentista como el que no lo es. Si se llega a celebrar el referéndum no puede hacerse a toda prisa, sin garantías jurídicas, sin un amplio debate social y político, sólo porque el Govern y el grupo que le da apoyo quieren agotar los plazos que precipitadamente se han impuesto. Lo más probable es que se celebren elecciones en el 2017 para obtener un mapa sobre la realidad política catalana después de años vividos bajo el síndrome de las emociones históricas.

El juicio sobre el 9-N terminará esta semana y el tribunal pronunciará la sentencia cuando estime conveniente. Me gustaría que los jueces consideraran todo lo que está en juego y dictaran sentencia exculpatoria por la prudencia que se supone a los más altos magistrados de un país. Pero es difícil aceptar que Artur Mas desconociera las consecuencias que podía tener la desobediencia al Tribunal Constitucional.

A estas alturas de la confrontación de poco sirve que una de las dos partes tenga más o menos razón que la otra. Importa mucho y es imprescindible que la ley sea respetada por todos, entre otras cosas porque es la defensa de los más débiles. A golpes de Constitución no se va a llegar a ninguna parte ni tampoco buscando atajos inexistentes a las leyes.

Decía Javier Pérez Royo en julio del 2010 que “la sentencia del Tribunal Constitucional lo que viene a decir es que esa expresión de voluntad de autogobierno no cabe en la Constitución. A pesar de que se ha seguido paso a paso lo que la Constitución y el Estatuto de autonomía establecen, el resultado es anticonstitucional”. Allí empezó la desafección que advertía el president Montilla.

¿Se puede reconducir la situación? Pienso que sí. No pido cariño mutuo, sino tener en cuenta los intereses compartidos y ganarse la aceptación de la comunidad internacional. Catalunya puede salir muy malparada de esta pugna que el president Mas describió como una lucha entre David y Goliat. Pero España saldría también debilitada de un choque abierto con Catalunya aunque acabara imponiéndose la ley del más fuerte.

Quizás convendría recordar que lo que provoca que el nacionalismo español tenga por principal enemigo el catalanismo político es que defiende una idea alternativa de España, aquella en que, en palabras de Ernest Lluch, nos podamos sentir todos cómodos. La unidad no se conseguirá sin respetar la pluralidad.

‘Pocs i malavinguts’, Antón Costas, La Vanguardia, 8.02.17

‘Pocs i malavinguts’

ANTÓN COSTAS
LA VANGUARDIA

Con su proverbial ironía sarcástica, el profesor Fabián Estapé me contó en una ocasión que tenía pensado escribir un libro sobre los catalanes para el que ya tenía el título: Pocs i malavinguts. De vivir, ahora sería un buen momento para hacerlo.

El elevado pluralismo ha sido una característica de la sociedad catalana. Desde la llegada de la democracia, en Catalunya siempre ha habido más partidos con representación parlamentaria que en el resto de España. Ese pluralismo no impidió que a lo largo de las tres últimas décadas dos fuerzas políticas de fuerte raíz nacionalista y catalanista tuviesen la capacidad para gobernar de forma estable desde el centro. Pero ahora, más que de pluralismo, habría que hablar de fragmentación política.

Esta fragmentación interna es la clave de la situación política catalana. Mi percepción es que, en la situación actual, el llamado “problema catalán” es, fundamentalmente, un problema entre catalanes. Si, pongamos por caso, dos tercios de los votantes estuvieran de acuerdo en la independencia como preferencia política, las cosas serían de otra forma. Pero no es así. Las diferencias internas son muy profundas, tanto en cuanto a las preferencias políticas como al método de consulta.

Los resultados de anteriores elecciones, el 9-N y los datos de las encuestas de opinión son coincidentes. Existe un deseo ampliamente mayoritario de cambio y de mejora del autogobierno. Pero a partir de esta coincidencia las divergencias son amplias y profundas. Planteada como un desiderátum, la independencia aboca a un empate. Pero si la opción se abre a matices, una mayoría significativa prefiere la reforma a la ruptura. Y en cuanto al método, la mayoría de la población, por encima de los dos tercios, especialmente los jóvenes, señala que la consulta ha de ser legal y acordada.

Este escenario social plantea dos cuestiones de filosofía política práctica que ningún gobernante debería rehuir. La primera es de tipo moral: ¿en qué circunstancias es aceptable que un gobierno tome decisiones orientadas a sustituir un orden político existente –con sus elementos buenos y malos– por otro nuevo del que se desconocen sus beneficios y sus riesgos? Una decisión de este tipo obligaría a muchos ciudadanos a cambiar por la fuerza sus preferencias y formas de vida. ¿Cuál es el fundamento moral para esa violencia política?

La segunda cuestión es la relativa al método del cambio: ¿qué condiciones legales ha de cumplir la convocatoria de una consulta para decidir el cambio del orden político existente? ¿Cuál tendría que ser el porcentaje mínimo de participación? ¿Cuál es el criterio de mayoría electoral que tener en cuenta para validar los deseos de cambio? ¿Quién ha de votar? En este sentido, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán rechazando la demanda de un ciudadano del Estado Libre de Baviera para convocar un referéndum de independencia y señalando que la soberanía es de la nación es una doctrina constitucional europea.

¿Por qué los partidarios de la opción independentista no se han enfrentado hasta ahora estos dos dilemas? Posiblemente porque el independentismo político actual tiene un fuerte componente instrumental. El viraje de Artur Mas a partir del 2013 posiblemente tuvo más que ver con la lucha con ERC por la hegemonía del poder político que con la misma independencia. ¿Hubiese tenido lugar ese viraje si el resultado de las elecciones anticipadas de noviembre del 2012 hubiese sido favorable al gobierno de CiU? Probablemente no.

En cualquier caso, el independentismo está enfrentado a estos dos dilemas desgarradores. Quizá por ello se nota desasosiego moral en muchos de sus parti­darios. Saben que avanzar a través de acciones que quiebren la legalidad democrática y que violenten las preferencias de al menos la mitad de la población aboca al conflicto, a la melancolía y a la frustración.

Desasosiego de los independentistas demócratas; fatiga de los no independentistas. El escenario catalán actual no tiene una salida ni fácil ni rápida. El empate político entre partidarios de la ruptura y de la reforma hace poco probable un cambio brusco de preferencias electorales. En este escenario de bloqueo, hemos de esforzarnos por llevar a cabo una conversación política amistosa con la democracia. Aceptando que el independentismo no es un suflé. Pero aceptando también que el orden político se cambia desde las leyes y con mayorías sociales amplias y estables. Y, ante todo, resistiendo la tentación de desbordar la legalidad con un momentum independentista: un evento que fuerce por la vía de los hechos un punto de ruptura.

La salida a esta situación de empate la irán dando los ciudadanos en elecciones sucesivas. Será lento. Probablemente no veremos cambios electorales radicales. Excepto, quizá, en el campo nacionalista. Aquí los sondeos apuntan a que la batalla fratricida del nacionalismo por la hegemonía del poder político se decanta hacia ERC. Quizá sea el inicio de esa salida.